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El portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, afirmó hoy que la ampliación de la prestación de 420 euros a los parados sin cobertura desde el 1 de enero cuenta con el beneplácito de la ministra de Economía, Elena Salgado, que considera que es "financieramente sostenible".

En conferencia de prensa en el Congreso, Alonso se refirió así al acuerdo del grupo socialista con los partidos de izquierda para ampliar la prestación de 420 euros a los parados sin cobertura desde el 1 de enero, en lugar del 1 de agosto como señala el decreto-ley que regula esta ayuda.

El acuerdo, al que ha llegado el grupo socialista con los diputados de IU-ICV, ERC, BNG y Nafarroa Bai, también cuenta con el apoyo de CiU y CC, que han abogado para que su tramitación como proyecto de ley se haga con carácter de urgencia.

El acuerdo, que también suprime del texto la condición de que la tasa de desempleo esté por encima del 17%, tiene la aquiescencia, según Alonso, del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho.

Alonso señaló que con esta modificación se acepta la demanda de los sindicatos, a los que agradeció su esfuerzo y su preocupación por el tema.

El portavoz incidió en que el decreto ley "se está aplicando ya y va a seguir en lo relativo a los que se quedaron sin empleo a partir del 1 de agosto".

Para los casos en los que el paro se produjo a partir del 1 de enero deberán esperar a la aprobación de la ley, que subrayó Alonso, "si ningún grupo pone palos en la rueda", se producirá a primeros de noviembre, y que si no es así sería un mes más tarde.

Alonso señaló que con esta ampliación cerca de 700.000 personas se podrán beneficiar de la medida, que al extenderse hasta el 1 de enero tendría un coste "hipotético" adicional de unos 700 millones de euros.

El pasado 13 de agosto el Consejo de Ministros aprobó el Decreto Ley que permitía a los desempleados percibir una cantidad mensual de 420 euros, en el caso de que agoten sus prestaciones o subsidios y tengan rentas inferiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), para lo que el Gobierno destinaría 642 millones.

Los beneficiados de este programa serán los desempleados menores de 65 años que hayan agotado la prestación por desempleo de nivel contributivo y no tengan derecho al subsidio, siempre que carezcan de rentas superiores al 75% del SMI, así como aquellos que hayan extinguido por agotamiento, incluidas las prórrogas, los subsidios por desempleo.

En ambos casos, las personas desempleadas deberán estar inscritas como demandantes de empleo, suscribir el compromiso de actividad y comprometerse a realizar las actuaciones que determine el Servicio Público de Empleo correspondiente.

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