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El Tribunal Supremo resolvió ayer que Patxi López y Juan José Ibarretxe no cometieron delito por reunirse con la ilegalizada Batasuna y, por extensión, “legaliza” un hipotético futuro diálogo con ETA. Así lo consideran varias fuentes jurídicas consultadas por este diario, para las que si la ilegalización de la formación abertzale se sustentó en la identificación de ésta con la banda terrorista y hablar con aquella no es delito, tampoco lo es el diálogo con ETA. El ex presidente Felipe González incidió ayer en esta idea al afirmar en TVE que él mismo ordenó que se hablara con la banda terrorista (en alusión a las conversaciones de Argel, rotas en abril de 1989), como hicieron después José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. "Si es verdad que es un delito hablar con Batasuna, pues hablar con ETA tiene que ser más o menos igual”, sentenció.

El fallo del Supremo pone fin a una causa que se prolongaba desde el año 2006, en pleno proceso de paz, cuando el entonces secretario general de los socialistas vascos y hoy lehendakari, Patxi López, y el actual consejero de Interior del Gobierno vasco, Rodolfo Ares, se entrevistaron con luz y taquígrafos con una delegación de Batasuna encabezada por Arnaldo Otegi. Aquella entrevista supuso el reconocimiento explícito de que no sólo el PSE, sino el Gobierno de Rodríguez Zapatero, reconocían a una formación ilegalizada como interlocutora política. El entonces lehendakari, Juan José Ibarretxe, al que tanto el PSE como Batasuna excluyeron inicialmente del proceso (el PNV no se incorporó a él hasta las conversaciones de Loyola, que tenían como objetivo alcanzar un acuerdo político a tres bandas), recibió en tres ocasiones a los dirigentes de la izquierda abertzale en la lehendakaritza en un intento de no ser desplazado de una iniciativa que abría la posibilidad a un final dialogado de la violencia. 

Los magistrados Juan Saavedra, Andrés Martínez Arrieta, Julián Sánchez Melgar, José Manuel Maza y Alberto Jorge Barreiro resolvieron ayer con premura un asunto aparentemente complejo, en el que debían resolver si las acusaciones populares tienen o no capacidad para abrir juicio oral cuando no existe acusación particular y el Ministerio Fiscal no acusa. Se enfrentaba la ‘doctrina Botín’, que rechaza tal posibilidad, y la ‘doctrina Atutxa’, que resuelve exactamente lo contrario, en dos casos similares pero no idénticos. Los fundamentos jurídicos de la sentencia no se harán público hasta dentro de unos días.

‘Carpetazo’ a la demanda

El fallo del Supremo estima el recurso de Dignidad y Justicia y el Foro de Ermua y resuelve que en los supuestos en los que no hay un perjudicado particular, como es el caso del diálogo con Batasuna, las acciones populares pueden ejercer la acusación como garantes de la legalidad, aunque el Ministerio Público considere que de las conductas encausadas no se desprende delito alguno. Así ocurrió con el ex presidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa, condenado por negarse a disolver Sozialista Abertzaleak (SA), la ‘marca’ parlamentaria de Batasuna pese a haberlo reclamado los tribunales tras la ilegalización de dicho partido. La condena fue posible por la demanda de la acusación popular ante la inhibición del fiscal.

La resolución de ayer deja sin efecto el fallo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que en su día archivó la causa contra López e Ibarretxe al entender que ni Dignidad y Justicia ni el Foro de Ermua tenían legitimidad para acusar, pero que no se pronunció sobre el fondo del asunto: si reunirse con un partido ilegal es delito o no. El Supremo resuelve que ambas asociaciones ciudadanas tienen capacidad para acusar, pero no devuelve la causa al TSJPV para que resuelva la demanda, sino que directamente afirma que las citadas reuniones no constituyen delito y da ‘carpetazo’ al asunto. Las acusaciones deben decidir ahora si recurren en amparo al Tribunal Constitucional.