El Congreso estudia indemnizar a los 200.000 vascos expulsados por ETA

La primera proposición de ley que tramitará el Congreso de los Diputados esta legislatura tendrá que ver con lasvíctimas del terrorismoy, de aprobarse, situará a España como el país de la Unión Europea que reconoce más desplazados internos, ciudadanos expulsados de un territorio que se trasladan a otra zona para evitar una amenaza. Se trata, en concreto, de las personas que durante los últimos 50 años tuvieron que abandonar el País Vasco con motivo de la presión ejercida contra ellos por la banda terrorista ETA.

Según estimaciones reflejadas en el informe 'Proyecto Retorno', elaborado por el Instituto Vasco de Criminología en 2011, hay entre 60.000 y 200.000 personas que han abandonado la comunidad autónoma como consecuencia de la amenaza de la organización armada. Para hacer el cálculo, el documento se basó en diferentes estudios, como el del economista Julio Alcaide, aunque también en los censos de población, en fuentes policiales y en expedientes del Consorcio de Compensación de Seguros. "De ellos, no sabemos cuántos querrían volver, a dónde exactamente, en qué momento y en qué condiciones", apuntó el informe.

El fenómeno de los ciudadanos vascos expulsados por ETA también fue reconocido por el defensor del pueblo autonómico, el Ararteko, que en 2009 admitió la existencia de "muchas personas" forzadas a huir de su tierra a otras regiones de España con el fin de conservar su vida. Incluso el que fuera comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Álvaro Gil Robles, emitió un informe en 2001 en el que señaló que había detectado que había vascos que fueron "perseguidos" y tuvieron que "emigrar" fuera de la comunidad "para salvar su vida".

La propuesta normativa, presentada por la asociación Dignidad y Justicia el pasado 31 de octubre, justo un día después de la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, reconoce a los expulsados del País Vasco como víctimas del terrorismo, con todos los derechos que ello conllevaba, y como desplazados internos según la terminología utilizada por el estatuo de Naciones Unidas que además invoca el propio texto, denominado oficialmente Proposición de Ley de Políticas Públicas de Memoria de las Víctimas de ETA.

El borrador, que utiliza el mismo planteamiento de la ley de memoria histórica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero solo que con distinto victimario (Franco por ETA), prevé la creación de un catálogo de lugares de la memoria que recuerde a los que perdieron la vida de manos de los terroristas y ordena obligar a los ayuntamientos vascos a poner calles con nombres de víctimas de la banda terrorista como modo de reconocer públicamente a los héroes. Esto último lo denomina la potencial norma como los deberes positivos de la memoria, en línea con la retirada del callejero franquista promovido por la ley del PSOE.

Restituir el patrimonio y el voto

La proposición legislativa contempla la puesta en marcha de un consejo estatal de políticas públicas de memoria que canalizará las iniciativas y gestionará un fondo que financie trabajos científicos, investigaciones y proyectos artísticos que fomenten la memoria de "las víctimas de ETA y de la izquierda 'abertzale' violenta", como denomina el texto al victimario. También reconoce el "derecho imprescriptible a la reparación" en todas las formas previstas por el Estatuto de las Víctimas de Naciones Unidas, que incluirá –ya en un futuro desarrollo legislativo– la restitución del patrimonio perdido por los expulsados y la devolución de su derecho al voto, entre otras formas de compensación del daño causado.

La normativa propuesta reconoce a los expulsados del País Vasco como víctimas del terrorismo, con todos los derechos que ello conllevaba

El objetivo de la propuesta es sentar las bases para la reparación, como explica a El Confidencial su redactor, el abogado especializado en derechos humanos Miguel Ángel Rodríguez Arias, impulsor entre otros asuntos de las primeras leyes para la investigación de la identidad de los niños robados –que prevén la creación una unidad policial específica– o de la pionera causa que dirige la Audiencia Nacional contra ETA por el delito de lesa humanidad. Según Rodríguez Arias, las medidas concretas de reparación irán cogiendo forman conforme avance el desarrollo de la legislación.

La proposición de ley reconoce también el derecho de las víctimas a ser informadas sobre el avance de la investigación de los 379 asesinatos perpetrados por la banda que todavía están sin resolver y estipula que la Fiscalía General del Estado tendrá la obligación de presentar un informe cada año sobre la evolución de cada uno de esos casos, documento que los afectados podrán responder pidiendo aclaraciones específicas.

La norma planteada por Dignidad y Justicia apunta en la línea que está señalando la Dirección General de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, que lleva meses concediendo reconocimientos honoríficos a los ciudadanos vascos que tuvieron que huir de su tierra por el acoso que estaban sufriendo por parte de ETA, como confirmó la directora del organismo, Sonia Ramos, el pasado julio.

Según publicó El Confidencial, Ramos explicó que la dirección general ha concedido hasta el momento más de 120 menciones y ayudas económicas a ciudadanos que tuvieron que abandonar su patria por las amenazas de ETA. Según la responsable de víctimas del Ministerio del Interior, el dinero se entrega a los afectados con el fin de paliar los gastos que conllevó la mudanza, la escolarización de los niños, los daños psicológicos y otros perjuicios ocasionados a causa del desplazamiento, lo que vendría a poner patas a la iniciativa legislativa presentada el pasado 31 de octubre en el Congreso.