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El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en 2005 que anuló la Orden del Departamento de Justicia del Gobierno de Juan José Ibarretxe que convocaba ayudas destinadas a subvencionar desplazamientos para visitar a presos fuera del País Vasco.

El alto tribunal establece que las ayudas conculcan el principio de territorialidad del Estatuto vasco y condena a la Administración autonómica a pagar 5.000 euros para hacer frente a las costas del litigio. En coincidencia con lo dicho en su día por el TSJPV, el Supremo recuerda que si bien el Gobierno vasco ostenta la competencia en materia penitenciaria, según se señala en los artículos 10.14 y 12.1 del Estatuto de Autonomía, "su ejercicio se halla condicionado por el necesario Decreto de transferencias previo acuerdo de la Comisión Mixta correspondiente, lo que no se ha producido, y por la territorialidad en el ejercicio de sus competencias".

En su recurso, la Administración autonómica esgrimió como título habilitante el de la asistencia social e invocó asimismo la autonomía financiera y la consiguiente capacidad de gasto que ostenta para encuadrar la Orden recurrida  "en el ámbito de la actividad de fomento".

Presos en el País Vasco

A este respecto, la resolución el Supremo, cuyo ponente ha sido el magistrado Jesús Ernesto Peces Morate, recuerda que "desde la perspectiva de la asistencia social penitenciaria, dicho programa habría de quedar referido a los internos de los centros penitenciarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco, pues la territorialidad es un límite intrínseco al ejercicio de la competencia.

Al promulgar esta Orden de ayudas, aprobada en 2003, "la Administración Autónoma del País Vasco ha incurrido en un exceso en el ejercicio de sus competencias en materia penitenciaria por tener como objeto la asistencia social penitenciaria en centros penitenciarios situados fuera de su territorio", razón por la que el recurso de casación interpuesto en su día por el Gobierno vasco "no puede prosperar", según el alto tribunal.

Las ayudas para sufragar viajes a familiares de presos fueron concedidas por última vez en marzo de este año, poco antes del cambio de Gobierno en el País Vasco, con un coste de 225.081 euros. Fueron concebidas como una "asistencia social" destinada cubrir los desplazamientos de personas que contaran con una renta inferior al triple del salario mínimo interprofesional.