El PNV exigirá a Rajoy libertad para que cada autonomía fije el horario de sus funcionarios

El comienzo del deshielo de las relaciones institucionales entre el Gobierno español y vasco, y que ha abierto la puerta a un entendimiento en materia presupuestaria entre el PNV y el PP, ha recibido un jarro de agua fría con la decisión de la Justicia de anular la jornada la jornada laboral semanal de 35 horas establecida para los funcionarios vascos. El Ejecutivo de Iñigo Urkullu, que ya ha anunciado que recurrirá ante el Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), se ha vuelto a sentir atacado por el gabinete de Mariano Rajoy por mantener su lucha en los tribunales en un nuevo periodo en el que ambas partes se han comprometido a tratar de resolver las diferencias fuera de los pasillos judiciales y por la vía del diálogo.

A la batalla del Estado en los tribunales, el Gobierno vasco va a responder con otra batalla, pero fuera de la Justicia, en el Congreso, a donde el PNV pretende unir a la oposición para hacer la pinza a Mariano Rajoy, para obligar al Ejecutivo español a suprimir la Disposición adicional aprobada en la Ley 2/2012 de los Presupuestos Generales del Estado que fijaba la jornada laboral para los funcionarios de todas las comunidades en 37,5 horas.

Euskadi recuperó en febrero la jornada laboral de las 35 horas semanales para sus 70.000 funcionarios con un decreto que instauró una situación que se comenzó a aplicar en el año 2000 pero que Rajoy echó por tierra doce años después con una Ley de Presupuestos Generales que contenía fuertes ajustes encaminados a reducir el gasto en el sector público. Precisamente, el TSJPV ha derogado el decreto del Gobierno vasco por vulnerar esta normativa estatal de 2012 que fijaba una jornada laboral semanal mínima de 37,5 horas tras estimar el recurso del Ejecutivo de Rajoy, que alegaba en su demanda que el gasto público se disparaba con esta reducción de las horas y, por consiguiente, afectaba de lleno a la estabilidad presupuestaria.

El PNV se dispone a tejer alianzas parlamentarias en las Cortes para contar con la mayoría suficiente para derrotar a Rajoy más allá de los tribunales

De momento, Euskadi mantendrá operativas las 35 horas semanales para el funcionariado ya que sostiene que el decreto aprobado en febrero está vigente hasta que no se posicione el Tribunal Supremo sobre el recurso de casación que va a interponer a la mayor brevedad. Y al camino judicial le va a seguir la vía del Congreso, donde el PNV pretende infligir una severa derrota a Rajoy con la ayuda de la oposición. La formación 'jeltzale' sabe que en esta batalla cuenta al menos con el respaldo del PSOE, que pretende aplicar su propio calendario laboral a los funcionarios en aquellas comunidades en las que gobierna.

Ahora, al mismo tiempo que negocia los presupuestos con el PP, el PNV se dispone a tejer alianzas parlamentarias en las Cortes Generales para contar con la mayoría suficiente para derrotar a Rajoy más allá de los tribunales. Ahora, estará por ver cómo afecta a esta situación al clima de entendimiento abierto para llegar a un pacto para las cuentas públicas de 2017, con la formación de Andoni Ortuzar llamando a las puertas de todos los partidos para crear un frente anti-Rajoy.

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha denunciado este martes que esta "intromisión" en las competencias de las comunidades autónomas, que durante más de tres décadas vinieron ejerciendo su facultad para fijar la jornada laboral de sus funcionarios, es fruto del rodillo de "la mayoría absoluta" que aplicó el PP durante la pasada legislatura y que le llevó a incorporar esta disposición adicional en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2012. Por ello, ha llamado a los grupos a "cerrar filas" para forzar a su derogación con el apoyo de los demás grupos.

¿Exigencia para los Presupuestos?

A este respecto, incluso ha dejado caer que la eliminación de esta disposición que fija la jornada laboral de los funcionarios podría recogerse en la Ley de Presupuestos Generales de 2017. "Sería una gran oportunidad que una disposición básica que genera tantos problemas, claramente recentralizadora, antisocial e impuesta por la mayoría absoluta de Mariano Rajoy en la Ley de presupuestos de 2012 se suprimiera sencillamente con el apoyo de los grupos parlamentarios en la Ley de presupuestos de 2017", ha expuesto.

La batalla que ahora comenzará a librar el PNV en el Congreso se va a sumar a la lucha que va a iniciar el Gobierno español en los tribunales con la demanda interpuesta contra la 26 promoción de la Ertzaintza y que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu considera otro "ataque" e "intromisión" al autogobierno vasco. Estas dos cuestiones han venido a enrarecer un clima de entendimiento que, en todo caso, se mantiene abierto, según confirman ambas partes. Los pasillos del Congreso van a echar humo estos días.