Desmontando el mito de los funcionarios: “Somos mileuristas explotados”

No son los que han provocado la crisis, pero van a pagar sus consecuencias. Cuando se habla de un funcionario, viene a la cabeza de los españoles un señor bajo, maleducado, con bigote y canoso, que desde el otro lado de la ventanilla le dice, tras dos horas de cola, que mejor vuelva usted mañana.

Pero empleado público es también el médico de familia que tiene tres minutos para pasar consulta; el cirujano que anoche despertaron a las dos de la madrugada para que volviera al hospital y realizase un trasplante de hígado; la profesora que educa a su hijo y encima soporta sus insultos; el bombero que se juega la vida cuando entra en una casa ardiendo y el policía que actúa en una operación antiterrorista. Ellos estarían dispuestos a hacer un sacrificio para sacar a España de la crisis, pero dentro de un plan sensato, de un paquete de medidas globales y reales en el que arrimen el hombro todos.

Unos y otros, sean del gremio que sean, transmiten el mismo mensaje: no todos ganan 3.000 euros ni se tiran la mañana en la cafetería. Hartos de estereotipos y de la imagen distorsionada que se proyecta, no muestran ningún recelo al contestar “¿y tú, cuánto cobras?”. Los más privilegiados son magistrados y jueces, que pueden llegar a percibir los 4.000 euros, pero el 80% no supera los 1.500 euros. Los auxiliares y los celadores no llegan a ser mileuristas. El sueldo de las enfermeras ronda los 1.800. Un bombero novel no llega a los 1.500; el policía local roza los 1.700 y un guardia civil, 1.400 euros. A los médicos, a los que se les exige que cada día demuestren su profesionalidad y mantengan su prestigio, se les paga un 40% menos que a sus compañeros europeos.

“Yo me dediqué a estudiar durante diez años mientras otros amigos míos se pusieron a trabajar en el ladrillo porque ganaban un montón de pasta. Ahora, con 26 años, soy médico residente (MIR) de cirugía general en un importante hospital de Madrid. En nuestro centro cumplimos un horario de 8 de la mañana a cinco de la tarde, combinándolo con 6 ó 7 guardias de 24 horas al mes. Hay días que a la mañana siguiente tenemos quirófano o consulta. Y no. No estamos en condiciones físicas ni psíquicas de atender a un paciente. Pero los residentes no podemos librar en guardias”.

Este médico que tiene miedo a desvelar su identidad tiene claro por dónde empezaría el plan anticrisis: “Que se deshagan de sueldos vitalicios; hay cargos que se duplican en la administración central y en autonomías; que reduzcan las subvenciones a partidos y sindicatos; han creado ministerios cuyas competencias son dudosas, como el de Igualdad; hay un exceso de vicepresidencias; que persiga a los que defraudan a hacienda; que controlen el paro encubierto, la economía sumergida y la inmigración ilegal…¿Ha echado las cuentas de cuánto se ahorraría?”. “Ah, y encima ahora proponen utilizar traductores en el Senado para todas las lenguas oficiales de España. Así, así se ahorra en España”.

Javier Sánchez es el representante de la UGT de la Comunidad de Madrid. Él sabe que en el sector público, “como ocurre en el privado”, hay buenos y malos profesionales; están los ricos y los pobres; los competentes y los vagos; los eficientes y los parásitos. Pero hay una realidad que no se puede negar: el 80% cobra menos de 1.500 euros”. Carmen Rodríguez es auxiliar de enfermería en la residencia geriátrica San Fernando. “¿Que cuánto cobro? 1.070 euros, domingos incluidos”. Según sus cálculos, se le quedan en los mil justitos. “Con esos 50 euros que me quitan me pago el transporte público”. Lleva veinte años en la empresa, y su sueldo ha variado escasamente. También soporta más trabajo porque las jubilaciones no se reponen. "Antes, en mi planta estábamos 15 auxiliares. Ahora somos diez, para el mismo número de pacientes. Y entre nosotros tenemos que cubrir las bajas laborales y las vacaciones".

6,5 empleados públicos por cada cien habitantes

Empleo público tampoco siempre es sinónimo de fijo. Según el estatuto básico del empleado público, aprobado en abril de 2007, la tasa de temporalidad ha ido subiendo. Si en 1996 era del 16%, en 2005 era del 24,9%. Tampoco es cierto que sean muchos. El Observatorio Social de España indica que por cada cien habitantes hay 6,5 empleados públicos. Una cifra muy inferior a los 17 que tiene Dinamarca o los 14 de Suecia. Con estas cifras los propios funcionarios insisten en que no sobran ellos, sino burocracia. No estorban los empleados públicos, sino la duplicidad de organismos, “los que entran enchufados a dedo en empresas públicas y en ayuntamientos”, critican los sindicatos.

Los funcionarios se quejan de que con este recorte salarial es el propio gobierno el que desprestigia la función pública. Son conscientes de que el mensaje subliminal que llega a la población es que trabajan en sectores privilegiados que, en medio de la crisis, han conservado su puesto de trabajo y su estatus no peligra. Sin embargo, se quejan de que ahora nadie se acuerda cuando el país iba sobre ruedas, “nuestro salario siempre ha estado por debajo del resto de sectores, hemos soportado congelaciones salariales y apenas hemos aumentado nuestro nivel adquisitivo”, confiesa un maestro que ronda los 60 años.

Según la visión de los empleados públicos, faltan funcionarios, lo que falla es la distribución entre las administraciones (centrales, regionales y locales). Sin los funcionarios públicos, o reduciéndoles su salario, las guarderías, los centros penitenciarios, los servicios sanitarios e, incluso, la I+D, irremediablemente se deteriorarán. Los sindicatos han convocado huelga para el 8 de junio, después de que manifestarse por primera vez el jueves. Otros ya se han movilizado en redes sociales, y en Facebook hay un grupo que alerta de que “si me bajan el sueldo trabajaré un 5% menos”. Mientras tanto, los servicios públicos siguen funcionando bajo mínimos. "Faltan hospitales, cárceles, guarderías y juzgados". Aviso de funcionario.