El juzgado da la razón a los médicos: Ayuso tiene un día para entregar material sanitario

El escrito de demanda que el sindicato médico de la Comunidad de Madrid presentó ayer ya tiene respuesta. El Juzgado de lo Social número 31 ha acordado admitir las medidas cautelarísimas solicitadas por la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) contra la Consejería de Sanidad para que en un máximo de 24 horas el Gobierno regional que dirige Isabel Díaz Ayuso provea todos los centros hospitalarios y de asistencia de la red madrileña (públicos y privados) del material que necesitan para afrontar la crisis del Covid-19. En concreto: batas impermeables, mascarillas FPP2 y FPP3, gafas de protección y contenedores de grandes residuos.

A pesar del fallo, el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre la misma demanda (que elevó a confederación estatal de sindicatos al Ministerio de Sanidad) de manera muy distinta: rechazando el escrito y desestimando las medidas. Por tanto, si la Comunidad recurre prevalecerá el fallo del Supremo por ser una instancia superior y la reivindicación caerá en saco roto. El alto tribunal considera que no hay cabida a este tipo de ultimátums.

Aún así, la magistrada del juzgado madrileño considera en el auto que, ante la situación de urgencia sanitaria, “no cabe duda de que en el caso presente concurren los requisitos legales” para atender las medidas cautelarísimas solicitadas. “De una parte, el ‘fumus boni iuris' se acredita de modo suficiente porque las medidas preventivas requeridas son las necesarias para que los profesionales sanitarios puedan realizar su trabajo en las mínimas condiciones de seguridad. Y de otra parte, la situación de urgencia se acredita por la pandemia derivada del virus que está sufriendo todo el país, y en concreto, la comunidad autónoma de Madrid, y que requiere la actuación urgente de todo el profesional médico y sanitario posible para atender a los enfermos y evitar su mayor propagación”.

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La jueza no duda en su escrito en poner énfasis en la especial situación de emergencia de la región madrileña, igual que ayer hizo el propio Gobierno de la mano del ministro de Sanidad, Salvador Illa, pidiendo solidaridad al resto de comunidades autónomas con Madrid.

El auto insiste en que las medidas de seguridad vienen exigidas en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, que establece el derecho de los trabajadores a su protección frente a estos riesgos, “por lo que el empresario debe adoptar las medidas necesarias para que la utilización de los lugares de trabajo no origine en ningún caso riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores”.

Además, la magistrada recuerda que respecto a los equipos de protección de los trabajadores, también resulta de aplicación el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización de estos equipos por los trabajadores, más recientemente recogido en un escrito del Ministerio de Sanidad el pasado 5 de marzo, que también dejaba claros los requisitos exigibles a los EPI del personal sanitario. Por tanto, insiste la jueza, “la obligación legal de proteger a los trabajadores por parte de la empresa o la Administración empleadora” implica también la obligación de dotarlos de los medios necesarios.

Mencionando abundante jurisprudencia al respecto, el auto recuerda que “en la exigencia de esta obligación, el juez social se convierte en el garante último de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, incluso con carácter previo a la posible acusación del daño” y, por eso, insiste, las medidas cautelarísimas deben ser aceptadas. El Gobierno regional debe atender la petición del material sanitario necesario para todos los hospitales de Madrid, públicos y privados, así como centros asistenciales de cualquier tipo.

“Las medidas de prevención requeridas” por parte del sindicato médico “se consideran absolutamente necesarias para que los médicos y titulares sanitarios puedan desarrollar sus funciones de atención y cuidado del paciente con unas mínimas condiciones de seguridad, con el fin de evitar el riesgo de ser contagiados o de incrementar más el contagio”, concluye el escrito del juzgado, recordando que la urgencia de las medidas deriva también del derecho del paciente a ser atendido adecuadamente. Contra el escrito, eso sí, cabe recurso de reposición en el plazo de tres días.