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En la historia del urbanismo de nuestro país no existen precedentes de una situación tan enmarañada como la de Marbella. La última sentencia de los tribunales, en la que se anula una licencia por la que se construyeron cuarenta y ocho viviendas en la zona de Elviria, emitida por el Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga, supone un nuevo choque entre el PGOU de Marbella y las ilegalidades urbanísticas cometidas durante un largo periplo en la ciudad.

Muchos de estos desbarajustes urbanísticos han sido aprobados por el plan actual. Sin embargo, ahora los juzgados, cada cierto tiempo, van ilegalizando con sus providencias edificaciones del nuevo planeamiento de la ciudad que tanto Ayuntamiento como Junta de Andalucía decidieron regularizar en medio de este embrollo. Los tribunales aún tienen mucho que decir y los jueces están llamados a tener un papel determinante en la ejecución del nuevo PGOU.

Así, se da la paradoja de que la sentencia condena a Julián Muñoz a un año de cárcel en una operación urbanística que la nueva normativa da por buena. El nuevo PGOU ha legalizado los inmuebles a cambio de una cesión de 650 metros cuadrados.

Con todo y con eso, la resolución judicial no afectará ya ni a Julián Muñoz ni a los seis concejales también imputados en la firma. En su día, la Fiscalía y los ex ediles llegaron a un acuerdo a cambio de que no se celebren los numerosos juicios por causas urbanísticas en las que estaban imputados. Los permisos, aprobados en julio de 2000 y abril de 2003, se concedieron “a sabiendas” de que eran contrarios a la normativa urbanística vigente, un hecho que pusieron de manifiesto los informes técnicos aportados a los expedientes. La promoción se levantó además con exceso de edificabilidad.

Casos en los tribunales

La ampliación del Centro Comercial la Cañada, Banana Beach, los locales comerciales de Plaza de Mar, La Terraza de Marbella, Belmonsa, o el Residencial Las Flores, son solo algunos nombres de la larga lista de las edificaciones ilegales construidas antes de la aprobación del nuevo PGOU, materia de diferentes litigios judiciales en las vías contenciosa, civil y penal.

Estas construcciones están ahora en los tribunales y tienen la licencia anulada por la Justicia. Deberán ser los magistrados quienes determinen cómo se ejecutan las sentencias, así como decidir los intereses de todas las partes implicadas.  

La concesión de licencias para más de 18.000 viviendas contrarias a la normativa, con todas las irregularidades marcadas en los convenios urbanísticos, tendrán ahora que ser reguladas, además de determinarse la postura de los tribunales en cuanto a si revisarán las órdenes de demolición que ya habían emitido sobre algunas promociones que el plan ya ha normalizado.

También está la incógnita de lo que va a suceder con aquellos procedimientos abiertos por denuncias de situaciones ilegales que el plan considera legalizables, muchas de ellas formuladas por la Junta, es decir, la administración que ha dado el visto bueno definitivo al PGOU.

Denuncia por edificar en un parque publico

El fantasma del pasado vuelve a planear sobre la ciudad. Ahora son los vecinos del Parque de la Constitución los que se han personado esta semana en los juzgados de Marbella para denunciar la construcción de un conservatorio en un suelo calificado como parque publico (que no admite usos educativos). Igual que hay concejales del  GIL con condenas de prisión por dar licencia para construir en suelos calificados como parque público, ahora los vecinos piden explicaciones al Ayuntamiento sobre esta edificación.  

“Están destrozando el único pulmón verde que tiene Marbella, talando masivamente árboles, destrozando vegetación y construyendo un edificio en suelo verde… Por mucho que se amparen en un nuevo PGOU, no pueden hacer lo que están haciendo” denuncia Piedad Jiménez, una de las afectadas.

El edificio que se está construyendo para ubicar el Conservatorio de Música se ha ubicado en las dependencias del anfiteatro del parque de la Constitución. Contará con 1.400 metros cuadrados repartidos en tres plantas: un sótano de 600 metros cuadrados, una planta primera con la misma superficie y un segundo piso con otros 200 metros cuadrados. Las obras se financiarán con cargo al Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía.

Los vecinos están solicitando información para invocar  el incumplimiento del propio ayuntamiento de la ordenanza municipal de protección de zona verde y ajardinada,  para talar estos árboles, “ya que  tendría que haber un informe previo  de la delegación de parques y jardines del ayuntamiento que lo autorizara y de momento nadie nos lo ha presentado”.