Los otros pactos PSE-PNV: acercar presos de ETA y activar la conflictividad con Madrid

El acuerdo de gobierno suscrito con el PNV a cambio de la entrada en el próximo Ejecutivo de Iñigo Urkullu con tres carteras de menor peso supone la asunción por parte del PSOE de gran parte del discurso nacionalista en materia de autogobierno y de paz y convivencia. Así, abierta la puerta al reconocimiento de Euskadi como nación y a la consulta sobre el derecho a decidir, siempre dentro de "la legalidad", los socialistas hacen suya la petición "prioritaria" del traslado de los presos de ETA a Euskadi para contribuir al “final ordenado de la violencia” en el País Vasco. Además, adoptan la denuncia de la formación ‘jeltzale’ en relación a la permanente agresión del Estado al País Vasco y sus instituciones dentro de un pacto que, incluso, incita a la conflictividad con el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

[Consulte aquí en PDF el acuerdo de gobierno de PNV y PSE]

De hecho, el acuerdo entre el PSOE y el PNV deja bien cerrado y atado un mecanismo de actuación contra el Estado en caso de que cualquier departamento del futuro Ejecutivo de Urkullu detecte “vulneraciones del autogobierno vasco” o posibles "intervenciones en el ámbito económico-financiero". Esto es, si una cartera en manos de la formación nacionalista percibe bajo su prisma un ataque del Ejecutivo español, los socialistas deberán respaldar todas las actuaciones encaminadas a hacer frente al Gabinete de Mariano Rajoy.

Los socialistas abrazan el alegato nacionalista sobre la existencia de un “fuerte impulso recentralizador” en el Estado que “desconoce la voluntad política territorial e ignora su pluralidad y diversidad”. Por ello, aceptan como “urgente e inaplazable” el “arbitrar mecanismos institucionales más eficaces para la defensa del autogobierno vasco”. El acuerdo se fundamenta en la máxima de que no hay mejor defensa que un ataque, y faculta al “departamento competente en materia de defensa del autogobierno” a actuar con “propuestas de toda índole” para ir “en defensa del autogobierno vasco, de las competencias atribuidas a Euskadi y de la organización institucional de la comunidad autónoma”, ya sea vía “proceso constitucional o judicial”.

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Actitud proactiva en los tribunales

Este departamento estará habilitado para realizar de oficio o a instancias del resto de áreas del Ejecutivo de Urkullu informes sobre “la legalidad constitucional y el respeto al Estatuto de Gernika de las iniciativas normativas del Estado”, tras “consulta con el departamento sectorial afectado”. Este será quien eleve al Consejo de Gobierno la actuación que considere oportuna, con vistas a frenar toda aspiración recentralista. Hasta la fecha, el Gobierno español ha mantenido una actitud proactiva en los tribunales para atajar leyes emanadas del Ejecutivo o del Parlamento vasco, pero ahora el Gobierno de Urkullu pretende pagar con la misma moneda y convertirse en un agente activo en la vía judicial ante normas estatales. En todo caso, se establece como paso previo a la conflictividad judicial el envío de “una carta de cooperación” para requerir al Ejecutivo español su intervención en la “búsqueda de soluciones preventivas”.

El pacto ata un mecanismo contra el Estado si se detectan “vulneraciones del autogobierno vasco” o "intervenciones en el ámbito económico-financiero"

Este mecanismo de actuación anti-Rajoy se fundamenta en el compromiso adquirido por PNV y PSE de “poner especial celo” a la hora de evitar “la intromisión” del Estado en la gestión de las instituciones vascas o su “intervención sobre la política financiera y fiscal vasca sin respetar el concierto económico”.

El acuerdo, cerrado por los comités negociadores este fin de semana, fue ratificado este lunes por los máximos órganos de ambos partidos y será firmado este martes, lo que garantiza el apoyo del PSE a la investidura de Urkullu este jueves en segunda vuelta por mayoría simple, a cambio de las carteras de Turismo, Vivienda y Trabajo dentro de un Ejecutivo engordado con más consejerías. En la gestora del PSOE, que no ha estado al corriente de todo lo que se ha cocinado con el PNV desde Euskadi en el terreno del detalle, existe cierto recelo sobre el acuerdo suscrito por los socialistas vascos, abiertamente sanchistas. Eso sí, el PSE va a tener sus mayores cotas de poder institucional en Euskadi con sus mínimos históricos de apoyo. El acuerdo para entrar al Gobierno vasco se une al pacto para dar estabilidad a Euskadi suscrito el pasado año, que implica gobiernos en coalición en las tres diputaciones y los principales ayuntamientos vascos.

