Matas no ‘trabajó’ solo: el juez detalla la implicación de una trama de empresas

El caso Palma Arena ha centrado todas las miradas en el ex presidente balear y ex ministro Jaume Matas. Pero para que los 12 supuestos delitos de corrupción de los que se le acusa tuvieran lugar, tuvo que ser necesaria la colaboración de diversas empresas y sociedades. El caso más llamativo es la construcción del famoso velódromo, cuyo coste pasó de los 48 millones de euros previstos a 110.  

Según el auto del juez José Castro, el delegado balear de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Miguel Ángel Rodríguez, se puso de acuerdo con Matas para lograr la adjudicación de un contrato “de manera ilegal” de 2,2 millones. Y, una vez que se concertó la Unión Temporal de Empresas Palma Arena entre FCC y Melchor Mascaró, se llevaron a cabo otros contratos de manera ilegal por valor de 19 millones.  

Matas, de acuerdo con la investigación, también permitió el pago a la citada UTE “por trabajos no realizados o a precios superiores en un 400% al efectivamente pagado”, de lo que se deriva un delito de malversación de caudales públicos. En palabras del juez Castro, “en este insufrible peregrinar por la construcción del velódromo” tuvieron lugar, entre otras cosas,  “dobles facturaciones por cargos, la absurda división de las licitaciones de obra al objeto de que ninguna alcanzara la cifra de 6 millones a la que la normativa comunitaria reserva trámites de especial publicidad que han sido burlados”.

“Obtener un puesto preferente en una licitación sobre la base de sr el inferior ofertado para luego incrementarlo sobre un 40% alegando un error de cálculo, pero conservando a pesar de ello la preferencia, tal como aconteció con Fomento de Construcciones y Contratas en la licitación del parking”, afirma el juez, “siempre está en el repertorio”. Así, el 21 de marzo de 2007, la Dirección Facultativa de la Obra certificó un incremento presupuestario de casi 31 millones de euros.

Un portavoz de FCC aseguró ayer a este diario que la empresa está convencida de que no participó en ninguna ilegalidad, y señaló que continúa respaldando legalmente al gerente de la UTE imputado. “La imputación no equivale a estar acusado y todavía hay que ver cómo discurre el proceso”, añadieron desde FCC.

De José Luis Moreno al mitin de Rajoy

Otras firmas que aparecen en el auto relacionadas con de los supuestos delitos de Matas son la agencia de publicidad Nimbus, las empresas de limpieza Balimsa y Trablisa, el conocido productor José Luis Moreno o Estudios Jurídicos y Procesales. Nimbus realizó facturas falsas a través de la entidad Romero y Compañía para encubrir servicios particulares al PP durante la campaña de 2007, que se abonaron con fondos procedentes de las arcas públicas.

Además, Nimbus cobró en negro por otros servicios electorales realizados al PP, y sirvió de tapadera para que Antonio Alemany siguiera trabajando como asesor de Matas sin que se conociera públicamente, y pudiera optar así a otros contratos de la Administración. De hecho, logró subvenciones para la Agencia Balear de Noticias.

En el caso de Balimsa y Trablisa, estas empresas fueron contratadas con motivo del mitin de Mariano Rajoy en el Palma Arena en 2007 para encargarse de la seguridad y la vigilancia. El problema es que las facturas  fueron pagadas por fondos públicos, pese a corresponder a servicios particulares del PP.

Por su parte Estudios Jurídicos y Procesales disfrutó de dos contratos públicos por importe de 30.000 y 12.000 euros. El primero se “amañó desde su inicio”, mientras que el segundo  consistió en un informe “totalmente innecesario” que sólo vio el propio Matas. Más tarde, el ex presidente balear y su empresa Aresmas  “recibieron retribuciones de la empresa adjudicataria”.  Toda una trama de actividades sospechosas que, por ahora, le ha costado a Matas 3 millones de euros de fianza.