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La vocal del Consejo General del Poder Judicial, Margarita Robles, no estará en el Pleno que decidirá sobre la suspensión del juez Baltasar Garzón. Así lo ha anunciado a la Comisión Permanente del órgano de los jueces, que ha decidido dejar en suspenso las deliberaciones sobre el futuro del magistrado de la Audiencia Nacional.

Antes de tomar una decisión, la Comisión tiene que decidir sobre la recusación planteada por Garzón contra el vicepresidente Fernando de Rosa y la vocal Gema Gallego, adscritos ambos al ala más conservadora del Consejo. En su escrito remitido a la Comisión Permanente, Robles niega “categóricamente” que exista “enemistad manifiesta”, tal y como planteó el juez.

“No acierta a comprenderse que Garzón, que siempre ha proclamado el rigor fáctico y jurídico de sus actuaciones, funde ahora sus alegaciones en informaciones carentes de veracidad que ni se corresponden con la realidad, ni se basan, ni pueden hacerlo, en certificaciones o acuerdos motivados en forma por el Consejo”, destaca la vocal.

Así, ha decidido apartarse de manera voluntariamente para que “no pueda ponerse en cuestión” su objetividad ni que su intervención en el Pleno “pueda servir de pretexto para cuestionar las actuaciones judiciales que se están tramitando con total independencia e imparcialidad”.

El próximo día 24, es previsible que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial decida sobre las recusaciones de los otros dos vocales. Aun así, el propio De Rosa ya anunció públicamente que el órgano de los jueces no tiene intención de decidir sobre la suspensión de Garzón –solicitada por los abogados Mazón y Panea- hasta que la Sala del Tribunal Supremo no resuelva el recurso del magistrado contra el auto de Luciano Varela en el que atribuye atribuye al juez un delito de prevaricación (artículo 446.3 del Código Penal), castigado con inhabilitación de 12 a 20 años, por querer investigar los crímenes del franquismo.

Ambos coincidieron en el desempeño de funciones públicas

Robles fue subsecretaria del Ministerio de Justicia entre 1993 y 1994 cuando Garzón era delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, puesto del que dimitió coincidiendo con el nombramiento de la vocal como secretaria de Estado de Interior.

Según explica Robles en su escrito, varios medios de comunicación de la época dijeron que Garzón aspiraba al cargo de secretario de Estado de Interior, lo que determinó que abandonara la política y volviera a la Audiencia Nacional.

"Al igual que le ocurre a Garzón, cuando se refiere a mi supuesta enemistad hacia él, me cuesta dar crédito a semejantes consideraciones por más que no hayan sido desmentidas, y entiendo que no se corresponden con la realidad los comentarios de los medios respecto a que él hubiera pretendido ejercer la función pública que en mayo de 1994 yo pasé a desempeñar", añade Robles.

No obstante, la vocal cree que debe abstenerse por haber coincidido con el juez en el desempeño de funciones públicas, acogiéndose a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que consideró que Garzón "hubiera debido abstenerse -lo que no hizo- en la instrucción de la causa 17/1989 seguida contra personas con las que estuvo en contacto, en el contexto de su cargo en el Gobierno".

Esa causa es la que se siguió contra, entre otros, el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera por el secuestro de Segundo Marey.

Según fuentes del órgano de gobierno de los jueces, la Comisión Permanente -integrada además de por Robles, por el presidente del Consejo, Carlos Dívar, y por los vocales Almudena Lastra, Manuel Almenar y Antonio Dorado- ha acordado trasladar dicha petición a De Rosa y Gallego para que efectúen alegaciones en relación con su recusación, que será resuelta por el pleno.