El adelanto de la reforma de las pensiones dinamita el Pacto de Toledo

Decía el pasado miércoles Valeriano Gómez, el ministro de Trabajo, que la Seguridad Social es el monumento más hermoso jamás creado por las sociedades avanzadas. Y en verdad que no le falta razón. Gracias a la ecuación crecimiento económico y bienestar social, Europa ha logrado en los últimos 65 años los mejores niveles de desarrollo humano.

Y lo ha hecho a través de un doble pacto. Uno intergeneracional -los ocupados de hoy pagan las pensiones generadas en el pasado- y otro de carácter político: Europa construyó su sistema social como una alianza estratégica de la izquierda y la derecha para sostener un Estado de bienestar financiable al margen de quien estuviera en el Gobierno. Siempre a partir del diseño general que hizo desde 1945 el laborista británico William Beveridge.

Ese doble pacto es el que animó a todos los grupos parlamentarios a reunirse en 1995 en el parador de Toledo para crear un consenso básico sobre el sistema público de pensiones. El acuerdo iba más allá que una aquiescencia de urgencia destinado a salvar a la Seguridad Social de la quiebra. El Pacto de Toledo significó el gran acuerdo entre la izquierda y la derecha para sostener el sistema público de pensiones al margen de quien ocupara el palacio de la Moncloa.

La dictadura impidió que ese pacto se materializara en los años 40 o 50, pero medio siglo después llegó forzado por las adversas circunstancias económicas. Ahora, sin embargo, 15 años después de que todos los grupos parlamentarios se comprometieran a reformar las pensiones por consenso de los dos grupos parlamentarios más numerosos del parlamento, el Pacto de Toledo amenaza con romperse. La vicepresidenta Salgado anunció este viernes que el próximo 28 de enero el Consejo de Ministros aprobará la reforma de las pensiones, haya o no haya consenso previo. El Pacto de Toledo, por lo tanto, tiene apenas mes y medio para negociar, lo cual sería suficiente en unas circunstancias normales.

Pero con la que está cayendo en los mercados financieros y con todos los puentes rotos entre el PSOE y el PP, nada indica que ese espíritu de consenso vaya a presidir las reuniones. En primer lugar, porque el Gobierno ha sembrado de minas el camino del acuerdo con medidas unilaterales como la congelación de las pensiones o -la más reciente- la inclusión de todos los funcionarios en la Seguridad Social y no en el régimen de clases pasivas. Y en segundo lugar, porque no hay una comunicación fluida entre Gobierno y oposición, lo cual hace prácticamente imposible el consenso.

El hecho de que no haya acuerdo no tiene, desde luego, los ribetes trágicos que hubiera tenido en 1995, cuando el sistema de pensiones estaba al borde de la quiebra, pero en un país con tan poca capacidad de diálogo entre Gobierno y oposición supone un indudable retroceso en una materia de tanta transcendencia como es la paga que mensualmente reciben más de ocho millones de pensionistas.

Pero no sólo eso. Intentar sacar adelante la reforma de las pensiones con el único voto a favor del grupo socialista y de los nacionalistas vascos y canarios (en el mejor de los casos para el Gobierno) es, simplemente, un disparate político. El Gobierno lo sabe mejor que nadie, y por eso cabe entender que el anuncio del 28 de enero es un simple señuelo destinado a los ansiosos mercados financieros. Un mal final para una buena idea.