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Los servicios antiterroristas de la Policía y de la Guardia Civil protagonizaron el pasado 24 de noviembre un nuevo enfrentamiento con motivo de la operación desarrollada contra la organización juvenil Segi, considerada la cantera de ETA y responsable fundamental de la kale borroka (violencia callejera). Agentes de ambos Cuerpos detuvieron en el País Vasco y Navarra a 34 jóvenes acusados de formar parte de sus estructuras de dirección, tras un debate sobre la dirección de la operación que zanjó el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho.

Los expertos antiterroristas de ambos Cuerpos llevaban meses trabajando sobre la reorganización de Segi, que pese a haber sido declarada ilegal en 2007 funcionaba con una estructura pública tras las siglas “pantalla” de Gazte Indepedentistak (Jóvenes independentistas), y otra clandestina. Una fórmula de desdoblamiento habitual en ETA como medida de seguridad en caso de detenciones.

Las fuentes policiales consultadas aseguran que sus servicios antiterroristas tenían identificados a toda la dirección de Segi y los de la Benemérita a tan sólo tres de sus miembros, según quedó constancia en una reunión de la Mesa de Seguridad que preside Antonio Camacho y en la que están presentes ambos cuerpos y el CNI. Las diferencias sobre el protagonismo de la operación las zanjó el número 2 de Interior, que decidió que la misma fuera desarrollada de manera conjunta.  

Disputa entre servicios antiterroristas

La decisión generó malestar en los servicios de información policiales, que acusan a sus homólogos de la Benemérita de no compartir información en los foros comunes de los que forman parte, y de pugnar permanentemente por la dirección de los dispositivos. Los mismos interlocutores sostienen que cuando ambos Cuerpos coinciden sobre el mismo objetivo la operación la desarrolla el que dispone de más y mejores datos para llevarla a cabo.

Tomada la decisión de que fuera una operación conjunta, la Policía asumió la detención de 32 personas por 14 la Benemérita. Los primeros consiguieron la captura de 28 de los objetivos marcados (se dieron a la fuga 4), por 5 la Guardia Civil (escaparon 9), lo que no desmerece el éxito de la operación. 31 de los 34 detenidos ingresaron días atrás en prisión. La nota de prensa que hizo pública el Ministerio del Interior explicaba que las detenciones se habían practicado “en dos operaciones simultáneas de la Policía y Guardia Civil”, especificaba las detenciones practicadas por cada Cuerpo, y en el caso de la Benemérita concretaba que las investigaciones de su Servicio de Información “se iniciaron hace meses”.

Las disputas entre los servicios antiterroristas de Policía y Guardia Civil vienen de lejos, y ninguno de los ministros del Interior que han pasado por el departamento ha conseguido resolverlas. La desconfianza es mutua y no sólo ha generado percances, sino que afecta negativamente en la eficacia policial en la lucha contra el terrorismo. Ni el Gabinete de Información y Operaciones Especiales, creado en 1983, ni el Mando Unificado para la Lucha Antiterrorista (MULA), constituido en 1985, ambos ya desaparecidos, ni el actual Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA), creado en 2004, aunque con misiones de inteligencia y no operativas, han logrado salvar las diferencias entre uno y otro Cuerpo. Tan sólo funcionan las relaciones personales y de afinidad entre responsables de unidades, lo que se ha demostrado insuficiente.