Ni una sola vez se refirió ayer Rajoy a El Bigotes, Orange Market o la supuesta financiación irregular del partido durante la multitudinaria romería política celebrada en la localidad sevillana de Dos Hermanas, un mítin-fiesta en el que el presidente del PP, jaleado por miles de afiliados y simpatizantes, exhibió músculo y calificó a José Luis Rodríguez Zapatero y su Gobierno de "pandilla de inútiles" por su gestión de la crisis económica. Del resto de oradores -el responsable de Economía del partido, Cristóbal Montoro; el líder del PP andaluz, Javier Arenas, y la número dos de Rajoy, María Dolores de Cospedal-, sólo la secretaria general del PP se refirió, de pasada, a las consecuencias del caso Gürtel. Y lo hizo para insistir en la inamovible estrategia oficial: que el PP es víctima de una "persecución", de la que responsabilizó al ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

"No le hemos dedicado ni un minuto a lo de Valencia, porque estamos convencidos de que lo que más preocupa a la gente es el paro y la subida de impuestos, y por ahí vamos a seguir atacando al Gobierno", señalaba ayer a El Confidencial otro dirigente del PP próximo a Rajoy. "Primero habrá que demostrar judicialmente que ha habido corrupción o financiación ilegal, porque nadie de mi partido ha escuchado todavía las cintas de las conversaciones con El Bigotes; sólo hemos leído las transcripciones", añadía otro miembro de la dirección. Pero, de puertas adentro, no todos los dirigentes y miembros del partido comparten esa estrategia.

De hecho, las relaciones entre la dirección nacional y los dirigentes del partido en la Comunidad Valenciana son menos dulces de lo que aparentan. Pese a que públicamente Génova manifiesta un respaldo aparentemente sin fisuras al equipo de Camps, lo cierto es que también en la Ejecutiva de Rajoy hay discrepancias con la estrategia política y de comunicación seguida por los populares valencianos desde el estallido del caso Gürtel. Y no sólo por los últimos indicios que apuntan a una supuesta financiación ilícita, sino también por la torpe gestión del episodio referido a los trajes de Camps.

Responsabilidades políticas

Fuentes de Génova señalaron a este diario que el PP valenciano debería asumir alguna responsabilidad política por la más que evidente connivencia que el partido en aquella comunidad ha tenido con El Bigotes, responsable de Orange Market y mano derecha de Francisco Correa, el presunto cabecilla de la trama. "De alguna manera tendría que trasladarse a la opinión pública el mensaje de que se ha aprendido la lección, y eso se hace asumiendo alguna clase de responsabilidad", lo cual no significa que Génova admita -al menos por ahora- que la relación del PP valenciano con Orange Market haya sido delictiva. "No son iguales las circunstancias de Valencia que las de Madrid", añaden esas fuentes, "pero las dimisiones que hubo en la Comunidad de Madrid han restado mucha presión mediática al partido, y de eso habría que aprender".

Cuando se piensa en posibles dimisiones, todas las miradas se dirigen hacia el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa. El número dos del partido y hombre de confianza de Camps es visto no sólo como el más directo responsable de las finanzas populares -y por tanto de las presuntas irregularidades en las cuentas-, sino también como el dirigente que servía de enlace con El Bigotes y sus oscuros tejemanejes. "Su situación es insostenible. No estamos hablando de responsabilidades penales, sino políticas. Costa debería haber cortado amarras hace mucho tiempo con El Bigotes", apunta un dirigente valenciano del PP. "Camps tiene que reaccionar cuanto antes y dar un golpe de autoridad; no podemos dar continuamente la sensación de ser un partido acorralado", añade.