Macrojuicio contra 284 becarios por sus prácticas en la Autónoma de Madrid

La charla comienza a las tres de la tarde del 24 de mayo en el salón de actos de la Facultad de Formación de Profesorado de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Sentado entre un piano y cuatro banderas —UAM, Comunidad de Madrid, España y Unión Europea—, el secretario general de la universidad, Antonio Perdices, preside la entancia junto a tres colegas. Frente a ellos, unos 25 becarios escuchan con atención cada palabra que sale de sus bocas, y es que la Tesorería General de la Seguridad Social les ha demandado a todos ellos por las prácticas que realizaron en la universidad entre septiembre de 2016 y julio de 2017. "Esta sesión era lo mínimo que podíamos hacer ante la perplejidad que habréis sentido al recibir una demanda sin haber hecho nada malo", reconoce Perdices al comienzo de la reunión.

En la sala, apenas hay una veintena de alumnos, pero hasta 284 estudiantes de la UAM han sido citados el próximo 14 de junio en el Juzgado Social Número 7 de Madrid por el mismo motivo: según se explica en la notificación judicial, documento al que ha tenido acceso El Confidencial, la Tesorería General de la Seguridad Social les demanda tanto a ellos como a la universidad al considerar que los becarios ocuparon puestos de trabajo en bibliotecas y oficinas que, pese a beneficiar a la UAM, carecían de valor formativo para sus carreras. Basándose en esta acusación, que parte de una inspección de trabajo realizada en el centro en mayo de 2017, la Administración exige a la universidad el pago de las diferencias de las cotizaciones sociales entre “estudiantes en prácticas” y “trabajadores indefinidos a tiempo parcial", cantidad que "ascendería hasta los 308.000 euros", aseguran fuentes conocedoras de la demanda.

Fuentes del Ministerio de Empleo aseguran que su objetivo no es reclamar dinero alguno a los becarios

Dada la trascendencia del caso, en la charla se utiliza en todo momento un tono formal, pero el secretario general de la UAM también deja caer alguna frase que muestra su disconformidad con la demanda:

- "Para la Seguridad Social, que es la que ha iniciado este proceso, el interés fundamental es económico (...), es una pretensión de cobro".

- "Lo que es chocante en el presente caso, que es lo que hace en cierta medida dudar de las intenciones de la Seguridad Social, es el elevadísimo número de relaciones que se han puesto en cuestión".

- "No estáis aquí porque la universidad haya querido, no estáis aquí porque hayáis sido demandados o arrastrados por la universidad. Esta ha sido una decisión autónoma y soberana de la Administración laboral (...). La universidad no os ha arrastrado ni ha provocado vuestra intervención o presencia en este procedimiento".

- "Una demanda, por cierto, bastante caótica y mal redactada".

- "La universidad ha recibido esta notificiación por la que se considera injustamente tratada".

Pese a los argumentos de Perdices, varios de los becarios que asisten a la charla no quedan conformes con sus palabras, enfado que se refleja en sus preguntas finales. "¿Habría más salario para nosotros si el juzgado declara que había relación laboral [y no de prácticas]?", pregunta un alumno. Y los representantes de la UAM responden que, "en principio", no. "Aunque sea un tecnicismo, no deja de ser verdad que cada uno de los estudiantes estamos demandados personalmente por la Tesorería de la Seguridad Social (...). Entonces me gustaría saber si como estudiantes, tanto de manera individual como colectiva, la universidad va a facilitar algún tipo de asesoramiento legal para nosotros", comenta a su vez un segundo afectado. Y los representantes de la UAM vuelven a responder que, "en principio", no.

Una vez terminada la ronda de preguntas, los estudiantes abandonan la sala, pero cuatro de ellos se juntan a la salida de la facultad para comentar la situación en la que se encuentran. "Yo reconozco que estaba haciendo el mismo trabajo que estoy haciendo ahora, pero ahora tengo un contrato normal", comenta uno de ellos. "En mi caso, acepté las prácticas porque me venían muy bien... No esperaba esto", señala a su vez otro de los presentes. Más allá de sus experiencias personales, las dudas sobre cómo responder a la demanda van aflorando durante la conversación, por lo que antes de despedirse optan por darse sus números de teléfono. Al fin y al cabo, ninguno de ellos imaginaba que sus prácticas terminarían con una citación judicial.

La demanda

Los 284 estudiantes a los que ha demandado la Seguridad Social se acogieron entre septiembre de 2016 y julio 2017 a la oferta de prácticas externas de la Universidad Autónoma de Madrid, plan por el que se concedían 300 euros mensuales a los estudiantes de grado con una jornada máxima de 18 horas semanales y 600 euros al mes a los estudiantes de posgrado con 25 horas de trabajo a la semana. Aunque cientos de alumnos se beneficiaron de las becas durante dicho año, la Seguridad Social solo incluye en su demanda a aquellos que trabajaron como becarios en bibliotecas y oficinas del centro educativo.

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La investigación de la Seguridad Social se puso en marcha después de que Comisiones Obreras denunciara la situación laboral de los becarios de la UAM, queja por la que el Ministerio de Empleo ordenó una inspección de trabajo en mayo de 2017. En el acta de dicha inspección, a la que ha tenido acceso este diario, se asegura que la labor que estaban realizando los alumnos "nada tiene que ver con la titulación cursada por los estudiantes", ya que se limitaban a realizar tareas que la universidad requería para su funcionamiento cotidiano. Su contrato en el centro, por tanto, no debía ser de “estudiantes en prácticas”, sino “de trabajadores indefinidos a tiempo parcial".

La Universidad Autónoma de Madrid formuló entonces alegaciones tanto a las conclusiones de la inspección como a las liquidaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social, negándose así a pagar la diferencia de las cotizaciones exigida. Los responsables del centro argumentan en este sentido que "el modelo de prácticas es plenamente legal", postura que "se ha sostenido siempre en todas las instancias judiciales y extrajudiciales". De todos modos, sus recursos no han sido atendidos por las autoridades laborales, por lo que los 284 alumnos y la UAM tendrán que comparecer ante el Juzgado Social Número 7 de Madrid el próximo 14 de junio para nombrar a su representante legal. En el caso de no responder a dicha citación, el demandado perdería la ocasión de hacer alegaciones en el proceso, asumiendo entonces la sentencia del juicio que se celebrará el 16 de julio de 2019.

Consecuencias para los alumnos y la UAM

Fuentes del Ministerio de Empleo aseguran a El Confidencial que su objetivo no es reclamar cantidad alguna a los becarios, sino regularizar su situación y cobrar las diferencias de las cotizaciones sociales, pago que depende de la propia universidad. Sobre el hecho de que los becarios aparezcan como demandados, las fuentes consultadas subrayan que el caso parte de "una inspección de trabajo que determinó que existían irregularidades tanto en el alta de la Seguridad Social como en las cotizaciones", lo que dio lugar a "un procedimiento de oficio en el que se exige meter también a los trabajadores para que estén personados en la causa".

En cuanto a los estudiantes de la UAM que hayan hecho prácticas en 2018, desde la universidad señalan que ya se "ha adaptado el programa de prácticas a los criterios establecidos por la inspección de trabajo hasta que haya una resolución definitiva", descartando así que sus actuales becarios puedan enfrentarse a una nueva demanda de la Seguridad Social. "Siempre hay capacidad de mejorarlo, que es lo que se intenta actualmente", aseguran.