Los presidentes autonómicos, dispuestos a 'tijeretazos', pero no a ceder competencias

La mayoría de los presidentes autonómicos están dispuestos a meter las tijeras en la administración, como ha propuesto el líder del PP, Mariano Rajoy, sobre todo en estos momentos de crisis, pero se muestran recelosos de ceder sus competencias y de que se resucite el centralismo. Así lo ha podido constatar Efe al preguntar a todos los presidentes o portavoces autonómicos sobre la iniciativa de Rajoy de revisar el modelo autonómico para simplificarlo y ganar en eficiencia dentro de la administración.

Y es que el presidente del PP insiste en que no se puede permitir que la "madeja administrativa ahogue la energía" de la sociedad civil, duplicando o triplicando, unas competencias que, al final, lo que hacen es mermar la capacidad productiva del país en un contexto de crisis económica.

Sin duda, una propuesta de calado que, a falta de concretar, ya ha provocado reacciones encontradas por el temor, cuando no el pánico, de algunos dirigentes que interpretan que, reabrir el melón autonómico, puede conllevar la cesión al Estado de determinadas competencias o la privatización de algunos servicios sociales.

El lehendakari, Patxi López, reconoce que es necesario reforzar los mecanismos de cooperación y aclarar las competencias, pero más en la línea de engrandecer que de recortar y se refiere, en concreto, a la necesidad de que se lleve a cabo la reforma del Senado que, en su opinión, "está frenando" el PP. Considera, sin embargo, que Rajoy, con esta propuesta, pretende "enfrentar" a las comunidades e ir en contra del interés común de España impidiendo que "los diferentes puedan vivir como iguales".

El presidente de la Generalitat, José Montilla, cree que el líder del PP debe aclarar más su iniciativa y decir por dónde quiere recortar, pero al margen de ello está de acuerdo en simplificar la burocracia de las tres administraciones, no sólo la autonómica.

El jefe del Ejecutivo andaluz, José Antonio Griñán, se muestra partidario de "avanzar" en la reforma de los servicios sociales para adaptarlos a la realidad actual, pero teme que lo que realmente quiere el PP es recortarlos. El Gobierno de Castilla-La Mancha advierte al PP de que se opondrán si su intención es volver a centralizar servicios esenciales, y el de Aragón no se ha pronunciado sobre este asunto, pero cree que la propuesta evidencia la desconfianza de Rajoy en el modelo territorial.

En el de Baleares, Francesc Antich, admite que, viniendo la iniciativa del Partido Popular, le da "pánico" reordenar el Estado, porque entiende que su "deriva centralista" irá en contra de las autonomías, y el presidente asturiano pide al PP que concrete qué servicios públicos regionales le parecen innecesarios.

Miguel Ángel Revilla, desde Cantabria, se suma a aquellos que piden a Rajoy que desarrolle su idea antes de criticar el actual modelo, aunque admite que puede ser "razonable" y, como teoría, "asumible".

El jefe del Ejecutivo extremeño, Guillermo Fernández Vara, cree que es un buen momento para analizar el modelo autonómico en profundidad, sin poner en duda el actual, y ver si se puede optimizar, y defiende un pacto político para poner fin al desarrollo autonómico.

La CAM aboga por un gran acuerdo con el PSOE

La Comunidad de Madrid defiende también, sin ningún tipo de ambigüedad, un gran acuerdo con el PSOE en este asunto y es la única que reconoce abiertamente que cedería al Gobierno algunas competencias para ganar eficiencia.

Ramón Luis Valcárcel, en Murcia, apuesta por racionalizar y por poner límites que eviten que se sigan "centrifugando competencias sin orden ni concierto", e insiste en que, con una distribución clara de las mismas, las administraciones serían mucho más eficaces.

En Galicia, Alberto Núñez Feijóo avala el planteamiento de Rajoy de proponer una alternativa a un Estado asimétrico para que sea más eficiente, así como su interés por perfeccionar el modelo en beneficio de todos los españoles, independientemente del lugar donde residan. El navarro Miguel Sanz, que se define como un "ferviente defensor" del estado de las autonomías, reconoce que hay abordar una reforma que afecte a algunas instituciones, como las diputaciones, que podrían incluso suprimirse, y a determinadas entidades locales.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, aboga también por reabrir el debate para ordenar y racionalizar el Estado de las Autonomías, aunque sin que esto suponga "recortar o restringir" competencias.

Las comunidades de Canarias, La Rioja y la Comunidad Valenciana todavía no se han pronunciado al respecto, aunque siendo estas dos últimas del PP es más que probable que respalden la propuesta de su partido.