La bomba de Roca: ‘cantará’ en el juicio tras pactar con el fiscal una reducción de la condena

La declaración del cerebro de la red de corrupción marbellí investigada en el caso Malaya, Juan Antonio Roca, abrirá, después de mes y medio, la vista oral del macroproceso que se paralizó el pasado 26 de octubre tras la exposición de las cuestiones previas. La reanudación del juicio el próximo día 13 sería una noticia menor de no ser porque Roca ha pactado presuntamente con la fiscalía “ofrecer información” a cambio de una reducción de pena y de que se “suavicen” las acusaciones en la causa de su esposa, Rosa Jimeno, y su hija, María Roca. Algunos letrados de la defensa hablan ya de “la bomba de Roca del 13-D”.

Si todo sale según lo pactado, la pena de 30 años de cárcel y 810 millones de euros de multa que solicita el fiscal se reducirá casi a la mitad. No es la primera vez que el ex asesor de urbanismo utiliza esta estrategia para rebajar en lo posible su condena. En el proceso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el que juzga la causa del caso Urquía, Roca pactó con la Fiscalía y confesó que pagó 73.800 euros al juez de instrucción de Marbella Francisco de Urquía a cambio de favores judiciales.

Revelaciones decisivas para el proceso

El magistrado José Godino entrará con el pie derecho a la sala de la Ciudad de la Justicia de Málaga el próximo 13-D. En realidad, no sabe lo que le espera. Tras el anuncio del nuevo acuerdo son muchos los que han empezado a temblar. ¿Quiénes son los que más temen que Roca cante? Desde los asientos de los juzgados se hacen apuestas. Las revelaciones del presunto jefe de la trama pueden ser decisivas para el proceso.

Si, finalmente, mantiene el acuerdo que ha cerrado con la Fiscalía, Roca aceptará en la vista las investigaciones policiales, hasta ahora criticadas unánimemente por las defensas, y se responsabilizará de los informes que Udyco y Udef realizaron sobre “sus agendas, notas personales y documentos manuscritos, donde se recogía toda una serie de pagos y cobros a empresarios y políticos”. Dentro del elenco de los que temen las palabras de Roca está la persona que se esconde tras las siglas J.A.G. Según ha podido saber El Confidencial, este hombre, presuntamente una figura de importancia en Interior, mantuvo dos reuniones con la alcaldesa Marisol Yagüe antes de que estallase el caso Malaya: una en el restaurante Cipriano de Marbella y otra en La Pesquera, ubicado en la Casa de Campo de Madrid. Ambos encuentros fueron organizados por Roca, quien ahora debe decidir si desvela las conversaciones que tuvieron lugar durante los mismos.

Dentro de estos pactos cerrados con el ministerio publico no se descarta que Roca “recite en voz alta el nombre de un número de empresarios que de momento no han sido citados en el proceso judicial”. Muchos se preguntan si entre ellos estará Judas Bistock, el verdadero padre de la moción de censura que defenestró al equipo municipal de Julián Muñoz en Marbella. Nadie entiende cómo este empresario nunca ha sido citado, ni siquiera para declarar en el proceso de instrucción de la causa.

El día del cante

Todo está preparado para que el lunes 13 Roca reanude la causa. Para que el caso no se demore en el tiempo, el tribunal ha hecho un desglose de las actuaciones por bloques. El primero será el referido a la operación Crucero Banús, en el que se analizan los delitos de blanqueo y fraude fiscal que pudieron cometerse entre 2001 y 2002 en un negocio inmobiliario en las proximidades de Puerto Banús.

Según se explica en el pliego de acusaciones de la Fiscalía, Pedro Román, primer teniente de alcalde de Marbella tras la llegada de Gil al Ayuntamiento, se puso de acuerdo con Juan Antonio Roca, el abogado Juan Hoffmann y el comisario de Policía Florencio San Agapito, para comprar una parcela, calificada inicialmente como suelo comercial. Roca es una pieza clave en esta operación. El fiscal anticorrupción Juan Carlos López Caballero dictamina que la función del presunto cerebro de Malaya consistía en promover la recalificación de la finca, aumentar su edificabilidad y conseguir que el Ayuntamiento le cediera parte de sus aprovechamientos.

Con esta presumible intención los cuatro procesados constituyeron en Suiza la sociedad Lispag, participada al 62,5% por Pedro Román. Roca y San Agapito poseían un 15% cada uno y Juan Hoffmann el 7,5% restante. El 16 de octubre de 2001, Lispag compró Yambali, la entidad propietaria del solar. Desembolsó 4 millones que se pagaron en Suiza, aunque el fiscal sostiene que hicieron constar en la escritura como precio de venta únicamente 841.416 euros. Ese mismo día, el Ayuntamiento firmó un convenio con Hoffman gracias al cual el techo edificable del terreno pasó de 532 metros a 11.406, "con un perjuicio para las arcas municipales de casi 5 millones de euros".