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La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decidirá hoy si sienta en el banquillo de los acusados al lehendakari Patxi López y a su antecesor en el cargo, Juan José Ibarretxe, por reunirse con dirigentes de la ilegalizada Batasuna en pleno proceso de paz. Las fuentes políticas vascas consultadas coinciden en que el fallo puede sentar doctrina ante un hipotético futuro proceso de diálogo con ETA si la banda deja las armas.

Las defensas de los acusados, entre los que está también el actual consejero de Interior del Gobierno vasco, Rodolfo Ares, y el dirigente abertzale Arnaldo Otegi, entre otros, piden el archivo de la causa con el argumento de que no se puede criminalizar el diálogo político. También aluden a la ‘doctrina Botín’, que rechaza la apertura de un juicio oral cuando la única acusación la ejerce la acción popular, como es el caso, ya que el fiscal considera que los citados líderes políticos no incurrieron en delito.

Las acusaciones populares, que ejercen las asociaciones Dignidad y Justicia y el Foro de Ermua, reclaman, por su parte, que se reabra la causa, archivada en su día por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), y se condene a Ibarretxe y López a penas de tres y un año de prisión (uno por cada reunión con Batasuna), respectivamente,  además de su inhabilitación para cargo público.  En su opinión, prevalece la ‘doctrina Atutxa’, que condenó al ex presidente de la Cámara de Vitoria, Juan María Atutxa, por no disolver Sozialista Abertzaleak (SA), la ‘marca’ parlamentaria de Batasuna, tras la ilegalización de esta formación política. En ambos casos el fiscal reclamó el archivo de la causa, y tanto el TSJPV, en el caso de Atutxa, como la Audiencia Nacional, en el caso de Botín, resolvieron a su favor. En el posterior recurso ante el Tribunal Supremo, éste resolvió a favor de Botín y en contra de Atutxa, que finalmente fue condenado.

Reuniones con un partido ilegalizado

“Creemos que en este caso es de aplicación la ‘doctrina Atutxa’ y no la ‘doctrina Botín’ –manifestó a este diario Daniel Portero, de Dignidad y Justicia-. En la causa contra el presidente del Grupo Santander por las cesiones de crédito había unos perjudicados que ejercieron la acusación particular y luego la retiraron,  mientras que en el procedimiento contra Atutxa no había un perjudicado concreto, sino la sociedad en general, y, en consecuencia, la acusación le corresponde a las acciones populares. El caso de Patxi López y Juan José Ibarretxe es idéntico al del ex presidente del Parlamento vasco, porque de su decisión de reunirse con un partido ilegal no se deriva un perjuicio para personas concretas, sino para la sociedad”.

Daniel Portero sostiene que si dispusiera de pruebas de los contactos entre representantes del Gobierno y de ETA durante el frustrado proceso de paz actuaría también contra el Ejecutivo. “En este caso las prueba es irrefutable, porque tanto Patxi López como Ibarretxe hicieron públicas las reuniones y se fotografiaron con Otegi, pero no hay pruebas similares de los encuentros con ETA en Ginebra”.

 Los argumentos de Fernando García Capelo, letrado y miembro de la Junta Directiva del Foro de Ermua, son similares. “Las acusaciones populares defendemos el bien común y la legalidad en aquellos casos en que, como en éste, no hay un perjudicado concreto. La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) dice que las acusaciones particulares pueden por sí solas abrir juicio oral, y no hace distinción entre aquellas y las populares”. García Capelo está convencido de que su recurso va a prosperar porque tres de los cinco miembros de la Sala de lo Penal ya votaron en su día a favor de la ‘doctrina Atutxa’.

Retirada de las acusaciones

En el caso de que el TS decidiera sentar en el banquillo de los acusados a ambos lehendakaris, tanto el Foro de Ermua como Dignidad y Justicia estudian retirar las acusaciones, lo que supondría que la causa se agotaría con la resolución del Supremo. “En el caso de Patxi López entendemos que se ha producido una rectificación con sus declaraciones contra el diálogo con ETA que le sitúan en una posición política muy distinta a la que motivó nuestra querella”, manifestó García Capelo, que, a título personal, es “partidario de retirar la acusación también para Ibarretxe, aunque no haya rectificado. O decidimos continuar contra todos si el Supremo nos da la razón, o retiramos la acusación también para todos. Es una decisión que tomará la Junta Directiva cuando se haga público el fallo”. En término parecidos se manifestó Daniel Portero, aunque éste no concretó si retirarían tan sólo la acusación contra Patxi López y la mantendrían para Ibarretxe y los miembros de Batasuna.