Los sindicatos pretenden convocar la huelga general el 29 de septiembre

El responsable de Comunicación de CCOO, Fernando Lezcano, anunció hoy que los sindicatos harán un llamamiento a la huelga general para protestar por la reforma laboral que el Gobierno tiene previsto aprobar el próximo 16 de junio en Consejo de Ministros. Aunque la fecha no se conocerá hasta mañama, lo más probable es que se haga coincidir con la jornada de movilización prevista en toda Europa para el 29 de septiembre. La Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha convocado ese día a los trabajadores de todo el continente a manifestarse contra los efectos que la crisis está teniendo en el mercado laboral. La cita coincidirá con una cumbre de ministros de Finanzas de la UE en Bruselas.

El anuncio lo ha hecho público Lezcano tras la reunión de la Comisión Confederal de CCOO que hoy analizó el documento de 41 páginas de la reforma del mercado de trabajo que aprobará el Ejecutivo tras reunirse con los grupos parlamentarios. Además adelantó que este martes se conocerá la fecha y el "recorrido" que llevarán a cabo de forma unitaria UGT y CCOO para prepararla. Por su parte, los sindicatos vascos ya han convocado una movilización en Euskadi para el 29 de junio.

Por otro lado, el secretario de Acción Sindical de UGT, Tony Ferrer, ha asegurado hoy que la huelga general está "cerca" que el documento de reforma laboral que el Gobierno pretende aprobar este miércoles mediante un decreto-ley "sí produce lesión de derechos a los trabajadores" y contiene varias medidas con "riesgo cierto de inconstitucionalidad". UGT considera que la propuesta del Gobierno "en absoluto es equilibrada", ya que "está inclinada hacia los intereses empresariales".

Ferrer puntualizó que si las direcciones de UGT decide mañana convocar una huelga general, los sindicatos harán un proceso "ascendente de movilización y de vinculación con los trabajadores" para que la respuesta en la calle "sea masiva".

El secretario de Acción Sindical de UGT acusó al Gobierno de pretender que el sindicalismo confederal "fracase" para poder abrir otras vías de reforma, como la de las pensiones. Asimismo, explicó que el documento de reforma laboral entregado por el Ejecutivo no es el real decreto ley, que -según dijo- no lo tendrán hasta que sea aprobado.

No obstante, insistió en que las medidas del Gobierno "no van a servir para crear empleo ni van a reducir para nada la dualidad" entre los contratos temporales y fijos. Además, advirtió de que hay varias medidas que podrían ser inconstitucionales, como el pago de indemnizaciones por parte del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) sólo a los trabajadores con contrato de Fomento del Empleo, excluyendo a los contratados por vía ordinaria.

"Atenta claramente contra el principio constitucional de igualdad", aseveró, tras añadir que en materia de flexibilidad interna, el Gobierno también ha "roto la fuerza vinculante de los convenios" al "aumentar el poder discrecional del empresario" para reorganizar su empresa, los salarios o los despidos. "El Gobierno da poder arbitrario al empresario para que en materias pactadas en convenio colectivo pueda romperlas unilateralmente", dijo.

Una reforma cercana a los intereses del Gobierno

De la misma forma, criticó que en la reforma laboral se imponga un arbitraje obligatorio que -según explicó- sólo está previsto en el ordenamiento jurídico en caso de que éste arbitraje se haya pactado en el convenio colectivo de cada empresa.

Ferrer se mostró en contra de que en la reforma no se limite el encadenamiento de contratos en el mismo puesto de trabajo, y que el contrato de obra y servicio siga vinculado a la contratación y subcontratación. En su opinión, la reforma mantiene la "confusión" entre contrato por obra y eventual y tampoco potencia el fijo discontinuo.

Sobre la intermediación laboral por parte de las Empresas de Trabajo Temporal aseguró que la reforma beneficia a las ETT que pueden tener acceso a la contratación en sectores de riesgo y dijo que "convierte a los desempleados en un negocio".

Por todo esto, UGT denuncia que el Ejecutivo quiera una reforma en el mercado de trabajo más cercana a los intereses económicos y del empresario que a los intereses sociales y del trabajador.