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La subcomisión constitucional encargada de la reforma del sistema electoral va a recomendar este miércoles que se cree la figura del “parlamentario temporal o suplente”. Con ello intentará resolver las ausencias temporales de los titulares del escaño por enfermedad prolongada, maternidad y paternidad.

Será una de las principales conclusiones, aunque no la única, que aportará la mencionada comisión después de año y medio de trabajo. Las fuentes consultadas descartan una reforma en profundidad que permita mejorar la proporcionalidad entre el número de votos de cada formación y la asignación de escaños, como pedían IU y UPyD, el partido de Rosa Díez.

La creación de la figura del “parlamentario suplente” permitirá a las titulares del escaño disfrutar del trimestre de maternidad o paternidad sin perjudicar con ello los intereses de sus grupos. Las suplencias también se aplicarán en los casos de bajas prolongadas. Según el ponente socialista Elviro Aranda, hay muchas posibilidades de que todos los grupos acepten la fórmula. El ponente del PP Juan Carlos Vera señala que estudiarán su viabilidad.

Una propuesta similar ha sido planteada en el Parlamento Gallego, donde la mayoría depende de un voto. La legislatura pasada, la Cámara gallega ya vivió la experiencia de la diputada orensana del PP Amparo González, que causó baja por maternidad y perjudicó a su grupo. Como el voto es indelegable, los populares estarían ahora de acuerdo en introducir la figura de los suplentes en el Parlamento Gallego.

Otras fórmulas que han contemplado los ponentes son la votación por vía telemática, aunque plantea inconvenientes técnicos y no ha llegado a aplicarse en el Parlamento andaluz, donde fue propuesta. Existe una vía más, la británica, donde el fair play o juego limpio lleva a los grupos a compensar las ausencias motivadas de los adversarios con la inasistencia a las votaciones de un número igual. Esta fórmula requiere un pacto político, pero las fuentes consultadas no se fían de que no sea vulnerado en votaciones decisivas.

La subcomisión, que ya aborda la elaboración de su informe, ha alcanzado un acuerdo amplio sobre la prohibición de las inauguraciones y colocaciones de primeras piedras de obras y proyectos durante la precampañas y campañas electorales, y va a establecer asimismo un cierre de los censos y empadronamientos antes del comienzo del proceso electoral de modo que no se produzcan “inscripciones masivas o raras”. Como se sabe, para poder presentarse a diputada por Valencia, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega se empadronó en un pueblo en el que no residió ni el periodo mínimo exigido por la ley. Ahora los comisionados tratan de que no se repitan esas situaciones.

La Constitución como obstáculo

Las fuentes consultadas dan por hecho el acuerdo entre socialistas y populares de no modificar el sistema electoral. El informe enviado a la subcomisión el 24 de febrero de 2009 por el Consejo de Estado señalaba que si se reduce la representación inicial mínima de las provincias menos pobladas de dos a un diputado, se eleva a 400 el número de escaños y se aplica el método Hare en vez de la ley D’Hondt en la asignación de escaños, se lograría una mayor proporcionalidad entre votos y escaños.

El informe analiza los votos obtenidos y la asignación de escaños de cada partido y afirma que el sistema actual “prima a los partidos más votados” al tiempo que subraya que “la desventaja sufrida por los partidos de ámbito nacional menos votados puede resultar en algunos casos excesiva”. Según las simulaciones aportadas por el Consejo de Estado, el método Hoare otorgaría 10 escaños a IU y 2 a UPyD según los resultados de las elecciones de 2008 aun manteniendo la cifra de 350 escaños.

Sin embargo, tanto el PP como el PSOE entienden que la reducción a un escaño de las provincias menos pobladas generaría un conflicto difícil de asumir. “No queremos que Teruel exista menos”, dice gráficamente Aranda, quien coincide con el ponente del PP en valorar la estabilidad y la gobernabilidad que proporciona el sistema. Sobre la creación del Colegio Nacional de Restos, que propone el ponente de IU, Gaspar Llamazares, los ponentes subrayan que exigiría una modificación de la Constitución. Y otro tanto ocurre con la creación de una “provincia electoral” para los españoles que residen en el extranjero, tal como propuso en su día el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.