La minería agoniza en Madrid: solo adjudica uno de los 104 derechos mineros

El dato es revelador. La Comunidad de Madrid solo ha adjudicado uno de los 104 derechos mineros que sacó en concurso para que inversores y empresas investigaran terrenos susceptibles de albergar recursos naturales. Lo que se traduce en que no hay un fuerte interés para reactivar una industria que no pasa por su mejor momento y que la región, con grandes urbes, importantes infraestructuras y abundantes zonas protegidas medioambientalmente, se ha quedado pequeña y sin apenas espacio para que se puedan abrir nuevas minas y canteras.

La Dirección General de Industria, Energía y Minas decidió a finales de diciembre ofrecer todos los derechos que estaban ya caducados para que se iniciaran nuevos proyectos de investigación. "En realidad se ofrecían permisos de investigación de determinados terrenos, la autorización previa para ver si ese suelo puede ser explotado y si hay posibilidades y si sería rentable obtener, por ejemplo, materiales como la sepiolita, el yeso, el feldespato o el sulfato de sosa. Ese permiso de investigación tiene un plazo máximo de tres años", explica Carmen Montañés, subdirectora general de Energía y Minas.

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Los 104 derechos mineros están prácticamente repartidos por toda la región. En la capital había 11. El que finalmente se ha adjudicado se llama Minor Pinto II, que suma 2.477 hectáreas en tres municipios de la región: Pinto, San Martín de la Vega y Valdemoro. En julio de este año el Boletín de la Comunidad de Madrid oficializaba "la admisión a trámite de la solicitud del permiso de investigación" a nombre de la empresa Clariant Ibérica Producción SA, que finalmente podrá investigar en 22 cuadrículas mineras (cada cuadrícula son 30 hectáreas), es decir, en 660 hectáreas. En teoría estos terrenos son ricos en sepiolita (un mineral muy absorbente utilizado en la industria química y en jardinería) y bentonita (una arcilla muy fina que se utiliza en cerámica).

Periódicamente, los Gobierno autonómicos tienen que sacar a concurso los derechos mineros caducados, como permite la Ley de Minas. "Esta ley es de 1973, y el concurso que hemos sacado ahora es el número doce, doce en 45 años, esto es un proceso continuo ya que estamos en la obligación de sacar estos derechos cuando van caducando", señala Montañés. Lo primero que se obtiene es un derecho de investigación, que habrá que ver luego si desemboca en un derecho de explotación. La normativa es clara. Cuando la Administración concede una mina, estableciendo sobre ella una propiedad particular, no se desprende de su dominio originario. Todo lo contrario, lo mantiene. Así por ejemplo si el particular no cumple con las condiciones de la concesión caducan sus derechos y se podrán volver a conceder.

Este último paquete de 104 derechos son los que ya estaban caducados y había que sacar a concurso para ver si había alguien interesado en investigar en esos terrenos. Ecologistas en Acción llegó a presentar en enero de 2017 un recurso de alzada pidiendo la nulidad del concurso, ya que muchos de los derechos que se licitan incluían zonas residenciales, parques y espacios naturales protegidos. Desde la Consejería de Economía (de la que depende Minas) explican que han ofrecido los derechos que permitía la ley y que con toda probabilidad si alguien hubiera pedido un derecho sobre una zona urbana, o que atraviesa una carretera o un monte protegido, se le habría denegado "porque es inviable". De hecho, nadie los ha pedido porque se sabe que algunos derechos no se pueden explotar debido al desarrollo urbanístico de Madrid.

Es decir, la gran urbe se ha comido a la mina. Y eso que 101 de los 104 derechos que ofertaban pueden tener en su suelo un recurso natural clasificado como "sección C", que según la ley permite que "solicitar directamente la concesión de explotación sin necesidad de obtener previamente un permiso de investigación. Y cuando sobre estos recursos suficientemente reconocidos en derechos mineros caducados, existan datos y pruebas que permitan definir su explotación como consecuencia de mejoras tecnológicas o de nuevas perspectivas de mercado. Aun así, 103 han quedado desiertos.

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Estos 103 derechos han desaparecido, explican desde la Subdirección General de Minas. "El terreno queda liberado", explica Montañés. También hay que destacar que muchos de estos derechos, aunque han salido a concurso, nunca se hubieran podido ejecutar porque tienen informes ambientales totalmente negativos. En ese sentido, el trabajo de control e inspección de la consejería es exhaustivo. La Dirección General de Industria, Energía y Minas ordenó en febrero de este año a la empresa Minera de Guadarrama que cerrase la mina que llevaba 19 años explotando en Galapagar. El yacimiento llevaba tiempo inoperativo pero la compañía no estaba cumpliendo con los trabajos de restauración de los terrenos.

La situación de todos los derechos mineros que hay en la comunidad de Madrid se pueden consultar en el catastro del Ministerio para la Transición Ecológica. El inventario refleja que actualmente hay 379 derechos autorizados (para investigación), 130 caducados (de los que han salido los 104 a concurso), 279 cancelados, 108 otorgados para derecho de explotación y otros 77 en trámite. Los derechos mineros se pueden medir en hectáreas, cuadrículas (cada una es de 30 hectáreas) o pertenencias (una hectárea). A pesar de estas abultadas cifras la realidad del sector es que hoy en día solo hay 49 explotaciones activas: tres de minerales industriales, nueve de rocas ornamentales y 37 de productos de cantera. Son datos de 2016, los últimos.

La producción anual alcanzó los 129 millones de euros y ocupó a 644 trabajadores directos (2,2% del empleo minero nacional). Su valor apenas supone el 4,5% del total del país, un porcentaje muy alejado de los de Andalucía (32,2%) y Cataluña (14,3%). Madrid llegó a ser una superpotencia minera y su producción llegó a ser mucho más variada que en la actualidad. Ya no se extraen minerales metálicos (plata, cobre, estaño, wolframio...) pero sí minerales industriales (sepiolita, bentonita y sulfato sódico), rocas ornamentales y productos de cantera (arenas, gravas, arcillas, yesos, calizas y granitos). De hecho, Madrid es la mayor productora mundial de sepiolita, un mineral con muchos usos debido a su gran capacidad de absorción. Sirve para elaborar objetos tan diferentes como pipas de fumar, camas de gato, excipientes farmacéuticos y diversos tipos de áridos para la construcción.

A pesar de que la mayoría de los derechos mineros licitados en esta ocasión han quedado desiertos, Ecologistas en Acción presenta esta misma semana una propuesta para modificar la ley de minas. "Es una ley de 1973 que permite ciertos abusos, entre ellos la especulación de los derechos mineros como si se tratase de un producto financiero más", señala Elena Solís. El objetivo de su propuesta es que una nueva ley "valore el dominio público como un bien común que no debe quedar al servicio del beneficio privado de especuladores o multinacionales".

Es decir, que el derecho minero no sea de interés general, sino que se estudie caso por caso. "Es necesaria una ley que proteja la diversidad y los recursos geológicos como un valor no renovable". Ecologistas quiere que no se puedan dar derechos en aquellos terrenos incluidos en la Red Natura 2000, un espacio europeo protegido, y que se regulen más filtros para que una vez que se concede un permiso de investigación "este no derive automáticamente en uno de explotación". En el caso de Madrid, Solis recuerda que si la Comunidad hubiese querido no habría sacado a concurso ciertos derechos. "Nada impide que la Administración inicie un procedimiento de determinación de la existencia de razones de interés público para declarar no registrable los terrenos con derechos mineros caducados".