El penúltimo 'pelotazo' de Millet llega a los juzgados y salpica al consejero Castells

El antiguo prócer barcelonés, junto a su mano derecha, el ex director administrativo, Jordi Montull, quería construir un hotel de lujo al lado de las instalaciones del Palau. Fue una operación calculada en la que invirtió años y esfuerzos. El estallido del caso que lleva su nombre y que permitió descubrir el expolio de la entidad que presidía frustró su última maniobra. No habrá hotel ni comisiones millonarias que embolsarse, pero aumenta exponencialmente el asombro sobre las maniobras entre bambalinas del que en otras épocas había sido reverenciado, temido, respetado y odiado a partes iguales.

La operación de construcción del polémico hotel, tal y como había adelantado este diario, se inició en el 2003, cuando el Instituto de Hermanos de las Escuelas Cristianas cedió a la Fundación del Palau de la Música la propiedad de tres fincas situadas cerca de la sede de la emblemática institución. A cambio, la fundación debía realizar obras de remodelación en el colegio La Salle Comtal por valor de casi 4,5 millones de euros.

La querella presentada por la Fiscalía relata que, “utilizando la especial posición de sus cargos y aprovechando las relaciones personales generadas desde aquéllos, a finales del 2005 y principios del 2006, los querellados [se refiere a Millet y Montull, aunque se deja la puerta abierta a cualquier otra persona que resulte en la instrucción judicial que haya podido participar de la manera consciente en los hechos que se relatan a continuación] llegaron a hacer contactos con altos responsables del Gobierno de la Generalitat que finalmente llevaron a que el honorable consejero Antoni Castells, actuando como consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat, firmase el día 8 de marzo del 2006 un documento titulado Convenio entre la Generalitat de Cataluña y la Fundación Orfeó Català-Palau de la Música para la transferencia de aprovechamiento de diversas fincas”.

Por medio de este convenio, la Generalitat cedía la calificación de residencial que tenía un edificio suyo en la propia Plaza de Sant Jaume, con más de 5.500 metros cuadrados de techo, a los tres solares cedidos por la congregación religiosa a la fundación del Palau. Lo malo es que el consejero no realizó “el informe jurídico previo y preceptivo de la asesoría jurídica de aquel departamento que valorase la necesidad y utilidad de aquella operación de transferencia de calificaciones”. La Generalitat, eso sí, se reservaba el derecho a percibir el 37% del valor de las nuevas fincas si como resultado de la permuta su valor quedaba entre 15 y 16 millones de euros; o del 40% si el valor superaba los 16 millones. Pero si los solares pasaban a valer un euro menos de 15 millones, no vería ni un céntimo.

Una vez hecho el canje, “utilizando aquellos mismos procedimientos persuasivos citados que resultaban de su posición, establecieron con facilidad contactos con responsables políticos del Ayuntamiento de Barcelona”. Así, el 24 de octubre del 2006 firmaron un convenio -al que se sumó la Generalitat- con el primer teniente de alcalde, Xavier Casas, para modificar el plan general metropolitano (PGM) y se establecía que sería el arquitecto Óscar Tusquets (el mismo que había realizado la remodelación del Palau) haría el hotel. También se establecía que el techo edificable en las nuevas parcelas sería de 4.200 metros cuadrados y se reservaban 1.300 metros cuadrados del edificio de la plaza Sant Jaume como residencial para el propio Ayuntamiento “en cumplimiento de la cesión del 10% de aprovechamiento urbanístico de la operación”.

Concurso simulado

Aquella misma semana, los responsables del Palau fingieron una especie de concurso restringido y cerrado entre constructoras para ceder los terrenos. Hicieron que se presentasen diversas empresas (Olivia Hotels, Núñez y Navarro, Grupo Urbasco, Natur System, Gebira y Cril, entre otras) y el 20 de noviembre del mismo año firmaron con Olivia Hotels -cuyo dueño, Manuel Valderrama, estaba en el patronato del Palau- un convenio para la cesión de los derechos. Los representantes del Palau, sin embargo, no presentaron los documentos para la modificación del PGM hasta el mes de marzo del 2007, cuando ya había expirado el plazo legal, por lo que Generalitat y Ayuntamiento podían haber anulado la operación. Pero se hizo la vista gorda y se le dio trámite.

Una vez iniciado el procedimiento, el 12 de julio del 2007, Millet firmó un convenio con Olivia Hotels con diversas contraprestaciones: la fundación se quedaría con 15 plazas de parking y un local de 240 metros cuadrados; además, la constructora pagaría algo más de 3,6 millones de euros a la fundación. Esta cantidad era la que, “como mínimo, pretendían apoderarse los querellados como beneficio patrimonial desde el principio de sus gestiones”. Además, Olivia Hotels debía compensar a la Generalitat con más de 5,5 millones de euros por la pérdida de valor patrimonial del edificio de la plaza de Sant Jaume. Y, como último punto, también debía hacer las obras del colegio de La Salle Comtal por casi 4,5 millones de euros.

Al parecer, Millet ocultó esta venta a las Administraciones, aunque consta que Montull comunicó días después del Ayuntamiento que había cedido los derechos de construcción a Olivia Hotels. Sin embargo, durante meses, Millet y Montull continuaron con sus contactos de alto nivel para aprobar definitivamente el plan, lo que consiguieron en la comisión de Urbanismo del 10 de abril del 2008. Y para ello hicieron valer “contactos directos e indirectos con algunas autoridades y funcionarios municipales”. Y tanto en ese periodo como posteriormente, en periodo de alegaciones, el presidente del Palau presentaba los escritos oficiales en su nombre “dando siempre la apariencia de que la Fundación era realmente la promotora y única interesada en la construcción del hotel para poder ligar la operación mejor con un presunto interés público y de la fundación”.

Descubierto el expolio, saltaron las alarmas y finalmente la operación se echó atrás hasta quedar definitivamente rechazada en marzo de este mismo año. El pelotazo había sido neutralizado. Todos estos hechos, según los fiscales, pueden integrar sendos delitos continuados de tráfico de influencias y de apropiación indebida. Pero habrá que esperar a que la justicia dictamine si alguien más debe responder de este favoritismo de las administraciones. Sólo la instrucción del caso lo dirá.