ElConfidencial.com

Los partidos políticos tienen un hueso duro de roer en la localidad barcelonesa de Vic. Los principales partidos catalanes (léase Convergència i Unió, Partit dels Socialistes de Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya) se han rebelado contra las cúpulas de sus formaciones y mantienen su intención de no empadronar a los inmigrantes sin papeles. A ellos se les suma Plataforma per Catalunya (PxC), de Josep Anglada, la segunda fuerza de la localidad y calificada por más de uno como de extrema derecha. El alcalde, Josep Maria Vila d’Abadal, de CiU, anunció la intención de no empadronar a los inmigrantes en situación irregular, lo que supuso una polémica de alcance nacional. El bufete Roca Junyent, del que fuera portavoz de CiU en el Congreso y delfín de Jordi Pujol, Miquel Roca, elaboró un dictamen sobre la medida, que fue entregado el lunes al consistorio.

Roca se dedica, hoy, a sus tareas profesionales desde su despacho, al que ha convertido en uno de los más influyentes de la capital catalana. Y en el dictamen que le han solicitado afirma que la decisión del Ayuntamiento “no puede ser tildada de ninguna de las maneras como incorrecta o contraria a la ley” (ver documento). En este documento, se recuerda que el apartado 2 del artículo 25 de la Ley 4/2000 dice que para obtener el padrón “es preciso que el pasaporte se acompañe de preceptivo visado”, tal como ahora quiere que se haga el Ayuntamiento de Vic. En resumen, Roca afirma que da “una respuesta serena y jurídica a una cuestión que se ha planteado en términos más generalistas y simplificados, sin el conocimiento real del comportamiento del Ayuntamiento de Vic”.

El pulso en esta localidad de la Cataluña profunda es intenso. Con casi un tercio de su población inmigrante, Vic es, hoy por hoy, el paradigma de la ciudad europea asaetada por los flujos de inmigración. El presidente de la Generalitat, José Montilla, y el alcalde de la localidad llegaron la semana pasada a un compromiso para clarificar la situación, puesto que, en contra de las directrices de los grandes partidos, CiU, PSC y ERC están a favor de la aplicación de las nuevas normas de empadronamiento.

Las direcciones de CiU, PSC y ERC han dado instrucciones a sus delegaciones territoriales para que no se apoye una pedida que puede ser tachada de xenófoba, pero los cargos municipales han hecho caso omiso. Todos están de acuerdo con que se han de tomar las medidas anunciadas y ninguna de las formaciones les ha amenazado con tomar represalias.

Respuesta de Interior

Tras la comunicación de Roca, el alcalde dirigió una instancia al Ministerio del Interior (ver documento), donde señala que “aunque en los últimos días diversas voces –presumiblemente autorizadas- han venido a manifestar discrepancias sobre este comportamiento, el Ayuntamiento de Vic se ha ajustado a la más estricta y fiel interpretación de las normas sobre exigencias, efectos y características de los visados emitidos por los Estados miembros de la Unión Europea”. Y continúa diciendo que “no correspondiendo a este Ayuntamiento la interpretación de qué pasaportes pueden ser considerados como válidos, interesa que por parte del Ministerio del Interior se informe a este Ayuntamiento cuáles se han de considerar como válidos y si es suficiente un pasaporte que no cuente con el preceptivo visado”. La pelota, pues, ha pasado al tejado de Alfredo Pérez Rubalcaba.

Fuentes oficiales del consistorio señalaron a El Confidencial que “estamos esperando la respuesta del Ministerio del Interior, y acataremos lo que desde allí se nos diga, mientras tanto no hay nada más que decir”. Sobre la sospecha que despierta que la instancia la haya realizado el bufete de un histórico de Convergència como Miquel Roca, las mismas fuentes afirman que “no se puede negar la profesionalidad de este bufete, que tiene solvencia contrastada y la implicación de Roca con Convergència no significa nada”.

Una de las asociaciones que se han manifestado contrarias a la decisión tomada por el Ayuntamiento es SOS Racismo. La directora de este ONG en Cataluña, Alba Cuevas, explicó a este diario que “estamos en contra de esta decisión porque vulnera todos los derechos fundamentales de las personas”. Además, afirma que “un padrón es una radiografía para conocer las necesidades de una población y no un mecanismo de control y caza de ilegales”.