ElConfidencial.com

Que Luis Bárcenas no haya comunicado aún al Senado que ya no ejerce como tesorero del Partido Popular y que la Cámara Alta, por su parte, no se haya dado por enterada de un hecho que es público y notorio desde hace más de seis meses resume, mejor que ningún otro caso, los numerosos errores y omisiones que presenta el Registro de Actividades-Intereses extraparlamentarias de sus señorías que este lunes han difundido, por primera vez en la historia, las páginas web del Congreso y el Senado.

Durante el más de medio año que Bárcenas ha estado alejado de la tesorería del PP, el senador por Cantabria no se ha dirigido a la Comisión de Incompatibilidades de la Cámara Alta para comunicar su cese temporal como “coordinador económico” de su partido, un cargo por el que sí recibía una remuneración. ¿Motivos ocultos o simple desgana? Bárcenas ha hecho, caso omiso del requerimiento de los servicios jurídicos de la Cámara que, desde el pasado mes de diciembre, han instado a sus señorías a corregir y poner al día su declaración de actividades antes de que el registro final se hiciera público este lunes. Pero su caso no es el único. Numerosos parlamentarios, algunos de tanto relieve como el portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, o la vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Elena Salgado, tampoco han hecho los deberes.

La publicación de estos datos en la Red se aprobó a finales del año pasado, mediante un acuerdo conjunto suscrito por las Mesas del Congreso y del Senado. Los parlamentarios han tenido, pues, más de dos meses para modificar sus declaraciones, como así lo han hecho 175 diputados y senadores. Sin embargo, a algunos como José Antonio Alonso el tiempo se les ha echado encima. No se percató hasta la semana pasada de que no había hecho constar aún que sigue recibiendo la pensión que le corresponde como ex ministro de Defensa (recibe, como compensación, el 80% de su antiguo sueldo, 5.410,34 euros brutos al mes) y que se le acaba el próximo mes de junio.

El portavoz del PSOE pidió entonces que se incluyera el dato antes de que el Registro completo fuese publicado en internet, pero no ha llegado a tiempo. La vicepresidenta tercera del Gobierno, Elena Salgado, tampoco ha hecho constar a la Cámara su ascenso en el Gobierno, y sigue figurando como ministra de Administraciones Públicas.

Ex ministros y ex secretarios de Estado cobran, durante dos años, una suculenta pensión que les convierte en los únicos ciudadanos que tienen el privilegio de cobrar dos sueldos por parte de la Administración. Un blindaje que en 1980 pactaron por ley UCD y PSOE y que, en 2001, el PP extendió también a los ex secretarios de Estado.

Así, otro caso que llama la atención es el de Fernando Moraleda, secretario de Estado de Comunicación durante la pasada legislatura y, desde 2008, diputado por Ciudad Real y presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja. Moraleda tampoco advierte en su declaración de intereses y actividades que sigue cobrando la pensión que le corresponde como ex secretario de Estado. “Claro que la sigo recibiendo, pero es lo normal, unos lo ponen y otros no”, ha explicado Moraleda a El Confidencial al ser preguntado por su olvido. Eso sí, el diputado dirigirá en los próximos días una carta al presidente de la Comisión del Diputado para que incluya en su registro de actividades que tiene derecho a esa pensión hasta el próximo mes de julio.

Leire Pajín, secretaria de Estado de Cooperación entre 2004 y 2008 y hoy, además de secretaria de Organización del PSOE, senadora por Valencia también cobrará dicha pensión hasta entonces. Ella sí lo especifica en su declaración de actividades en la que además, señala que forma parte de los patronatos de la Fundación Ideas, la Fundación Jaime Vera y la Fundación Pablo Iglesias y participa en tertulias y programas de televisión ocasionalmente y sin cobrar remuneración alguna. Asimismo, y como actividad privada, participa en cursos y conferencias ocasionalmente y declara que el dinero que percibe por estos conceptos lo dona "siempre" a ONG.

Otra ex ministra, Mercedes Cabrera, responsable del ministerio de Educación entre 2006 y 2009, tampoco señala que percibe la indemnización que le corresponde. Sí señala, en su lugar, que es miembro del Patronato de fundaciones como la Pablo Iglesias y Alternativas, entre otras.

En las fichas correspondientes a cada diputado, éstos especifican los cargos públicos que ocupan, aquellas actividades públicas a las que han renunciado, las prestaciones derechos pasivos (tanto las compatibles con su escaño como aquellas que hayan tenido que dejar), las actividades docentes extraordinarias y los puestos que desempeñan en sus partidos o grupos parlamentarios. También hay un apartado específico en el que se detallan las actividades de "producción y creación literaria, científica, artística o técnica", así como las publicaciones derivadas de ellas, es decir, si el diputado correspondiente escribe artículos o imparte conferencias y si cobra o no por ello.

En el caso del Senado, son varios los que compaginan su escaño en la Cámara Alta con otro en un parlamento autonómico aunque, según establece la ley, sólo cobran por uno de los dos conceptos. Así, altos cargos del PP como la propia María Dolores de Cospedal, Manuel Fraga, Javier Arenas o Alicia Sánchez Camacho, no reciben sus sueldos de parlamentarios regionales, como tampoco lo hace Juan José Imbroda, único senador que es presidente autonómico, en Melilla, función por la que tampoco cobra nada.