Montilla mete prisa a Zapatero para que acelere los traspasos pendientes del Estatut

El Estatuto de Cataluña centró la campaña electoral autonómica de 2006 y va camino de hacer lo mismo cuatro años más tarde. Al menos, ésa es la intención que persigue el presidente de la Generalitat y candidato socialista, José Montilla, una vez se inicie el curso político en septiembre. Según fuentes socialistas consultadas por El Confidencial, “una de las prioridades de Montilla será negociar con el Gobierno central el cumplimiento íntegro de las competencias que todavía Cataluña debe recibir por parte del Estado como marca el Estatuto de 2006”.

Otra de las prioridades será proponer al Ejecutivo que Cataluña, a través de la Generalitat, “tenga mayor participación en organismos estatales, que todavía falta por definir”, aseguran las mismas fuentes. “Lo cierto es que cuatro años después y con la sentencia del Tribunal Constitucional que recorta parte del texto, Cataluña no ha completado lo que marca el texto por lentitud por parte del Gobierno y por el retraso en la sentencia del TC”, prosiguen.

La estrategia de Montilla pasa por centrar la campaña electoral en la defensa del pleno desarrollo del Estatuto, que significa que Cataluña consiga gestionar las competencias pactadas en el texto aprobado en las Cortes Españolas, en referendo y por el Parlamento catalán. De las 40 nuevas competencias que contemplaba para Cataluña el Estatuto a finales de 2012, sólo se han realizado 19 traspasos. “No son buenos datos ni buenas noticias para el desarrollo estatutario de Cataluña y Montilla lo sabe con lo que seguirá negociando el cumplimiento íntegro de los traspasos pendientes”, sostienen las fuentes del PSC.

El primer paso de ese acelerón que Montilla quiere dar a las competencias pendientes será en septiembre, en la reunión de la comisión bilateral Estado-Generalitat, a fin de agilizar el traspaso de los aeropuertos secundarios (Reus y Gerona y Sabadell), a la vez que la comisión mixta de transferencias intentará cerrar el traspaso de las becas y los trenes regionales de Renfe.

Los principales traspasos que ha concedido el Estado a Cataluña desde 2006 son la gestión del servicio de Cercanías de Renfe, que en los convoyes ya se ha cambiado la C de cercanías por la R de Rodalies en catalán (la titularidad de las vías sigue en manos del gestor estatal Adif, dependiente del Ministerio de Fomento), el nuevo sistema de financiación y el compromiso del Estado de invertir en infraestructuras un porcentaje equivalente a la contribución catalana al PIB español hasta el 2012, a pesar de que el Tribunal Constitucional ha limitado algunos aspectos de este último punto.

Desde que entró en vigor el Estatut, también se han transferido la inspección de trabajo a la Generalitat, los permisos de trabajo para extracomunitarios, la seguridad privada, la gestión y ordenación del litoral y el Hospital Clínico de Barcelona. Además, se han cerrado los traspasos para que Cataluña gestione la homologación de estudios extranjeros no universitarios, las comunicaciones electrónicas, la seguridad privada, la presa de la Llosa del Cavall (Lérida), los nuevos medios de la administración judicial y, finalmente, el efluente de la depuradora del Baix Llobregat, en Barcelona.

División territorial en Veguerías

Y entre los principales traspasos pendientes quedan por negociar la red de trenes regionales, las becas, las bibliotecas provinciales, el registro de múltiplex digitales y la intervención y disciplina de las entidades de crédito. El Parlamento catalán ha aprobado 41 leyes para desplegar la norma y ocho más están en tramitación. Han visto la luz, por ejemplo, la división territorial de Cataluña en veguerías (limitado por el Tribunal Constitucional), las consultas populares y órganos de nueva creación como el Consejo de Garantías Estatutarias y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

Las instituciones estatales también han aprobado reformas como la que posibilita nombrar magistrados del TC que representen a las autonomías. Si Montilla tiene la intención de centrar la campaña en el desarrollo estatutario, el líder de CiU, Artur Mas, también basará su estrategia en el Estatuto, pero para criticar que es insuficiente, y más tras la sentencia del Alto Tribunal.

Aprovechando el lunes el cuarto aniversario de entrada en vigor del Estatut, Mas afirmó que "el Estatuto en 2006 era un buen tren, pero que tras los recortes se encuentra ahora en vía muerta y desguazado", de lo que ha culpado al tripartito y al Gobierno central. Según Mas, "es una lástima" que el Estatuto haya quedado en "vía muerta" porque podría "haber permitido rehacer las relaciones entre Cataluña y el Estado", de manera que -en su opinión- Cataluña pudiera ganar competencias, autogobierno, poder político y recursos.

El líder convergente, sin embargo, no ha aportado ninguna propuesta, y tras constatar que tal y como ha quedado el Estatuto tras la sentencia "no sirve ya para hacer un trayecto y ha insistido, como lleva haciendo en los últimos meses en que “Cataluña tiene derecho a decidir” si quiere estar dentro o fuera de España. Por su parte, el portavoz de ERC, Ignasi Llorente, explica a este diario que el Estatuto "no tiene salida" tras la sentencia del TC y que, en esta situación, la única vía aceptable es "consultar a la ciudadanía" para que se pronuncie sobre la relación Cataluña-España que desea.