los crímenes cometidos hace 20 años prescribirían

El arsenal que conservará ETA tras su desarme: más de 320 asesinatos sin resolver

La banda terrorista quiere poner al descubierto todo su material terrorista pero sigue en paradero desconocido la autoría del 40% de los atentados mortales cometidos durante la democracia

Foto: ETA asesinó en 2009 al inspector de Policía Eduardo Puelles con una bomba lapa en Arrigorriaga, Vizcaya (EFE).
ETA asesinó en 2009 al inspector de Policía Eduardo Puelles con una bomba lapa en Arrigorriaga, Vizcaya (EFE).

Si se atiende a la intención de ETA de proceder a su desarme definitivo para el próximo 8 de abril (anunciada de forma sorprendente al diario ‘Le Monde’ por el activista 'abertzale' Jean-Noël Etcheverry, uno de los integrantes de la 'sociedad civil' a los que la banda ha encomendado la “responsabilidad” de esta tarea), la organización terrorista entregará las armas con más de 320 asesinatos sin resolver en su arsenal. Es decir, ETA pone al descubierto su material terrorista pero sigue en paradero desconocido la identidad de los autores del 40% de sus atentados mortales. Dicho de modo directo: “Cuatro de cada diez asesinatos han salido gratis para sus autores y para ETA”, como ha lamentado la expresidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo Maite Pagazaurtundua.

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Bajo su mandato (la hoy europarlamentaria de UPyD lideró esta asociación entre 2005 y 2012 hasta su reemplazo por María del Mar Blanco), la Fundación de Víctimas del Terrorismo puso cifras a los asesinatos cometidos por ETA durante la democracia que no han sido esclarecidos por la Justicia: 326 en total. Este largo listado de crímenes sin resolver fue remitido a finales de 2011 a la Audiencia Nacional. Más de cinco años después, nada ha cambiado. La falta de pistas y las chapuzas cometidas durante la investigación de los crímenes llenan de piedras el camino. Ahora, el arma que amenaza a las víctimas es el paso del tiempo, ya que existe el riesgo de que buena parte de estos asesinatos sin resolver queden impunes por el paso de los 20 años que determina la ley para que prescriban.

Las víctimas confían en que las armas que entregue ETA puedan aportar pruebas para esclarecer algunos de los asesinatos, aunque es algo difícil

ETA, ahogada por la actuación policial, quiere proceder a su desarme. Queda pendiente que acometa la demandada exigencia de su disolución (si es que llega algún día). Y hasta ahí, porque ETA no va a cruzar la línea roja de ceder a la petición de colaborar con la Justicia para el esclarecimiento de los crímenes. Por ello, de producirse, la entrega de su arsenal terrorista abre una esperanza para las víctimas por si las armas pueden hablar. En este aspecto ha incidido el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, dentro de la cascada de valoraciones políticas a las intenciones de ETA: las armas que pueda aportar la banda terrorista son “pruebas importantes para que podamos esclarecer los más de 300 crímenes que siguen sin resolver”.

Pero es muy difícil que las armas 'canten'. Fuentes consultadas por El Confidencial consideran que ETA se habrá cuidado mucho para no dejar posibles huellas. Lo contrario sería asumir una derrota mayor. Así, a día de hoy, la vía para avanzar en el esclarecimiento de los asesinatos impunes pasa por la actuación judicial. Para coger velocidad en este camino, la Fundación Villacisneros ha cogido el volante con la puesta en marcha del denominado ‘Proyecto Dignidad’ junto al despacho de abogados Milans del Bosch para impulsar la reapertura de sumarios, tantos prescritos como sobreseídos, y promover su resolución. Esta entidad, nacida ahora hace una década para ayudar a las víctimas del terrorismo, está acometiendo desde el pasado año una actuación para identificar los casos sin resolver por "la falta de investigación efectiva por parte de las instancias judiciales, determinar en cada situación los pasos a seguir para lograr su esclarecimiento o delimitar las responsabilidades a las que haya lugar como consecuencia de errores o mala administración de la Justicia".

Miembros de la banda terrorista ETA declaran su último alto el fuego el 20 de octubre de 2011. (Gara)
Miembros de la banda terrorista ETA declaran su último alto el fuego el 20 de octubre de 2011. (Gara)

De momento, la Fundación presidida por Iñigo Gómez-Pineda ha logrado un “primer paso fundamental” con la decisión de la Audiencia Nacional de reabrir el sumario del asesinato del guardia civil Antonio Ramírez, de 24 años, y su novia Hortensia González, de 20, que fueron ametrallados en Beasain la noche de Reyes de 1979 cuando salían de una sala de fiestas. A los dos meses de cometerse el doble crimen, la causa fue sobreseída por “falta de autor conocido” y el asesinato nunca más se volvió a investigar. El pasado 12 de octubre el bufete de abogados presentó el primero de los escritos de solicitud de reapertura de un asesinato de ETA dentro del ‘Proyecto Dignidad’ personándose como acusación particular en nombre de la hermana de la víctima, Aurora González.

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Se trata del primero de una “larga lista de casos” que la Fundación Villacisneros pretende abrir a “medio-largo” plazo. En la actualidad, este organismo está trabajando en cuatro casos, dos prescritos y otros tantos sobreseídos, para tratar de reactivar su investigación de la mano de las familias, si bien apela a la discreción para no aportar mayor información. Hay más casos en cartera, pero la idea es no acometer muchos a la vez para ganar en eficacia. Cada sumario exige mucho trabajo y, además, cada paso de la Justicia es lento. “A medida que se vaya avanzando, veremos qué medidas se adoptan en función de las posibilidades y los resultados”, exponen desde la entidad.

La Audiencia Nacional ha reabierto el sumario del asesinato de 'los novios de Cádiz', que fueron ametrallados la noche de Reyes de 1979

A este respecto, puede haber un antes y un después si, al hilo del asesinato de los conocidos como ‘los novios de Cádiz’, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determina que los delitos de ETA están sujetos a los convenios internacionales y no prescriben, ya que sentaría jurisprudencia para el resto de casos. “Se podría abrir una brecha muy importante para avanzar en los crímenes sin resolver”, resaltan.

La Fundación de Víctimas del Terrorismo habla de 326 crímenes sin esclarecer pero el colectivo de víctimas del País Vasco, Covite, eleve la cifra a más de 400 si se atiende a los amnistiados en 1977, a las sentencias absolutorias para los procesados (y que dejan estos casos sin resolver al no haber fallo condenatorio contra sus autores) y a las resoluciones judiciales que no han condenado a todos los implicados. La asociación presidida por Consuelo Ordóñez llevó a cabo una investigación que constató graves negligencias policiales e irregularidades judiciales en la instrucción de muchos asesinatos, como investigaciones cerradas en menos de 24 horas o informes de balísticas que han tardado más de 30 años en llegar a la Audiencia Nacional.

Investigar los crímenes sin resolver es una de las grandes demandas de las víctimas para que se asienten los pilares de la memoria, la reparación y la Justicia. De hecho, la falta de respuesta a esta reivindicación ha sido motivo de fricción entre las víctimas y el Gobierno de Mariano Rajoy. Se sigue sin atender a las peticiones de las víctimas de ETA para abrir diligencias mientras los plazos se consumen. Más de un centenar de estos asesinatos ya están prescritos y no llega la práctica de nuevas diligencias judiciales para evitar que otros muchos crímenes crucen el umbral de los 20 años que determina su entierro. Covite pide poner rostro a los autores de todos los asesinatos pendientes por resolver, hayan o no prescrito, porque así al menos se “resarciría” a los familiares de las víctimas.

País Vasco

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