Medio centenar de ediles abandonan su partido en Madrid... pero siguen con el acta

Las elecciones municipales de mayo de 2015 dejaron un tablero político en Madrid conformado por 2.305 concejales distribuidos en los 179 municipios de la región, todos bajo la disciplina de una formación política. Han pasado dos años, la legislatura ha llegado a su ecuador, y en este tiempo al menos 47 de ellos han abandonado las siglas políticas con las que concurrieron a los comicios. Hoy son ediles no adscritos, sin partido. Una especie de parias de la política madrileña. Algunos se marcharon voluntariamente, otros fueron expulsados. En unos casos, ni lo uno ni lo otro (simplemente su grupo fue disuelto, como en Coslada).

El Confidencial ha analizado las corporaciones municipales de las 179 localidades madrileñas. En 29 de ellas hay actualmente ediles no adscritos, historias con nombres y apellidos. Se trata de 47 concejales que no pertenecen a ninguna formación. Más de la mitad, 24, iniciaron la legislatura en lo que se ha denominado la nueva política, los partidos emergentes. La lista la encabezan los 13 ediles que formaban parte de las confluencias, de las candidaturas de unidad popular. Les siguen los 11 que 'debutaron' bajo el paraguas de Ciudadanos. IU ha perdido siete ediles, el PP seis, al igual que diversas formaciones independientes, con seis bajas. Del PSOE han salido tres, y de VOX, uno.

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Leganés, municipio del sur de Madrid de 188.000 habitantes, se lleva la palma. En su pleno se sientan cinco ediles no adscritos, uno que era de Ciudadanos y cuatro de Leganemos, la candidatura de unidad popular que Podemos, Equo, miembros de Izquierda Unida Madrid, del Partido Comunista de España y colectivos sociales crearon para asaltar los cielos de la localidad. Como ya publicó El Confidencial, Leganemos vivió una intensa guerra civil que sus protagonistas definieron a la perfección: "Todo se resume en una disputa por el poder" que desembocó en el deterioro de las relaciones personales.

Varios ediles que hoy forman parte de estas candidaturas de Unidad Popular coinciden en señalar que en cierta medida es lógico que las confluencias hayan vivido tantos procesos de ruptura, ya que fueron fruto de una amalgama de sensibilidades políticas que en algunos casos no se han cohesionado de la mejor manera. En contra del dicho, el roce no ha hecho el cariño. Leganés, Parla, Arganda del Rey, Galapagar, Velilla de San Antonio o Batres son algunos ejemplos (ver mapa). Justo Ramírez, que fue escolta durante muchos años en el País Vasco, aceptó formar parte de Mover Parla, "lo que en principio iba a ser un grupo participativo vecinal que se ha convertido en un grupo de amiguetes". Se fue voluntariamente del grupo y decidió acabar la legislatura como no adscrito.

Justo asegura que cuando lleguen los nuevos comicios de 2019 dejará su cargo público y volverá a trabajar en lo suyo, la seguridad. "No quiero saber nada de la nueva política, que se resume en insultar y montar numeritos". El edil parleño explica que ahora se siente más libre, "ya que no se debe a un partido sino a los ciudadanos, y cree que como no adscrito su trabajo es más resolutivo ya que no se debe a intereses partidistas". Lo malo "es que aunque tengo los mismos derechos que cualquier otro edil, no tengo los derechos que disfrutan los grupos municipales. Ya no tengo despacho en el ayuntamiento, por ejemplo, no puedo imprimir documentación, trabajo desde casa".

La figura del no adscrito queda jurídicamente regulada en el artículo 23.2 de la Constitución y en el artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local, que estipula que los derechos económicos y políticos de estos ediles no podrán ser superiores a los que tenían cuando estaban en el grupo, pero tampoco inferiores. El problema es que se permite que los reglamentos orgánicos de cada ayuntamiento fijen ciertas salvedades. Otro problema añadido es que muchas veces al no adscrito se le asimila a un tránsfuga, y eso que en España este último concepto solo es político, ya que no existe uno jurídico. Sobre todo de cara a sus vecinos.

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"Yo no me considero un tránsfuga", señala Pedro San Frutos, uno de los cuatro ediles no adscritos que hay en Coslada (uno estuvo en Ciudadanos y tres en Izquierda Unida Comunidad de Madrid). El caso de estos tres últimos es muy peculiar. En este municipio del este de Madrid de 87.000 habitantes el alcalde, del PSOE, siguió 'las recomendaciones' de Izquierda Unida Federal y declaró no adscritos a los tres ediles de IUCM, Pedro San Frutos, Paloma Castejón y Jorge Martín, que formaban su propio grupo municipal. Y todo porque todavía sigue enquistado el conflicto entre Izquierda Unida, que dirige Alberto Garzón, y la que fuera su federación en la Comunidad de Madrid. IU no reconoce a los ediles de IUCM y estos alegan que son un partido distinto, y que IU no les tiene que reconocer, porque ya les desfederó.

