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Los socios de Gobierno de José Montilla y las organizaciones comarcales han hecho frente común contra la decisión del Ayuntamiento de Ascó de competir para albergar el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares. Es más: están dispuestos a ir a los tribunales en contra del alcalde y los concejales de Convergència i Unió (CiU) y del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) para evitar que el Gobierno central valore la candidatura de este municipio. “Vamos a agotar todas las herramientas legales y administrativas para que la candidatura de Ascó, promovida por su alcalde convergente Rafael Vidal y otros 6 concejales, no llegue a la mesa del Ministerio de Industria. “De lo que se trata es de evitar que Cataluña sea la sede de los residuos nucleares de toda España”. Así se expresa Bernat Pellisa, presidente del Consejo Comarcal de la Ribera d’Ebre, la administración comarcal y supramunicipal que aglutina los intereses de los municipios de la zona de Ascó, en declaraciones a El Confidencial.

El principal argumento en contra del almacén nuclear y de la decisión del pleno municipal de Ascó es que “no se trata de suplantar la legitimidad del municipio, sino de defender los intereses de futuro de todos los catalanes porque esta infraestructura no sólo depende de un pueblo sino de todo el territorio en materia de transportes peligrosos de residuos nucleares”, subraya Pellisa. La posición contraria del presidente de este Consejo Comarcal no ha sido la única. “Vamos a presentar una resolución conjunta en el Parlamento catalán para anular la decisión del Ayuntamiento de Ascó e incluso nos planteamos como formación política agotar todas las vías administrativas y judiciales competentes para retirar la candidatura”, afirma a este diario el portavoz parlamentario de ICV, Jaume Bosch.

La portavoz de ERC en el Parlamento catalán, Anna Simó, es rotunda también: “Unos pocos concejales de un municipio de poco más de 1.000 habitantes no pueden decidir instalar un cementerio nuclear en nombre de todo el territorio de Cataluña”. Simó calificó de “irresponsables” a los concejales que votaron a favor y señaló que su formación instará al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,a “cumplir el Convenio Aarhus, según el cual se ha de abrir un proceso de información y participación ciudadana antes de tomar decisiones tan trascendentales”. La vulneración del convenio citado, según la portavoz republicana, invalidaría la instalación del cementerio nuclear en tierras catalanas. Esquerra, además, está dispuesta a trasladar la cuestión “al Parlamento europeo a través de nuestro eurodiputado Oriol Junqueras”.

El Gobierno catalán también maniobrará para que el ATC no se instale en el sur de Cataluña. En una carta que Montilla remitirá al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el mandatario catalán expondrá las razones del “no” de la Generalitat. Pero, aunque el Ejecutivo acepta la “autonomía municipal”, no se quedará de brazos cruzados y pondrá todos los palos en las ruedas que pueda, desde denegar los necesarios permisos de Medio Ambiente (que dependen de la Administración autonómica) hasta proporcionar toda la ayuda logística y económica necesaria a los organismos supramunicipales, como el Consejo Comarcal de Ribera d’Ebre, para que sean éstos los que formen la punta de lanza de la oposición al cementerio.

Expediente de CiU

Por su parte, el presidente de CiU, Artur Mas, se reafirmó en su amenaza de abrir un expediente informativo a sus cuatro concejales en la localidad de Ascó que votaron a favor de la candidatura. Mas dijo también que "quizás si el Gobierno catalán hubiera tenido una idea clara, el Ayuntamiento se lo habría pensado dos veces". Tras una reunión del grupo parlamentario de CiU en Lloret de Mar, el líder convergente subrayó que el Ayuntamiento de Ascó "ha decidido" y no se puede impedir que un consistorio defienda a su pueblo. "Creen que están haciendo lo mejor, pero es un tema que también afecta a comarcas y a un país", subrayó.

Mas advirtió que no tiene “más remedio que abrir un expediente informativo a los concejales". Explicó que no se trata de "un juicio sumarísimo", que todo el mundo tendrá derecho a defender su posición, que la decisión es legítima aunque está "a mucha distancia" de lo que CiU como partido decidió.

El PSC, en cambio, no piensa tomar medidas disciplinarias contra su concejal. Fuentes socialistas aseguraron que el partido "respeta la autonomía local", como ya dijo este lunes el presidente de la Generalitat y líder de la formación, José Montilla.

El secretario de Organización del PSC, José Zaragoza, expresó su extrañeza de que la formación nacionalista abra expediente a sus concejales y no lo haga con los militantes convergentes implicados en el caso Pretoria, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta. "A Artur Mas le preocupa más que la gente tenga posiciones políticas diferentes que no la corrupción", subrayó Zaragoza.

Para el dirigente socialista, "hechos como éstos demuestran cuáles son los criterios políticos reales que utiliza el presidente de CiU en su partido", en el que "sí permite la corrupción, pero no la discrepancia". Además, para Zaragoza, el hecho de expedientar a sus concejales por su posición favorable a un almacén nuclear demuestra "la incoherencia en la que se ha instalado tanto Mas como la federación convergente", ya que CiU no sólo defendió la energía nuclear y sus residuos en el programa de las elecciones de 2006, sino que "cuando Mas era conseller ya impulsó la creación de una central térmica con la empresa Enron en Móra la Nova", aunque en última instancia se echó atrás. "Ésta es una más de la inmensa lista de contradicciones de Mas" concluyó Zaragoza.

Las patronales, favorables

Las escasas opiniones positivas a la candidatura de Ascó han llegado por boca de los empresarios y de las dos principales patronales catalanas. Un portavoz de la PIMEC (Petita i Mitjana EMpresa de Catalunya), que preside Josep González, asegura a este diario que “los territorios deben buscar soluciones a los residuos nucleares, puesto que la energía nuclear es necesaria en España”. Y prosiguen: “Pasa como con las prisiones: nadie las quiere cerca de casa, pero son necesarias para cualquier territorio”.

El presidente de la patronal Fomento del Trabajo, Joan Rosell, defiende también el emplazamiento del almacén nuclear en Ascó y critica “la demagogia de los políticos, que no explican que esta instalación es segura y que deben procurar informar mejor a los ciudadanos para que entiendan que estas instalaciones son necesarias si se quiere energía nuclear. Si no es así, habrá que soportar un aumento de la tarifa eléctrica”, subrayó.