La oposición carga contra los primeros recortes del Gobierno de Artur Mas

Las medidas de austeridad anunciadas ayer por el nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, ya tienen respuesta desde la oposición, que no se las acaba de creer. Mas hizo público que su gabinete ha recortado el número de altos cargos de 177 a 136 (un 23% menos), una medida que tiene cierta lógica si tenemos en cuenta que el número de consejerías se ha reducido de 14 a 11 (o de 15 a 12, si se cuenta la Presidencia). Este descenso de personal político en la estructura de la Administración irá acompañado, en las próximas semanas de un drástico recorte de los cargos de confianza, es decir, los asesores que cada departamento tiene para sus distintas áreas. Y aún más: la mayoría de los contratos laborales temporales no se renovarán. Mas dejó claro que la reducción de los cargos políticos el 23% es continuación de la política de austeridad iniciada con el recorte del número de consejerías y responde a la intención de eliminar “aquello que es prescindible”.

La última fase del maquillaje de la Generalitat es la racionalización de las empresas y organismos que dependen de la misma, que comenzará a finales de este semestre. De hecho, el Tripartito ya había encargado un informe que aconsejaba la supresión de más de un centenar de empresas, fusionándolas, recortando sueldos de directivos y ajustando plantillas. La primera fase, que el Tripartito puso en marcha antes de las elecciones, pasa por la desaparición paulatina de más de 60 organismos. Ahora será Mas el que ha de afinar la puntería y decidir las acciones concretas que debe tomar el Ejecutivo.

Porque la cosa no está para bromas. El presidente catalán reconoció ayer, tras la primera reunión operativa del nuevo gobierno, que el déficit de la Generalitat puede sobrepasar los 7.000 millones de euros, a pesar de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera marcó como objetivo que llegara a sólo 2.600 millones. Por tanto, como dijo Mas, “la situación es delicada”, aunque superable. Y, para ello, son necesarios duros ajustes de las finanzas, que posiblemente no se recuperen hasta el año 2013. “No serán tiempos fáciles, tenemos que ponernos a trabajar”, afirmó tras señalar que deberá tomar medidas impopulares e incluso acudir a la emisión de bonos como los que el Tripartito sacó al mercado en cinco ocasiones durante este año.

Por ello, a la oposición el hecho de recortar un puñado de altos cargos no le parece una medida que influya mucho en la contención del gasto público. “Estas medidas, de momento, parecen operaciones de puro maquillaje”, criticó el presidente del grupo parlamentario socialista, Joaquim Nadal, que apuntó a que la eficiencia se consigue con “una mayor austeridad, un mayor control del gasto y la reactivación de la economía”. Nadal subrayó que las medidas detalladas por el president “son más simbólicas que reales y están todavía muy lejos de los recortes que había anunciado. Seguiremos muy de cerca las diferentes fases de este proceso para que no queden en simples golpes de efecto para justificar mensajes de campaña”.

Fuentes socialistas manifestaron también a El Confidencial que habrá que esperar “a ver si el recorte del 25% de los cargos de confianza que prometió Mas en campaña se cumple. De momento, se han comenzado a producir ceses de personal eventual en la Generalitat, pero no tenemos la completa seguridad de que no se contrate igualmente a otro tanto personal en los próximos meses. Es pronto para poder valorar las intenciones del nuevo Gobierno”.

El portavoz del PP en el Parlamento, Enric Millo, fue también tajante. “Artur Mas no anunció nada nuevo, plantea decisiones que se quedan cortas y, además, el plazo para aplicarlas es demasiado largo”, clamó ayer, al tiempo que calificaba de “decepcionante” la actitud del nuevo Gobierno porque CiU sabía hacía meses que podía gobernar y debía tener preparada una batería de reformas “más drásticas e inmediatas para la recuperación económica del país”. Para Millo, “las empresas públicas tienen un coste muy elevado que se podría reducir de manera inmediata y no esperar seis meses, como contempla el Gobierno de CiU”. Por su parte, Iniciativa per Catalunya (ICV) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) coincidieron al criticar las medidas adoptadas por el nuevo gabinete convergente. Y una de las medidas que aseguran que ayudaría a paliar el déficit público sería el mantenimiento del Impuesto de Sucesiones, que Artur Mas quiere suprimir. Para los dos partidos que estaban en el anterior Gobierno, este impuesto afecta especialmente a las rentas más altas y que, lógicamente, pueden soportar mejor la presión fiscal. Pero, si se suprime, la Administración dejará de ingresar 600 millones de euros. De todos modos, la intención de Artur Mas es aplicar a rajatabla las medidas que lanzó machaconamente durante la campaña electoral y una de las más importantes es enviar “un mensaje de austeridad desde el primer momento” a los ciudadanos.