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El Partido Popular detallará esta semana en el Congreso de los Diputados sus propuestas para endurecer la Ley del Menor con cambios importantes como la de bajar la edad penal a los 12 años o la posibilidad de que los menores delincuentes puedan recibir tratamiento psiquiátrico aun en contra de su voluntad o la de sus padres. 

Este último aspecto es una de las medidas más novedosas en las que ha venido trabajando el Partido Popular en sus proposición no de ley. Su objetivo es hacer hincapié en la rehabilitación efectiva de aquellos menores en los que se detecte alguna conducta de base psicológica que esté relacionada, directamente, con la comisión del delito. 

De momento, la ley prohíbe aplicar estos tratamientos por obligación y solo reserva esa posibilidad a intervenciones de urgencia de especial conflictividad. El PP, sin embargo, pedirá al Gobierno que modifique el Código Civil y la Ley de Autonomía del Paciente para que los jueces puedan obligar al seguimiento de terapias y tratamientos médicos de modificación de la conducta en los casos que así se considere necesario por sentencia judicial. La idea es que estas terapias se podrán imponer aunque no medie, inicialmente, la voluntad del propio joven.

El PP ha trabajado en estas propuestas con el asesoramiento de expertos en delitos cometidos por menores y con profesionales en materia de conducta. Y rechazan que sus propuestas sean un intento de “legislar en caliente” o de forma oportunista, como ha criticado el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. De hecho, los populares aprovecharán la sesión de control del próximo martes para preguntarle a Rubalcaba “por qué se niega” el Gobierno a tomar “medidas” de índole legal ante los reiterados casos de violencia cometidos por menores. 

La proposición de ley hará también énfasis en la función “resocializadora” y rehabilitadora que deben desempeñar los centros de menores. El PP exigirá, en este sentido, que cuenten con programas y protocolos acreditados de rehabilitación adaptados a cada caso, con recursos adecuados y con equipos multidisciplinares.

Detectar las conductas conflictivas

En el ámbito de la prevención, el PP propone también que a través del sistema educativo y asistencial se puedan detectar de forma temprana las llamadas “conductas disrruptivas” de los menores, origen de muchos de sus problemas de delincuencia.

A juicio del PP, los poderes públicos deben adquirir a su vez la obligación de propiciar y facilitar acciones que fomenten la adecuada formación de la personalidad de los niños y jóvenes. En este sentido, una de sus propuestas es que el Gobierno, junto con las Comunidades Autónomas, establezca una estrategia de detención precoz de las conductas disruptivas en edades infanto-juveniles y que se propicie la aplicación de alternativas educacionales válidas para estos casos.