Roca pacta con la Fiscalía poner nombres a las iniciales de su lista de sobornos

Las siglas que figuran en el grueso de la investigación del caso Malaya, recogidas en los archivos de la empresa Maras Asesores, en los que Juan Antonio Roca dejó explícitamente detallados los pagos de diferentes empresarios a cambio de favores urbanísticos, así como la de sus propios sobornos a la alcaldesa, concejales y algunos funcionarios del Ayuntamiento de Marbella, podrían dejar de ser meras iniciales. Tal es así que, en las próximas comparecencias judiciales del ex asesor, aparecerán con nombres y apellidos.

Según fuentes de toda solvencia, éste sería uno de los acuerdos a los que habrían llegado Fiscalía y Roca en las reuniones mantenidas durante este último mes mientras el Tribunal estimaba las cuestiones previas.

En sus anotaciones, el ex asesor de Urbanismo no reflejó completos los nombres de las personas que aparecían en la agenda de Maras. Sólo escribía sus iniciales al lado de las cantidades. La realidad es que los nombres de los ediles y los empresarios coinciden con las iniciales. Sin embargo, éstas no son pruebas suficientes para el Tribunal. Y por estas consideraciones de forma, podría tambalearse la acusación a los imputados.

De hecho, en las cuestiones previas algunos imputados ya se valieron de esta circunstancia como argumento de defensa. Así, el abogado Javier Saavedra explicó que, aunque en los pagos de la caja B aparecieran las siglas de JM, "no era prueba suficiente" para haber mantenido a Julián Muñoz en prisión porque JM podría ser cualquiera. Es por ello por lo que la Fiscalía, para evitar esta línea de defensa, habría pactado con Roca llamar a cada uno por su nombre.

Ya en su día fueron sorprendentes las inesperadas revelaciones del presunto cerebro de la trama cuando, nada más empezar la segunda sesión del juicio por el caso Urquía, admitió haber entregado dinero al juez tras pedirle éste "que le echara una mano en la compra de una vivienda". Hasta ese momento, Roca había negado siempre que hubiera ayudado al juez. Después, sin embargo, pactó con la Fiscalía y precisó con todo tipo de detalles que entregó al magistrado, en una supuesta reunión que ambos mantuvieron en su despacho el 17 de marzo de 2006, dos sobres que contenían un total de 73.800 euros para "la entrada" de su casa para que el magistrado le ayudara  "en algún tema judicial". Esto mismo es lo que puede ocurrir ahora.

El precio del silencio

La Fiscalía Anticorrupción dedica 600 folios a explicar las entradas y salidas de dinero negro de la contabilidad de Roca que sirvieron para su enriquecimiento. Del análisis de esta contabilidad, el fiscal concluye que una veintena de empresarios abonaron a Roca más de 33 millones de euros entre 2001 y 2006, y que el ex asesor de Urbanismo empleó 5,2 millones de euros de esta cuantiosa suma para pagar el silencio de las autoridades municipales. La que más dinero percibió, según la Fiscalía, fue la ex alcaldesa Marisol Yagüe, un total de 1.852.000 euros.

Se da el caso que esta cantidad monetaria figura en las anotaciones de la contabilidad con las letras MY, que se identifican con sus iniciales. Su defensa también argumenta que MY puede ser cualquier persona. Con las letras IG, I. G. M. o IGM se identifica a la que fuera primera teniente de alcalde Isabel García Marcos, que según la acusación pública recibió un total de 312.000 euros. La Fiscalía acusa a Julián Muñoz (identificado por las iniciales JM) de recibir sobornos por valor de 162.000 euros; a Tomás Reñones (T.R. en la contabilidad) y Rafael Calleja (alias Koke; K.C.), 162.000 y 210.000 euros, respectivamente.

Les siguen el fugado de la Justicia Carlos Fernández (C.F.), 150.000, que además recibió otras cantidades en sobres innominados; Victoriano Rodríguez (alias Viejo ; V.J.), ya fallecido, 120.000; Carmen Revilla (C.R.), 80.000; José Jaén (J.J.) y Vicente Manciles (V.M.), 60.000; Rafael González (RGlez), 56.165; José Luis Fernández Garrosa (J.L.F.G.) y Belén Carmona (B.C.), 36.000; Antonio Luque (A.L.) y María José Lanzat (M.J.L.), 24.000 euros.

Dentro de los delitos de cohecho están los empresarios que pagaron a Roca. Según la Fiscalía, fueron Carlos Sánchez y Andrés Lietor, socios en CCF21 Negocios Inmobiliarios, quienes aparecen en los archivos excel como 'Cuenta Carlos Sánchez.xls' y 'Cuenta CCF21'. En total, 6.800.000 euros. Por su parte, José Ávila Rojas aparece en la 'Cuenta AR' con 24 aportaciones dinerarias que suman cinco millones de euros. Le sigue José Manuel Carlos Llorca, desaparecido de la Justicia, que pagó comisiones a Roca por un total de 5.383.000 euros y que figura como 'Aportación C.LL.C.A'. El grupo Aifos realizó pagos ('Aifos' en la contabilidad) de 4.800.000 euros; Fidel San Román (FSR.xls), 4.800.000; Tomás Olivo ('aportación Tomás Ol'), 2.400.000; Rafael Gómez Sandokan ('Aportación S.K.N.'), 600.000; Ismael Pérez Peña, 180.000 y Cristóbal Peñarroya (RV de Marbella Villaroya), 35.500 euros.

No hay violación en los derechos de los denunciados

Como era previsible, el presidente de la Sala José Godino ha decidido desestimar las cuestiones previas propuestas por las defensas para Malaya. Según reza el auto que han emitido los magistrados, “en cuanto a las estimaciones de las defensas en cuestiones relativas a escuchas, registros, detenciones o cadena de custodia, la Sala parte de la firme convicción que no se han producido las violaciones de derechos denunciados" y, según dice, queda su resolución definitiva "a expensas de lo que al respecto pueda acreditarse en el plenario".

En cuestiones previas, los abogados cuestionaron la competencia de la Sala en favor de la Audiencia Nacional o del Tribunal del Jurado y la mayoría de las defensas pidió la nulidad del proceso, tanto total como parcial, sobre todo de las intervenciones telefónicas, los registros y las declaraciones, por vulneración de derechos fundamentales. Acogiéndose a este último apartado Roca podría negarse en esta primera vista a declarar hasta resolverse las cuestiones formales del procedimiento.