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Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV), los socios ecosocialistas del presidente catalán José Montilla, están dispuestos a seguir “dando guerra” para evitar que el Gobierno finalmente decida ubicar en Ascó (Tarragona) el almacén de residuos nucleares. Tras encabezar y liderar en la población tarraconense, durante las últimas semanas, las manifestaciones contrarias a la instalación de desechos, los ecosocialistas han pactado con Greenpeace “intensificar y continuar” con diversas acciones en las próximas semanas.

La asociación se ha caracterizado en los últimos años por realizar protestas “impactantes” contra el transporte de residuos nucleares en Francia y Alemania encadenándose a los vagones de transporte o bloqueando la salida de camiones con personal. Fuentes de Greenpeace aseguran a El Confidencial que “si el Ministerio de Industria decide ubicar el almacén en Ascó, e incluso antes de que se tome esta decisión, organizaremos actos de protesta para concienciar a la población de que Cataluña no puede albergar esta instalación”.

A pesar de que ICV no tiene representación política en el Ayuntamiento de Ascó y de que la mayoría de la población está a favor del almacén de residuos nucleares por el empuje económico y laboral que supondrá para la zona, los ecosocialistas han decidido intensificar sus protestas de la mano de las mediáticas acciones de los ecologistas. ICV no ha querido concretar a este diario el calendario de protestas para las próximas semanas, pero sí confirma que organizará “acciones conjuntas” con la organización ecologista.

Greenpeace también ha decidido denunciar ante los tribunales al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el proceso de selección de los candidatos a albergar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de recursos radioactivos, al entender que "vulnera" el Convenio Aarhus de la Unión Europea, según el cual es necesario que la construcción de una instalación de este tipo cuente con un "proceso participativo previo" que no se ha dado. El responsable de la campaña antinuclear de la entidad, Carlos Bravo, explica que "en breve" acudirán a los tribunales de justicia, por entender que la vía administrativa no ofrece las mismas posibilidades de paralizar el proceso, y porque el Ministerio "nunca responde" ante requerimientos de este tipo.

En cualquier caso, Bravo señala que el recurso se presentará contra la resolución de la Secretaría de Estado de Energía, y ello se justifica en que Greenpeace entiende que "se está vulnerando todo tipo de normativa". En la misma línea, considera "ilegal" la resolución anunciada el 23 de diciembre de 2009 por el que se convocaba el concurso para que se presentaran candidatos a albergar el ATC.

El responsable de Greenpeace se ha reunido con el diputado en el Congreso y próximo candidato a la Generalitat de ICV-EUiA, Joan Herrera, para valorar la situación actual, y reitera que el almacén nuclear está regulado en el convenio de Aarhus, y el proceso participativo que éste exige es "distinto de lo llevado a cabo". Bravo considera, en este sentido, que no están suficientemente explicados cómo serían los procesos de transporte de residuos radioactivos hasta la ubicación que se decida -según los plazos previstos antes de otoño-, o las condiciones del centro de investigación en energía nuclear que llevará asociado, ya que piensa que supondrá un "riesgo añadido".

Explicaciones sobre los pagos a Francia

Por su parte, Joan Herrera deplora que el proceso no haya contado con la participación de las comunidades autónomas, algo a lo que se comprometió José Luis Rodríguez Zapatero.

Dentro de las iniciativas que tomarán los ecosocialistas, Herrera adelanta que el diputado de la formación en el Parlamento europeo, Raül Romeva, llevará allí la supuesta "vulneración" de la normativa comunitaria, con la intención de "paralizar el proceso" y que el Gobierno "piense". Asimismo, pedirá información al Gobierno para que especifique las condiciones del pago de 60.000 euros diarios a Francia que debería asumirse a partir de 2011, en concepto de los residuos nucleares que custodia el país galo, procedentes de la central de Vandellòs, en proceso de desmantelamiento, ya que se desconoce si ese dinero está actualmente "en régimen de depósito".

El Parlamento de Cataluña debatirá, previsiblemente en la última sesión de control del mes de febrero, una resolución que reitere la negativa de Cataluña a acoger una instalación de este tipo, después del acuerdo similar que se alcanzó en marzo de 2008 con los votos de CiU, ERC e ICV-EUiA.