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La detención del etarra Igor Martín Niño por la Ertzaintza en la localidad oscense de Jaca ha reabierto la "guerra" por las competencias policiales en la lucha contra el terrorismo. El Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el Cuerpo, calificó ayer de "ilegal" la intervención de la policía autónoma vasca fuera de Euskadi y denunció al juez Eloy Velasco, titular del juzgado central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, ante el Fiscal General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por haberla autorizado.

Martín Niño fue detenido el pasado día 2 como continuación de una operación desarrollada por la policía autónoma vasca el 26 de enero anterior contra un comando “legal” (no fichado por la Policía) en Vizcaya y Guipúzcoa que se saldó con cinco detenidos. La operación fue recibida con gran alborozo al ser la primera de la Ertzaintza contra ETA tras la llegada del PSE al poder, tras años de crítica por su supuesta “dejación” en la lucha contra el terrorismo durante los gobiernos del PNV.

Las alabanzas se han convertido ahora en críticas a cuenta de si la Ertzaintza puede o no actuar fuera del País Vasco aún cuando, como en este caso, se trate de continuar una operación iniciada en el mismo. El SUP sostiene que no, que sólo la Policía y la Guardia Civil pueden actuar en todo el Estado (según establecen la Ley 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Ley 4/1992 por la que se crea la Ertzaintza) y, en consecuencia, los servicios antiterroristas de la policía autónoma vasca actuaron de manera “ilegal”. Una operación que se llevó a cabo con la autorización del juez Velasco que, en opinión del citado sindicato, podría haber incurrido en un delito de prevaricación, castigado con la inhabilitación por un tiempo de entre dos y seis años.

Falta de colaboración

La lucha contra ETA es desde hace años motivo de enfrentamiento entre los distintos servicios antiterroristas, fundamentalmente de la Policía y la Guardia Civil, que en no pocas ocasiones se han solapado en una misma operación por la falta de colaboración entre ellos. El nombramiento de un director general común para ambos colectivos y la creación del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA) no han sido suficientes para acabar con la desconfianza mutua. A esta disputa se suma ahora la Ertzaintza, que tras la llegada del PSE al poder en Euskadi ha ganado un protagonismo que no tenía con el PNV en el Gobierno. La decisión de potenciar su labor en la lucha contra el terrorismo supone sumar un Cuerpo más a la  batalla contra ETA.

José Manuel Sánchez Fornet, secretario general del SUP, manifestó ayer a este diario que la denuncia de su sindicato “no es corporativismo, pero si no se pone coto a esta serie de actuaciones vamos al caos absoluto. La Ertzaintza es una de las mejores policías del mundo y nuestra relación con ella es buena, pero su ámbito de actuación en el País Vasco. Fuera de él no tienen nada que hacer, y si no quieren que sea así, que cambien las leyes”. ErNE, el sindicato de la Ertzaintza, asegura que su intervención en Jaca no es la primera que llevan a cabo fuera de Euskadi, y que ya lo han hecho en Burgos y Madrid.

La denuncia presentada por el SUP en la Fiscalía y el CGPJ sostiene que “la orden para que la Ertzaintza actuara fuera del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco no sólo no es conforme a derecho, lo que podría determinar la nulidad de todas las actuaciones practicadas y consiguiente puesta en libertad de los presuntos terroristas, sino que con ella podría haberse incurrido en un presunto delito de prevaricación”. La misma ha sido remitida también al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para que tome cartas en el asunto.