"Hemos acudido a los tribunales y en un mes esperamos tener sentencia", señala San Frutos, que lamenta que la situación que viven les haya provocado una grave merma en su labor política. "Como no adscritos, no podemos estar en la Junta de Portavoces, lo que nos impide estar en el día a día. Yo antes como portavoz tenía dedicación exclusiva. Ahora no, tengo mi trabajo y el Ayuntamiento de Coslada no abre por la tarde. Y un municipio tan grande como este tiene muchos temas que llevar y tratar. Tenemos que estar pidiendo permisos en nuestro trabajo para poder cumplir con nuestras obligaciones públicas". Una merma en sus atribuciones que obviamente conlleva una reducción de sus retribuciones.

Ciudadanos, otro partido que irrumpió con fuerza en Madrid con la llegada de la 'nueva política', también ha sufrido muchas bajas que le han llevado a tener 11 ediles no adscritos en los municipios de Las Rozas, Humanes, Leganés, Navalcarnero, Coslada, San Lorenzo de El Escorial y Rivas Vaciamadrid. La formación de Albert Rivera se ha impuesto un listón muy alto y un reglamento interno muy estricto, que ha provocado por ejemplo expulsiones en Leganés (por supuesta financiación irregular durante la campaña) y Humanes. En este último municipio sus dos ediles rompieron la disciplina de voto y se integraron en el Gobierno local del PP. Ciudadanos tuvo incluso que amenazar con llamar a la Guardia Civil si el consistorio no les tramitaba la condición de no adscritos.

En la mayoría de los casos los partidos intentan que los ediles entreguen sus actas (para que puedan ser sustituidos) y así no perder representación política en los plenos municipales. Pero el acta es personal y son muchos los que deciden seguir su aventura política en solitario. En Las Rozas, el vodevil político ha sido aún mayor. En este municipio de 95.000 habitantes, Ciudadanos, que obtuvo en las elecciones seis ediles y el 20% de las votos, solo mantiene tres actas, ya que otros tres concejales abandonaron sus filas y se sientan en el banco de no adscritos.

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César Zafra, diputado y secretario de Organización de C's en Madrid, señala: "Aunque cada caso es peculiar, nuestro reglamento interno está para cumplirlo. Los ediles de Ciudadanos se han presentado a los comicios bajo unas siglas, no a título personal, y deben respetar las reglas de esas siglas". José Felipe Garrido empezó la legislatura como portavoz municipal de C's en Navalcarnero (27.000 habitantes). "Me fui del partido cuando estando hospitalizado por un problema grave de salud me quitaron la portavocía. Tuve importantes discrepancias con mis compañeros y la dirección regional del partido". De profesión militar, Garrido asegura que Ciudadanos ha intentado incluso que no tenga ni mesa para trabajar.

"Pero el Gobierno local, del PSOE, se ha portado bien. Me han dado una mesa en una zona común y estoy contento. Ahora no tengo intereses partidistas, puedo votar a favor de cualquier propuesta, venga del partido que venga, si veo que es buena para los vecinos. Soy independiente". Ahora cobra una dieta de 400 euros por asistencia a los plenos. "Ahora trabajo media jornada para llegar a fin de mes. Me gustaría seguir en política, aunque todo depende de que en la próxima legislatura se forme en la localidad un grupo de electores independientes".

Luego hay de casos de lo más variopintos. En Getafe, donde gobierna el PSOE, Mónica Cerdá abandonó las filas socialistas y es la única edil no adscrita del municipio. Esta concejala llegó a denunciar por coacciones y amenazas (luego retiró la denuncia) a la alcaldesa, Sara Hernández, tras detectar ciertas irregularidades internas en la gestión municipal. En Collado Villalba, Alberto Sánchez Caballero fue cesado como miembro del Gobierno local del PP después de que fuera imputado en el marco del caso Púnica. Suspendido cautelarmente de militancia, es hoy concejal no adscrito.

Otro exedil del PP, Jesús Sánchez, dejó el partido y el grupo municipal en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares (40.000 vecinos). Sánchez es testigo en el caso Pokémon, que se investiga en un juzgado de Galicia y que va a tener importantes derivadas en Madrid. Ha declarado en sede judicial irregularidades en las adjudicaciones que la constructora Únika ganó en la Comunidad de Madrid, salpicando a varios cargos públicos. Su nombre también ha aparecido en el caso Lezo, ya que un testigo ha señalado que Sánchez le ayudó a verificar si el ex presidente regional Ignacio González tenía una cuenta en Suiza.

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En Aranjuez (58.000 habitantes), Mónica García es la única edil no adscrita, a pesar de que llegó a ser la presidenta del partido Agrupación Ciudadana Independiente de Aranjuez (Acipa). Había concurrido a las elecciones como número cinco de la formación, que obtuvo dos concejales. Tras varias dimisiones y renuncias, le llegó su turno en septiembre de 2016, pero al final ocupa un sillón independiente en el pleno municipal después de que Acipa la obligara a afiliarse para formar parte del grupo municipal, a lo que ella se negó tras haber abandonado el partido hace tiempo. Acipa consideró entonces que era absurdo que se integrara en su grupo.