La Oficina Antifraude concluye que Ferrovial cometió “soborno pasivo impropio” en el Palau

Nunca llueve a gusto de todos. La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) presentó ayer un voluminoso informe de 158 páginas sobre las irregularidades detectadas en el Palau de la Música de Barcelona, después de analizar los documentos que se habían enviado en la comisión parlamentaria de investigación sobre el tema y de escuchar a los testigos que pasaron por esta comisión. El informe no puede dejar tranquilo a nadie. “La fórmula prevista con carácter general en el reglamento del Parlament para sustanciar las comparecencias [de los testigos llamados a declarar], a la luz del presente caso, se podría haber revelado como inadecuada”, advierte el texto de la OAC, que dirige el ex fiscal David Martínez Madero. Y señala que, como a los comparecientes se les deja un primer turno, pueden leer un alegato propio y negarse posteriormente a responder a las preguntas. “Esto supone privar de todo sentido a la comparecencia y dejar en manos de la persona convocada y no de los representantes del pueblo, el dominio del acto”.

La Oficina reconoce que algunas empresas, como Hispart, “jamás realizaron trabajos para el Palau” que se correspondieran con los elevados importes facturados y cobrados. En concreto, esta compañía facturó alrededor de un millón de euros. Las extrañas relaciones de algunas empresas que facturaban al Palau pero que también trabajaban para Convergència o para su fundación, la Trias Fargas, tienen su minuto de gloria en el informe de la Oficina Antifraude. Uno de los representantes de dos empresas (Newletter y Letter Graphic), que facturaron también alrededor de un millón de euros en dos años, fue desmentido por sus trabajadores. “Corresponde a la Cámara comunicar formalmente al ministerio fiscal la posible comisión por parte del señor Muñoz de un delito de falso testimonio previsto en el artículo 502.3 del Código Penal”, dice el texto. Y critica los alarmantes olvidos o amnesias de algunos de los comparecientes e incluso “el menosprecio grosero del Parlamento y de sus integrantes” por parte del representante de Hispart.

También reconoce la OAC que “no resulta creíble” que una empresa como Ferrovial, que dio más de 12 millones de euros al Palau de la Música entre 1997 y 2009, haga esto “sin ningún control. Es frontalmente contrario a la realidad e incompatible con el funcionamiento racional de un operador económico”. Y explica que si esta constructora quería patrocinar los conciertos inaugurales de la institución musical e invitar a ellos a lo más granado del mundo político, como dijeron sus representantes, “podría encajar perfectamente en la modalidad de soborno pasivo impropio, ya que parece fuera de toda discusión que el regalo lo reciben, precisamente, en consideración a su cargo”.

Habla el informe de un “ambiente de impostación” y subraya: “Apariencia, frivolidad e irresponsabilidad formaban, esta vez sí, un cóctel peligroso”. Y continúa: “Raya el cinismo más absoluto afirmar, como ha hecho este compareciente [se refiere a Juan Elizaga, responsable de Relaciones Institucionales de la compañía], que no se tenía ningún control sobre el destino de más de 11 millones de euros [se refiere al periodo de 1999 a 2007] y, al mismo tiempo, mostrarse en estado de shock, usando sus propia palabras”.

También deja claro que en el año 2008, por ejemplo, los gastos de personal pasaron de 1,2 millones a 2,7 millones y este incremento se dio entre los miembros del comité de dirección. Eran los sobresueldos del ex presidente, Fèlix Millet, de su mano derecha, Jordi Montull, y de la directora general, Rosa Garicano, entre otros. Además, entre 2008 y 2009, empresas vinculadas a Millet y Montull facturaron un total de 982.739,24 euros para justificar esos bonus o sobresueldos. También detectó varios grupos de empresas que emitieron facturas irregulares: uno, por valor de 734.497,27 euros; otro, por 982.583,80 euros; otro, por 830.052,68 euros; y otro, cuyo monto no se ha podido averiguar.

Sospechosas coincidencias

Sí detalla, no obstante, el dinero recibido anualmente de Ferrovial y el dinero pagado a la fundación Trias Fargas, que ascendió a casi 13 millones de euros desde el 1999 hasta el 2008 mediante convenios sobre los que plantea una “duda razonable”, ya que “todo apunta a que fueron creados para el solo efecto de dar cobertura a unos pagos contra los fondos del Palau de la Música”. Además, admite que “la mayoría de pagos realizados por el Palau vienen precedidos por los ingresos provenientes de Ferrovial” y éstos, según la documentación incautada, por las adjudicaciones de obras públicas.

Pero, aun así, Martínez Madero señala en el informe que “el conjunto de evidencias obtenidas en el transcurso de los trabajos de la comisión de investigación no permite afirmar ni descartar, con la rotundidad jurídicamente exigible, que CDC haya obtenido directamente financiación al margen de la ley, aprovechándose de la estructura del Palau de la Música”, aunque introduce nuevamente una “duda razonable” sobre los métodos de financiación de la fundación convergente.

Este informe, sin embargo, poco tendrá que ver con las conclusiones de la comisión y la posterior votación en el pleno parlamentario. “Todos sabemos ya lo que vamos a votar. Sólo estaremos de acuerdo en las recomendaciones de mayor transparencia en las ayudas a las fundaciones y en líneas generales de buenos usos o costumbres, pero los distintos partidos políticos sabemos que hay más que indicios de que parte del dinero que provenía de las comisiones derivadas de las obras públicas se iban hacia CDC. Y por ello votaremos en este sentido”, coincidieron en señalar a El Confidencial fuentes de los partidos que apoyan al Gobierno. El Tripartito concluirá hoy que hay pruebas suficientes para asegurar que CiU se financió irregularmente.

Los grupos de PSC, ERC e ICV-EUiA, con la abstención del PP catalán y Ciudadanos, han aprobado hoy martes instar a la Mesa del Parlament a llevar a la Fiscalía el caso de la presunta financiación irregular de CDC entre quejas de la federación CiU, que ha denunciado "un aquelarre" en su contra por parte del tripartito. El acuerdo se ha tomado en la última sesión de la comisión de investigación del Parlament, que ha analizado si CDC se financió irregularmente a través donaciones del Palau de la Música efectuadas por empresas adjudicatarias de obras públicas cuando CiU gobernaba en la Generalitat.

El portavoz de CiU en el Parlament, Oriol Pujol, sin embargo, asegura que “el informe de la oficina antifraude considera que no hay pruebas razonables para acreditar que Convergència ha recibido dinero del Palau”. Pujol manifestó a El Confidencial que, “por contra, sí que ha acreditado que ha habido perjuicios para el erario público en 5,8 millones de euros en la adjudicación del hotel del Palau [se realizó una permuta de calificación y esa cantidad es lo que dejado de valer un edificio de la Generalitat a cambio de que Millet pudiera hacer su hotel], en el dinero desviado del Consorcio del Palau [más de 3 millones provenientes de fondos públicos] y en dos créditos del ICF que han permitido que desaparecieran 2 millones de euros”. En resumidas cuentas, “la comisión se le ha girado en contra al Tripartito”. El portavoz convergente se pregunta cómo puede una comisión llegar a unas conclusiones opuestas a un informe jurídico que no encuentra pruebas fehacientes de financiación irregular. “Es la evidencia de que esto ha sido un juicio político”, zanja.