El CGPJ traslada el caso del juez Urquía a Castilla-La Mancha para evitar ‘interferencias’

El órgano de gobierno de los jueces va a por todas en el caso del magistrado Francisco Javier de Urquía. No solo le despojó de su plaza en el juzgado de instrucción número 2 de Marbella y le denegó su vuelta a la carrera judicial, sino que ahora, según ha sabido El Confidencial de fuentes judiciales, tendrá que ponerse bajo la jurisdicción de los tribunales de Toledo, donde el presidente del TSJ de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco Rodríguez, instruirá el expediente disciplinario que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le ha designado.

Al parecer,  siempre según fuentes judiciales, “la adjudicación de la investigación al alto magistrado de Castilla-La Mancha se debe una precaución del Consejo. Se suelen nombrar instructores de comunidades cercanas para evitar lazos". Con todo y con eso, resulta curioso saber que uno de los primeros destinos que tuvo Urquía antes de obtener su plaza en Marbella, fue en el Juzgado de primera instrucción número 4 de Talavera de la Reina, dependiente de este alto tribunal. En este periodo, que abarca desde el 27 de enero de 2003 al 18 de enero de 2005, el magistrado no tenía ningún asunto pendiente según fuentes del Consejo General del Poder Judicial.

El Ministerio Publico ya se ha pronunciado sobre el ‘Caso Puente Romano’. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía solicita dos años de prisión y multas que totalizan 8,9 millones de euros para el ex magistrado por dos delitos de prevaricación judicial y otros dos de cohecho en relación con la venta de favores judiciales durante la instrucción del ‘Caso Hidalgo’, que instruía el propio Urquía.

Este juez ya fue condenado en abril de 2009 a 21 meses de suspensión por aceptar 73.800 euros para la compra de una vivienda de Juan Antonio Roca, presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella destapada en el 'caso Malaya'.

“Aún no hay fecha para el juicio”, hizo saber a El Confidencial Rafael Martínez Echeverria, abogado defensor del empresario David Shamoon, propietario del hotel Puente Romano e imputado en el 'Caso Hidalgo' de blanqueo de capitales y del hijo de éste, el testigo protegido Daniel Shamoon, que ha sido una pieza clave al la hora de desvelar todo el entramado de “chantaje” que el juez y sus amigos intentaron pergeñar.

Shamoon y el hijo de Olivia Valere

Como ya adelantó El Confidencial, en su escrito de calificación el fiscal considera que entre abril y junio de 2007, cuando era titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella, Urquía "se puso de acuerdo" con dos amigos suyos "para obtener algún beneficio económico importante a cambio de ofrecer favores judiciales".

Según el relato del fiscal, Igor Mier y Arnaud Fabrice Albouhair, amigos del magistrado, se pusieron en contacto en varias ocasiones con el empresario David Shamoon -propietario del hotel Puente Romano e imputado en el ‘Caso Hidalgo’ de blanqueo de capitales- y con el hijo de éste, Daniel Shamoon. Mier y Albouhair les ofrecieron supuestamente conseguir que el juez Urquía levantara el embargo que pesaba sobre las propiedades de Shamoon y, en especial, sobre el lujoso hotel Puente Romano, cuya venta interesaba al empresario. A cambio de esta gestión, los amigos de Urquía solicitaban cinco millones de euros.

Según el relato de la Fiscalía, la «verdadera finalidad» de la resolución dictada por De Urquía era «conseguir» de Shamoon una «contraprestación económica a cambio del levantamiento o liberación de las medidas y cargas» judiciales sobre sus propiedades. Para ello, Arnaud Fabrice A. e Igor Mier L. serían los encargados de hacer la propuesta al empresario, utilizando sus contactos sociales para acceder a él.

En este sentido, el escrito de acusación señala que el primero de ellos lo intentó a través de Phillippe Junot, ex marido de la princesa Carolina de Mónaco, a quien pidió que transmitiera a Shamoon el mensaje de que podría intervenir para solucionar el embargo de sus propiedades. En mayo de 2007, Junot trasladó la propuesta al empresario, que no sólo la rechazó, sino que además la puso en conocimiento del administrador judicial.

El 'Caso Hidalgo' paralizado

El juez Urquía, condenado en firme por aceptar 73.800 euros para la compra de una casa de manos del cerebro del 'caso Malaya', Juan Antonio Roca, tiene pendiente un nuevo juicio en el que está acusado de participar en un intento de extorsión a un empresario del caso Hidalgo contra el blanqueo de capitales, que él mismo instruía.

Urquía, que reclamó sin éxito su reingreso en la judicatura tras expirar los 21 meses de suspensión a los que le había condenado el Tribunal Supremo por el cohecho de Roca, también tendrá que responder en su segundo juicio ante el TSJA, por otro presunto soborno. El empresario paquistaní Azan Khan, detenido por la operación Hidalgo, supuestamente abonó 60.000 euros en una bolsa de plástico a Arnaud Albouhair, amigo de Urquía, para que el juez dictara sendas órdenes de libertad bajo fianza para él, su esposa y su sobrino.

El magistrado fue apartado del juzgado número 2 de Marbella en julio de 2007, cuando se descubrió su voz en una de las conversaciones grabadas a Roca durante la instrucción del ‘Caso Malaya’ contra la corrupción marbellí. Su plaza fue sacada a concurso a finales de junio. De momento todo el proceso de Hidalgo “esta congelado”. Por el despacho de Urquia han desfilado cuatro jueces en comisión de servicio. La última, María Jesús del Pilar Márquez.