Moncloa pide un informe a Sagardoy 48 horas después de aprobar la reforma laboral

 La reforma laboral no está cerrada. Al menos eso es lo que puede desprenderse de un dato conocido ayer. El entorno del presidente del Gobierno ha pedido al despacho Sagardoy Abogados, uno de los más prestigiosos del país, un informe sobre la reforma laboral. La petición se produjo este mismo lunes por iniciativa de José Enrique Serrano, jefe de gabinete de Zapatero. Es decir, tan sólo 48 horas después de que el Ministerio de Trabajo entregara un documento de 41 páginas a sindicatos y empresarios.

Serrano, el principal fontanero de la Moncloa, ha tenido un papel esencial en todo el proceso de negociación con los agentes sociales, desplazando incluso a Javier Vallés,  el jefe de la Oficina Económica del presidente del Gobierno. Igualmente, participó en la maratoniana reunión de la madrugada del jueves pasado, cuando se encerraron en Trabajo, además de José Enrique Serrano, el ministro Corbacho, Toxo, Méndez y Díaz Ferrán, el presidente de los empresarios. Fuentes solventes  dijeron ayer a El Confidencial que en esa reunión la voz cantante del Gobierno la llevó el jefe de gabinete de Zapatero, lo que explicaría que haya sido él quien pida el informe. Son esas fuentes las que desvelaron a este diario la petición del dictamen.

Moncloa no es el único que ha pedido un análisis del contenido de la reforma a Sagardoy. También ayer un dirigente de un partido conservador pidió un dictamen de urgencia al despacho de abogados, lo que se explica por lo farragoso de un texto que se redactó deprisa y corriendo. Eso ha producido un documento que en técnica jurídica se considera muy deficiente, ya que es tan disperso que deja al albur de los magistrados de lo social muchas cuestiones, lo que provocará un aumento de la litigiosidad laboral.

La mejora de la redacción del texto no impedirá, sin embargo, la primera huelga general contra Zapatero convocada por CCOO y UGT. Aunque la fecha no está cerrada, ayer fuentes solventes dijeron que lo más probable es que se retrase hasta después del verano. Fundamentalmente debido a que en apenas dos semanas de junio -después  se echa encima el verano- hay poco tiempo para preparar una convocatoria de estas características.

Como publicó El Confidencial la semana pasada, lo más probable es que se haga coincidir con la jornada de movilización prevista en toda Europa para el 29 de septiembre. La Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha convocado ese día a los trabajadores de todo el continente a manifestarse contra los efectos que la crisis está teniendo en el mercado laboral. La cita coincidirá con una cumbre de ministros de Finanzas de la UE en Bruselas. Y, por descontado, con el inicio de la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del estado para 2011.

Frenar los presupuestos del 2011

Constitucionalmente, el Gobierno debe presentar las cuentas del reino al parlamento antes del 30 de septiembre, por lo que presumiblemente tendrá que aprobar el proyecto de ley el 24 de septiembre, ya que es el último viernes del mes. Y está cantando que los presupuestos del 2011 serán muy probablemente los más restrictivos de la democracia, lo que explica que los sindicatos quieran poner toda la carne en el asador durante esas fechas.

Tanto en UGT como en CCOO no se quiere repetir la experiencia de la huelga general en la función pública, donde las cosas no se hicieron bien y eso provocó un fracaso en cuanto a seguimiento. Ahora quieren ‘calentar’ la huelga general mediante la convocatoria de paros parciales que se concentrarán en aquellas regiones en las que sus respectivas comunidades autónomas han ido más allá que el Gobierno central en el recorte de las retribuciones de los empleados públicos.

Este es el caso de la Comunidad de Madrid, donde Esperanza Aguirre ha impuesto el recorte a los trabajadores de empresas públicas como Telemadrid, la empresa de autobuses, Renfe o el metro. Los sindicatos ya han convocado huelgas para los días 24 y 25 de junio, lo que provocará un doble defecto. Por un lado, afectará al transporte público, lo que producirá mayor sensación de conflictividad laboral y, por otro, al concentrarse en la capital de España el efecto ‘escaparate’ en todo el país será mayor.