diligencias preliminares del tribunal de cuentas

La Fiscalía aprecia "irregularidades" en la gestión de Maroto como alcalde de Vitoria

El dirigente del PP pudo incurrir en una “responsabilidad contable” al prorrogar el contrato del servicio de limpieza a FCC en 2014 estando pendientes de ejecutar servicios por valor de 820.846 euros

Foto: Javier Maroto, durante una reciente intervención en un acto del PP. (EFE)
Javier Maroto, durante una reciente intervención en un acto del PP. (EFE)

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas del Estado considera que el actual vicesecretario de Política Social del PP, Javier Maroto, incurrió en “irregularidades” durante su etapa de alcalde de Vitoria, al prorrogar el contrato del servicio de limpieza municipal a FCC en junio de 2014 por un periodo de un año cuando estaban pendientes de ejecutar servicios por valor de 820.846 euros. El Ministerio Público entiende que el dirigente del PP pudo incurrir en una “responsabilidad contable”.

Así lo refleja el fiscal jefe, Miguel Ángel Torres, en las diligencias preliminares que ha abierto el Tribunal de Cuentas para analizar la legalidad de esta actuación de Maroto al frente del Ayuntamiento de Vitoria. La intervención de este organismo se produce a raíz del informe de fiscalización de la cuenta general del consistorio del ejercicio 2014 realizado por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

El Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias preliminares para analizar la legalidad de esta actuación de Maroto al frente del ayuntamiento

En virtud de lo que se refleja en el informe del organismo fiscalizador vasco, la Fiscalía entiende que puede derivarse la existencia de “responsabilidad contable”. Según expone el Ministerio Público, en el contrato de limpieza urbana y recogida de residuos, adjudicado por el ayuntamiento a FCC por 160 millones de euros, las mejoras ofertadas por la empresa estaban pendientes de ejecución, y aun así “fueron sustituidas por otras mediante la tramitación de un modificado en octubre de 2013”. El contrato fue prorrogado por un periodo de un año “estando pendientes a dicha fecha prestaciones por un valor estimado por los técnicos municipales de 820.846 euros”. A este respecto, refleja que “no hay constancia” de que estos servicios “se hayan ejecutado finalmente”, a pesar de que el contrato se liquidó en 2015 para dar paso a uno nuevo, adjudicado también a FCC aunque ahora dentro de una UTE con GMSM, y que no estuvo exento de polémica.

La Fiscalía también apunta a otra posible irregularidad en la gestión de Maroto en el ejercicio de 2014 con la aplicación de forma general del abono de la prima de jubilación voluntaria a todas aquellas personas que se jubilan antes de los 65 años, “sin tener en cuenta las previsiones recogidas en la normativa actual que considera determinadas jubilaciones a edades anteriores como jubilaciones ordinarias”. El Ministerio Público entiende que estas “irregularidades” pueden dar lugar a que, en su caso, “se pueda plantear la correspondiente demanda para obtener el resarcimiento de los daños causados”.

La Fiscalía entiende que las "irregularidades" pueden derivar en una demanda para "obtener el resarcimiento de los daños causados"

Ahora, la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, que tiene competencia para llevar a cabo actuaciones para exigir a los responsables institucionales el reintegro de aquellas cantidades que considere obedezcan a una mala gestión del uso de los fondos públicos, ha abierto diligencias preliminares para abordar estas presuntas irregularidades. Por ello, ha pedido al Ayuntamiento de Vitoria, gobernado ahora por el PNV después de que EH Bildu le regalara la alcaldía para desalojar al PP del poder, que entregue la documentación relativa a los hechos y presente las alegaciones que estime oportunas.

No es la primera vez que el Tribunal de Cuentas pone su foco en la actuación de Maroto dentro del Ayuntamiento de Vitoria. Este organismo ya condenó en primera instancia al actual vicesecretario de Política Sectorial del PP y al presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, al pago de cerca de 400.000 euros por la firma de un polémico contrato de alquiler de unos locales a un precio superior al del mercado cuando ostentaban los cargos de concejal de Hacienda y alcalde respectivamente. No obstante, el denominado caso San Antonio fue archivado en segunda instancia después de que la Sala de Justicia de esta entidad estimara el recurso presentado por ambos dirigentes y el resto de los antiguos miembros del Gobierno municipal del PP.

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