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El presidente catalán, José Montilla, ha sucumbido a las presiones de sus socios minoritarios de gobierno, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) e Iniciativa per Catalunya (ICV) en la pugna para instalar un almacén de residuos nucleares en la localidad tarraconense de Ascó. Su negativa a la instalación no sólo en Ascó, sino en toda Cataluña, le ha obligado a invadir la supuesta autonomía municipal, según reconocieron a El Confidencial fuentes próximas al President. La Generalitat no tiene competencias para inmiscuirse en la decisión del alcalde de Ascó, el nacionalista Rafael Vidal, y de su pleno municipal, pero las presiones son al máximo nivel y de urgencia, especialmente porque el tema se debate hoy en el pleno del Ayuntamiento.

Las llamadas de teléfono no han cesado en el despacho del alcalde. “Los aparatos echan humo. En los últimos cinco días, hemos reforzado la recepción de llamadas al alcalde por el debate del cementerio nuclear”, afirman fuentes municipales consultadas por este diario.

Una de las pruebas de esta presión es la intención del Gobierno autonómico de investigar si es legal que un alcalde tome decisiones sobre un sector al que está vinculado laboralmente, ya que trabaja en la central nuclear de Ascó. Varios de los concejales del consistorio viven también de un sueldo de la central. Aunque en realidad casi todo el pueblo, y muchos de los habitantes de las localidades vecinas, se ganan la vida en trabajos vinculados a este negocio.

Según reconoció el delegado de la Generalitat en las Terres de l’Ebre, Lluís Salvadó, el gobierno de Montilla analiza la posible incompatibilidad de tres concejales de CiU y una independiente del Ayuntamiento de Ascó por su vinculación, directa o indirecta, con la central nuclear. "Tenemos que tutelar la ley y vigilaremos la vinculación causa-efecto de los concejales que reciben el sueldo de una empresa muy vinculada con el proyecto del almacén de residuos nucleares", manifestó Salvadó.

Salvadó explicó que esta nueva vía podría posibilitar la impugnación del acuerdo plenario de este martes para instalar el almacén nuclear en la localidad. El delegado del Gobierno también explicó que el Gobierno y el Consejo Comarcal de la Ribera d'Ebre comparten objetivos y estrategias y que trabajarán conjuntamente y de forma coordinada para presentar alegaciones al proyecto del cementerio nuclear si hoy el pleno de Ascó da luz verde a la candidatura. "Trabajaremos de forma coordinada todas las administraciones de Cataluña para hacer llegar al Gobierno español la opinión mayoritaria contraria a la instalación del almacén", enfatizó.

Las palabras de Lluís Salvadó provocaron que a última hora de la tarde de ayer el Gobierno catalán hiciese pública una nota aclaratoria en la que negaba que investigase la incompatibilidad de los concejales. “Miembros del Consejo Comarcal de la Ribera D’Ebre se plantean si el hecho de que algunos concejales del municipio de Ascó trabajen en la central nuclear o bien tengan familiares trabajando podría ser incompatible con su participación en la votación sobre la candidatura a acoger el almacén de residuos nucleares. En todo caso, una vez se haya producido la votación será el propio Consejo Comarcal quien decidirá si impugna el resultado de la votación del pleno. Así se lo trasladaron esta tarde al delegado del Gobierno en las Terres de l’Ebre, Lluís Salvadó, que escuchó su demanda”.

Llamadas, mails y amenazas

En los últimos días, el alcalde de Ascó también ha soportado “presiones” en forma de llamadas y de correos, incluidos los de sus correligionarios políticos de CiU, además de mensajes provenientes de los máximos dirigentes de ERC y de ICV, Joan Puigcercós y Joan Herrera, que este fin de semana encabezaron una manifestación de rechazo a la propuesta de cementerio nuclea. Fuentes próximas al alcalde aseguran que las críticas de CiU y ERC se han intensificado desde el pasado sábado.

Ese día, fue el secretario general adjunto de Convergència, Felip Puig, quien le amenazó con expulsarle del partido si presenta la candidatura. “Es cierto que hay un debate en la calle, pero el alcalde tomas las decisiones junto con su equipo municipal y, para garantizar la integridad del Ayuntamiento, el pleno es el que debe tomar esta decisión. Estos días han sido muchos los políticos que le han presionado”, señalan a este diario fuentes próximas al primer edil.

Pero el alcalde sigue indoblegable: “Soy alcalde por encima de todo y sé que tengo al pueblo de Ascó a mi lado”, repite a sus próximos. Un ejemplo de que las presiones se han intensificado es el cambio en el discurso de Artur Mas. Hace una semana, el presidente de CiU aseguró que “en el debate sobre el almacén nuclear, hay que respetar la autonomía municipal del Ayuntamiento de Ascó y a su alcalde”. Esta semana, y en declaraciones a la televisión autonómica TV-3, el propio Mas reafirmaba la intención de la federación nacionalista de “suspender de militancia al alcalde por no respetar la posición oficial, que tiene en cuenta el interés de todos los catalanes”. Y añadía: “No entiende que esto no es como una granja de conejos, sino algo más delicado. Y si vota a favor de la candidatura, le abriremos un expediente”.

Otra de las presiones que ha de aguantar es el encierro que mantienen cargos electos del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre -la comarca donde se asienta Ascó-, un órgano administrativo supramunicipal. Estos cargos mantienen hasta hoy martes, día en el que el pleno decidirá sobre la candidatura de Ascó, un encierro en la sede de la institución en protesta por que la localidad de Ascó quiera ser candidata a acoger el almacén temporal centralizado (ATC).

Pero también ha terciado en el debate el propio presidente del Parlamento catalán, el republicano Ernest Benach, que siguiendo las consignas del partido independentista ha enviado por carta su “posición” sobre el edil. En la misiva, le recuerda que el 11 de marzo de 2008 la cámara autonómica se pronunció en contra (gracias a los votos de ERC, ICV y CiU) de albergar este cementerio nuclear. Y las resoluciones parlamentarias, añade, “deben cumplirse siempre”.

El alcalde Rafael Vidal no lo tiene fácil para seguir con su determinación de presentar la candidatura del municipio tarraconense para albergar el almacén. Al menos, con la plena garantía de que la decisión sólo la tomará el pleno municipal con la independencia jurídica que las leyes le otorgan. En ellas, según las normas básicas del sistema, no podrían inmiscuirse ni presidentes de la Generalitat ni presidentes del Parlamento autonómico. Pero la realidad es bien distinta.