La carta de un falangista puede anular la condena a muerte del poeta Miguel Hernández

La familia de Miguel Hernández reclamará hoy al Tribunal Supremo que anule la condena a muerte del poeta. Lo hará ante la Sala de lo Militar, que ha desestimado todos los recursos de revisión presentados durante los últimos por familiares de víctimas del franquismo. Ya lo intentaron sin éxito la familia del dirigente comunista Julián Grimau, la de los anarquistas Joaquín Delgado y Francisco Granados, o la del también anarquista Salvador Puig Antich, por citar algunos de los casos más conocidos.

El recurso se sustenta en el hallazgo de documentos inéditos en un sumario desconocido hasta ahora, entre ellas una carta exculpatoria de su amigo Juan Bellod Salmerón, convertido entonces en secretario de la Jefatura Provincial de Falange en Valencia. La misiva en cuestión fue reproducida por este diario el pasado 1 de marzo, que la encontró en la causa instruida contra el poeta, que está depositado en el Archivo Histórico Militar, al que han ido a parar miles de ellas abiertas por la represión franquista. En el caso de Madrid las causas estaban depositadas, que no conservadas, en un cuartel de Campamento en pésimas condiciones. El sumario ha sido ahora digitalizado y su consulta es libre para cualquier ciudadano.

La carta de Juan Bellod, fechada el 24 de mayo de 1939, dice literalmente así:

 “Certifico que conozco desde su niñez a Miguel Hernández Gilabert (…) constándome ser persona de inmejorables antecedentes, generosos sentimientos y honda formación religiosa y humana, pero cuya excesiva sensibilidad y temperamento poético le ha hecho actuar atendiendo más a los dictados del apasionamiento momentáneo que a una voluntad firme y serena, fácilmente influenciable por acontecimientos y personas (…) Que garantizo plenamente su conducta y actuación, así como su fervor patriótico y religioso, que se revela por lo demás en la lectura de su producción literaria, singularmente en la de su magnífico auto sacramental ‘Quién te ha visto y quién te ve, y sombra de lo que era”.

Bellod relataba que Miguel Hernández le había visitado en repetidas veces en la cárcel de Jesús y María, en la que fue ingresado por los ‘rojos’ al inicio de la guerra, “constándome que hizo cuanto estuvo en su mano para evitar que fuese paseado”.  El jefe de Falange  añadía que posteriormente había perdido el contacto con él, pero que le consideraba incapaz de haber intervenido en ningún hecho delictivo.

“Estimando que su producción literaria en las publicaciones rojas obedecía a coacciones, e incluso a imperativos de su pasión, cambiada de signo por la falaz propaganda marxista, pero no a la maldad y falta de espíritu nacional y religioso que caracterizó a las fuerzas de la anti-España. No le creo pues, en lo fundamental, enemigo de nuestro Glorioso Movimiento, con cuyos principios, una vez conocidos en la reveladora verdad de nuestra Doctrina hecha actuación gloriosa, le considero identificado por su formación y por su temperamento”.

Miguel Hernández fue detenido el 4 de mayo de 1939 cuando intentaba cruzar la frontera con Portugal de manera clandestina. El poeta huía a la desesperada tras rechazar la oferta del encargado de negocios de la embajada de Chile en Madrid, Carlos Morla, que a principios de ese año, cuando la guerra se daba por perdida, le ofreció refugiarse en la sede diplomática a la espera de marchar al exilio con la ayuda del también poeta Pablo Neruda, con el que le unía una sincera amistad. De prisión en prisión, Miguel Hernández llegó el 15 de mayo a la cárcel madrileña de Torrijos, desde la que escribió a su mujer para que buscara avales que le ayudasen a salir de la cárcel. Uno de ellos fue la aludida carta de Juan Bellod. No fue suficiente y el poeta fue condenado a la pena de muerte, luego conmutada, por un delito de “adhesión a la rebelión”, el “cajón de sastre” con el que los golpistas justificaron la represión.

La Sala de lo Militar ha desestimado todos los recursos

 La posibilidad de que esta misiva sirva para anular la sentencia es remota, ya que documentos similares hay en multitud de sumarios. Además, no supone ninguna una “nueva prueba” que demuestre la inocencia de un hombre, como otros muchos, cuyo único delito fue defender la legalidad republicana.

El caso de los anarquistas Julián Delgado y Francisco Granados es un buen ejemplo. Ejecutados a garrote vil en agosto de 1963 acusados de dos atentados que no cometieron, ni siquiera la presentación ante la Sala de lo Militar de los autores de aquellos hechos sirvió para que el Tribunal Supremo anulara la sentencia. El argumento en todos los casos es que hacerlo generaría “inseguridad jurídica”.

El único reconocimiento posible hasta ahora son los documentos de reparación que el Gobierno entrega a las familias de condenados por la represión que lo soliciten en el Ministerio de Justicia. La familia de Miguel Hernández lo recibió el pasado 27 de marzo de manos de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, y ya entonces anunció que no era suficiente y su intención de recurrir la sentencia.