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Miércoles, 16 de diciembre de 2009

La relación abogado cliente entre el pirata somalí Abdu Willy y su abogado Francisco Javier Díaz Aparicio ha llegado a su fin. Las discrepancias entre ambos han provocado que al final el detenido por participar supuestamente en el secuestro del atunero "Alakrana" renuncie de sus servicios. El letrado asegura no aceptar la "línea de defensa" que los dos piratas detenidos le proponían en la causa que se investiga.

En una escueta carta, escrita a mano, enviada a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desde el centro penitenciario de Soto del Real, Abdu Willy comunica que a partir de este momento se queda sin letrado. Esa misma misiva fue enviada por el otro pirata encarcelado por el secuestro del atunero, Raageggesey Adji Haman. El problema de éste es que también renuncia a Díaz Aparicio cuando éste no es abogado suyo, sino una letrada de oficio, Begoña Castro Jover. Primero, éste deberá aclarar su decisión y después deberán elegir un nuevo abogado o, de lo contrario, la Sala le designará uno de oficio.

"Renuncio como abogado definsona (sic) a Francisco Javier Díez Aparicio", es la frase que consta en dicho escrito, el cual, para el letrado, ha sido iniciativa de los supuestos piratas para recalcar que "no quieren ser representados por abogados".

Parece ser que entre Díaz Aparicio y Abdu Willy había discrepancias respecto a la manera de llevar el proceso del letrado. Éste intentó primero que le expulsaran de España a Somalia y así quedar en libertad. Cuando esta petición no obtuvo sus frutos, entonces solicitó una serie de diligencias al juez instructor, Santiago Pedraz. Pare empezar, pidió que se constatara que el “Alakrana” se encontraba en aguas internacionales porque, según su versión, estaban en territorio somalí y, por tanto, la jurisdicción sería de este país.

La Fiscalía solicita más de 200 años de prisión

Cuando no consiguió paralizar el proceso por esta vía, entonces pidió que aclarara por qué el atunero llevaba la ikurriña y no la bandera española. Pero nada le sirvió y los dos piratas fueron procesados. La Fiscalía solicita para ellos más de 200 años de cárcel por 36 delitos de detención ilegal y otro de robo con violencia y uso de armas.

Desde que Díaz Aparicio salió a escena, han rondado los rumores de quién le paga la nómina con abogado de un pirata somalí. Se especuló con un bufete de abogados de Londres, contratado por los propios piratas, y se habló del Gobierno español, a través del Centro Nacional de Inteligencia, como pagador. Incluso, se llegó a decir que había ofrecido sus servicios de forma gratuita para darse notoriedad.

Sea lo que fuere, el abogado hizo mucho ruido mientras se barajaba la posibilidad de un pacto entre el Gobierno y los piratas que mantenían secuestrados a los 36 tripulantes del barco para utilizar a los dos detenidos como moneda de cambio para la liberación. Sin embargo, los planes dieron un giro de 180 grados una vez se pagó el rescate y los marineros quedaron en libertad. El ruido se pagó, las presiones desaparecieron, y los dos piratas siguen en prisión preventiva con un futuro más bien negro entre rejas. 

2.  perhaps»16/12/2009, 08:26 h.

No, hombre, no, esto es otra táctica dilatoria propia del juego jurídico de los abogados defensores. Amplía el plazo, aleja el juicio, se empiezan a 'pudrir' las pruebas, se cumplen otros plazos y a la primera oportunidad el preso en la calle. Que es lo que se busca desde la defensa.

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1.  Lucas»16/12/2009, 08:06 h.

Si el gobierno no puede sacar tajada de estos piratas pronto les veremos en el top-manta en los mercadillos y ferias.

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