ElConfidencial.com

Mariano Rajoy y la cúpula del PP respiran aliviados tras la marcha del senador Luis Bárcenas y el diputado Jesús Merino. Pero el negro nubarrón del caso Gürtel amenaza con descargar pronto otro chaparrón de ansiedad sobre los despachos de la calle Génova. La nueva amenaza tiene fecha: el próximo 12 de mayo.

El Tribunal Supremo decidirá ese día si confirma el archivo de la causa por los trajes que la trama corrupta regaló a Francisco Camps o si, por el contrario, reabre el caso contra el presidente de la Comunidad Valenciana por presunto cohecho. ¿Forzará entonces Rajoy la dimisión de Camps, evitando así el inevitable reproche de que utiliza una doble vara de medir con los imputados, o consentirá que éste repita como candidato en las elecciones autonómicas de 2011, asegurándose virtualmente una nueva mayoría absoluta? La dirección del PP aún no tiene una respuesta para ese dilema.

Todas las fichas de dominó del caso Gürtel han ido cayendo una tras otra; las últimas, Bárcenas y Merino. Pero en Génova son conscientes de que el PSOE no va a renunciar a la cacería, y que, una vez cobrada la pieza del ex tesorero, los socialistas centrarán a partir de ahora su estrategia de desgaste en Camps para tratar de debilitar a Rajoy. "Si el Supremo archiva el caso se acabó el caso Gürtel. Pero si decide seguir investigando y Camps acaba imputado, entonces tendremos un problema. Habrá que recurrir otra vez al comando Cospedal para poner orden", afirma con sorna un diputado del PP.

'Trabajo sucio'

Pero, ironías aparte, son muchos en el PP los que dan por hecho que el trabajo sucio de forzar la renuncia de Camps sin incendiar el partido en la Comunidad Valenciana correspondería, otra vez, a la secretaria general. La salida de Bárcenas ha sido un triunfo en toda regla de María Dolores de Cospedal, que no ha dudado en presionar a Rajoy y enfrentarse a Javier Arenas para que el partido soltase definitivamente el lastre del ex tesorero. Y en su haber también cuenta con la cabeza de Ricardo Costa, defenestrado de su cargo de secretario general en Valencia por su estrecha relación con Álvaro Pérez, El Bigotes, y, sobre todo, por haber desafiado la autoridad de Génova.

El pasado lunes le preguntaron dos veces a Cospedal por este espinoso asunto. Primero, en una entrevista en la Cadena Ser, respondió que "el mejor candidato [a presidente de la Generalitat valenciana] sin duda es, hoy por hoy, Francisco Camps". Ese "hoy por hoy" era toda una declaración de intenciones, un claro aviso de que Génova no quiere poner la mano en el fuego por quien puede acabar sentado en el banquillo. Y unas horas después, durante una rueda de prensa tras la reunión del comité de dirección del partido, todavía se mostró más tibia con Camps, al asegurar que la decisión sobre su candidatura se tomará cuando se pronuncie el Tribunal Supremo.    

Camps, por ahora, guarda silencio. Pero ya ha empezado a mover sus hilos. "Su gente se está encargando de transmitir a Génova el mensaje de que las encuestas internas le dan una mayoría aplastante en las elecciones, que sin Camps como candidato la victoria podría peligrar, y que si el PP retrocede en las autonómicas también podría perder votos en las generales y perjudicar las aspiraciones de Rajoy", asegura un miembro de la dirección del partido.

"Más explicaciones"

Precisamente ayer, el diputado y ex ministro Juan Costa, hermano de Juan y muy crítico con la forma en que Génova ha gestionado el caso Gürtel, reclamó a Camps que rompa su silencio y dé la cara. Sin citar expresamente al presidente de la Generalitat, Costa dijo que el PP debería haber ofrecido "más explicaciones" en la Comunidad Valenciana, y añadió que un dirigente político debe estar dispuesto a pronunciarse sobre su "vida personal, situación patrimonial o responsabilidades políticas".

Hace ahora 11 meses, el 20 de mayo de 2009, Camps se convertía en el primer presidente de la Generalitat valenciana que declaraba como imputado. Lo hizo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de aquella comunidad por un presunto delito de cohecho impropio al recibir de la trama corrupta trajes por valor de 12.783 euros. La Sala de lo Penal del TSJ valenciano admitió que Camps no pagó los trajes, pero archivó el caso -por dos votos a uno- porque, a su juicio, no hubo "relación de causalidad" entre los regalos de El Bigotes y las adjudicaciones de obras supuestamente fraudulentas por parte de la Generalitat.

La Fiscalía y el PSOE valenciano recurrieron ese carpetazo, y ahora el Tribunal Supremo deberá decidir si confirma el archivo o lo devuelve al TSJ para que reabra el procedimiento.