El PSOE asume el lenguaje ‘abertzale’ y pide cortar la 'política penitenciaria de excepción'

El acuerdo de gobernabilidad alcanzado con el PNV en Euskadi ha llevado a los socialistas vascos a asumir sobre el papel el acercamiento de los presos de ETA como una prioridad de acción en materia de paz y convivencia entre un cierto malestar en Ferraz por el relevante peso que se le otorga a esta cuestión. Ahora, apenas dos semanas después de la puesta en marcha del nuevo Gobierno vasco, los socialistas ya han hecho suya esta reivindicación a nivel institucional, en el Parlamento de Guipúzcoa, donde se han sumado a PNV, EH Bildu y Podemos para pedir al Estado un cambio en la política penitenciaria.

Pero no se quedan ahí. En esta ocasión, el PSE ha ido un paso más allá, ya que no se limita a pedir el acercamiento de los presos sino que adopta reivindicaciones históricas de la izquierda ‘abertzale’ y hasta su lenguaje. Así, asume que en España se aplica una “política penitenciaria de excepción” y denuncia las “consecuencias injustas” que tiene para los presos y sus familiares. Por ello, exige al Gobierno de España que “libere” a los allegados de los etarras encarcelados de “la carga económica, la carga humana y los peligros que conlleva el alejamiento” y reclama que se dé apoyo institucional a los presos y a los familiares que están “sufriendo” esta política carcelaria.

Los socialistas han consensuado un documento en las Juntas Generales de Guipúzcoa junto a PNV, EH Bildu y Podemos a raíz de una propuesta de resolución impulsada por la antigua Batasuna para “la prestación de apoyo a las personas presas y familias que están sufriendo la política penitenciaria de alejamiento”. El documento, que consta de ocho puntos, asume la mayoría del contenido de la iniciativa original de la coalición ‘abertzale’ y que constaba de cinco apartados.

El texto definitivo, que se aprobó el pasado miércoles en el pleno con el único rechazo del PP, acusa al Gobierno de Mariano Rajoy de aplicar a los presos de ETA una política “contraria al fin resocializador de las penas” y de incumplir la Ley Orgánica General Penitenciaria en relación a la necesidad de “evitar el desarraigo social” de los encarcelados. Por ello, los firmantes de la iniciativa le emplazan a “reorientar” la política penitenciaria para que, “además de fijar como objetivo fundamental la reinserción, atienda las problemáticas de mayor incidencia humanitaria y desarrolle una política asentada en el cumplimiento activo de los derechos” de los presos.

Con su apoyo al documento, que será remitido al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, el PSE hace suya la denuncia de las “consecuencias injustas” que sufren los familiares de los presos de ETA, entre ellas “los fatales accidentes de tráfico que se han producido” durante los viajes a las cárceles. Por ello, hace un llamamiento al Ejecutivo español a “secundar el principio de humanidad” y trasladar a los presos a prisiones del “entorno familiar”. En este sentido, pide a la Diputación de Guipúzcoa como principal institución del territorio a que “dé apoyo” a los etarras encarcelados y a sus allegados, y “les ayude en la medida que le sea posible”, si bien no especifica qué tipo de ayuda.

El respaldo a las reivindicaciones del mundo nacionalista llega después del acuerdo de gobernabilidad suscrito en Euskadi con el PNV

Entre las exigencias al Ejecutivo español, los socialistas reclaman una “aplicación no restrictiva” del artículo 104.4 del Reglamento Penitenciario a los presos de ETA con “enfermedades graves e incurables”, los cuales, aseguran, están atravesando una “delicada situación”. Este artículo, relativo a “los casos especiales”, determina que “los penados enfermos muy graves con padecimientos incurables, según informe médico, con independencia de las variables intervinientes en el proceso de clasificación, podrán ser clasificados en tercer grado por razones humanitarias y de dignidad personal, atendiendo a la dificultad para delinquir y a su escasa peligrosidad”. En la práctica, supone la demanda de la excarcelación de estos presos aunque esta palabra no aparece reflejada en el texto consensuado por los cuatro partidos.

La iniciativa en las Juntas Generales de Guipúzcoa constituye la primera ocasión en la que el PSE ha tenido que fijar posición institucional en relación a los presos de ETA tras su acuerdo de gobernabilidad en Euskadi con el PNV, y que clamaba por su acercamiento a las cárceles vascas. La respuesta de ahora de sumarse a las históricas reivindicaciones del mundo nacionalista contrasta con la actitud que los socialistas han venido manteniendo a lo largo de esta legislatura en el Parlamento guipuzcoano, donde se han opuesto a anteriores propuestas en apoyo a los presos de ETA. Así, por ejemplo, en febrero de este año rechazaron sumarse a PNV, EH Bildu y Podemos para emplazar a los partidos políticos a que, dentro de las negociaciones para conformar Gobierno, llegaran a un acuerdo a favor de los “derechos” de los etarras encarcelados. Entonces, no avalaron pedir que se ponga fin a la “política penitenciaria de excepción” que se aplica a los presos terroristas, algo que ahora sí han respaldado.

El acercamiento de los presos a Euskadi es una demanda que ha venido defendiendo el PSE, que recogió esta medida en su programa electoral de cara a los comicios del 25 de septiembre, si bien hasta ahora el socialismo vasco no había otorgado tanta preponderancia a esta cuestión a la hora de avanzar en el ámbito de la paz y la convivencia. De hecho, en Ferraz provocó recelos el acuerdo de gobernabilidad suscrito con el PNV, y que no conoció en su integridad hasta una vez firmado por la dirección de los socialistas vascos que encabeza Idoia Mendia, abiertamente ‘sanchista’, ya que ha supuesto asumir gran parte de las reivindicaciones nacionalistas. Así, a la asunción “prioritaria” de la cuestión de los presos para contribuir al “final ordenado de la violencia” se une la puerta abierta dejada al reconocimiento de Euskadi como nación y a la consulta sobre el derecho a decidir dentro de la reforma del Estatuto de Gernika.

El carácter preferente que han otorgado el PSOE y el PNV al acercamiento de los presos para contribuir a la pacificación contrasta con el sentir de la ciudadanía vasca, ya que solo el 24% de la población cree que trasladar a los etarras encarcelados a prisiones de Euskadi favorecerá el proceso de convivencia, según determina el último informe del gabinete de prospección sociológica del Gobierno vasco. Pese a ello, el PSOE ha adoptado el compromiso de presentar junto con el PNV una proposición no de ley en el Congreso para “favorecer el acercamiento” de los reclusos en virtud de un acuerdo de gobernabilidad que ha aportado a los socialistas tres carteras de menor peso (Turismo, Vivienda y Trabajo) dentro de un Ejecutivo vasco ampliado hasta los once departamentos.