Cierto malestar en Ferraz

Entre las cuestiones asumidas, en Ferraz existe cierta prevención por el fuerte peso que se otorga a la transferencia de la política penitenciaria y al acercamiento de los presos a Euskadi en materia de paz y convivencia. Los capítulos sobre “La convivencia y los derechos humanos” y “Más y mejor autogobierno” han sido los más complicados de hilar para posibilitar el entendimiento entre socialistas y nacionalistas, que se ha estructurado en "la libertad” de ambos partidos para defender sus postulados ante la reforma del Estatuto de Gernika, que, no obstante, deberá discutir sí o sí y en un plazo máximo de ocho meses el “reconocimiento de Euskadi como nación” y “el derecho a decidir del pueblo vasco”. En estos dos polémicos capítulos, la transferencia de la política penitenciaria y la cuestión de los presos de ETA se reivindican hasta en cinco ocasiones en las 19 páginas de las que constan (los otros dos apartados, denominados “El empleo, la reactivación y la sostenibilidad” y “El desarrollo humano, la integración social, la igualdad y los servicios públicos de calidad”, suponen 52 de las 71 páginas del documento).

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El acercamiento de los presos a Euskadi es una cuestión que el PSE viene defendiendo (su programa electoral de cara al 25-S recogía esta medida), pero hasta ahora el socialismo vasco no había otorgado una relevancia preponderante a esta cuestión. Los presos de ETA han ocupado un segundo plano dentro de una propuesta que prioriza las medidas individuales de reinserción a partir del reconocimiento del daño causado. Este planteamiento lo ha llevado a desmarcarse de los acuerdos que han cocinado EH Bildu y PNV en las instituciones vascas, algunas de ellas gobernadas por socialistas y ‘jeltzales’. Sin embargo, los socialistas han adoptado el compromiso de presentar junto con el PNV una proposición no de ley en el Congreso para “favorecer el acercamiento” de los etarras encarcelados a “prisiones cercanas a su entorno familiar”, cuestión hasta ahora exclusiva del nacionalismo en las Cortes Generales.

El carácter preferente que otorgan el PSE y el PNV a los presos contrasta con el sentir de la propia ciudadanía vasca, ya que solo el 24% de la población cree que trasladar a los etarras encarcelados a prisiones de Euskadi favorecerá el proceso de paz y convivencia, según refleja el reciente informe del Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno vasco. La encuesta también determina que uno de cada cinco vascos desconoce qué políticas lleva a cabo el Ejecutivo de Vitoria a favor de las víctimas del terrorismo.

Ferraz acoge con tibieza un "buen acuerdo" para Euskadi y España

Por Juanma Romero 

No habrá portazo al PSE ni nada por el estilo. Es cierto que el desconocimiento del contenido concreto acuerdo con el PNV hasta este lunes generó un cierto resquemor en Ferraz, pero no se opondrá al Gobierno de coalición. El portavoz de la gestora, Mario Jiménez, se desdobló este lunes, en Cuatro y en la Cadena Ser, antes y después de que trascendiera el documento. Una "buena fórmula" y una "buena noticia para España y para Euskadi", un pacto "bueno y positivo", glosó. 

Por la noche, en la radio, el dirigente andaluz reconoció que la gestora analizará con detenimiento cuestiones "sensibles", "delicadas", como los capítulos dedicados al autogobierno y al proceso de paz. Pero el PSOE confía en su federación vasca. "Nos da mucha tranquilidad que en el texto se establecen que los límites del diálogo seguirán el marco constitucional y la legislación vigente, como no podría ser de otra manera". El PSE, abundó en la Ser, vigilará "el cumplimiento de la ley y de los acuerdos y resoluciones del PSOE".

El pacto es "bueno para España" porque garantizará "el cumplimiento de la legalidad" ante el debate territorial, sostuvo por su parte el número dos del PSOE andaluz, Juan Cornejo. Su jefa, Susana Díaz, también lo vio "razonable" porque abre "un camino diferente" para España. Los aplausos llegaron igualmente de otras federaciones socialistas y del PSC. Aunque la aprobación más entusiasta provino de Pedro Sánchez y de sus fieles. 

En el sector alineado con la gestora, en privado, se insistía en que el documento, aunque con una redacción a veces difusa para contentar al PNV, no suscita problemas dentro del PSOE. Pero sí se escuchaban algunas críticas al PSE y a los sanchistas, por sus "contradicciones", por haber defendido el "no es no" a la derecha y pactar con el PNV y por no someter finalmente el acuerdo a la consulta de las bases, pese a que la apelación a la militancia es santo y seña de los afines al ex secretario general.