Caso Púnica: el cargo público que 'arbitraba' sobre tributos, investigado por blanqueo

De ser el 'árbitro' que dirimía sobre las reclamaciones tributarias de los vecinos, a estar investigado por blanqueo de capitales en el caso Púnica. El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, localidad del oeste de Madrid de 85.000 habitantes, destituyó a mediados de mayo a Adolfo Fernández Maestre, que desde febrero de 2012 ocupaba la presidencia del Tribunal Económico-Administrativo del municipio. La Audiencia Nacional le ha citado como investigado (la figura jurídica de la imputación) después de que la Fiscalía le acusara de desempeñar "un rol relevante en el plan criminal de Francisco Granados y los consejeros de Arpegio", esta última la empresa pública que utilizó el exconsejero de la Comunidad de Madrid y cabecilla de la trama para controlar 3.000 millones de euros de suelo público y contratos.

Como ya adelantó El Confidencial a finales de 2015, Arpegio pagó durante dos años 7,1 millones de euros por unos trabajos de consultoría externa para la gestión de las licitaciones de las 500 obras que la Comunidad de Madrid financió en municipios de la región dentro del Plan Prisma 2005-2006. El concurso, público, lo ganó a principios del año 2006 la única empresa que se presentó, Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanos (DUSA), una firma constituida a finales del año 2002 por Fernández Maestre con solo seis empleados y con sede en la calle Génova.

La Fiscalía calcula que Granados y consejeros de la empresa pública Arpegio bajo su esfera de influencia controlaron los 1.000 millones que se movieron en las dos ediciones del Plan Prisma (2006-2007 y 2008-2011), donde se adjudicaron decenas de obras en casi todos los municipios de la comunidad. De hecho, ya están imputados todos los miembros que integraron la mesa de contratación del Prisma. Arpegio no tenía capacidad para gestionar todos esos contratos, y buscó la ayuda de una empresa externa. "La investigación ha identificado el relevante rol que desarrolló la sociedad DUSA en el plan criminal de Francisco Granados y los consejeros de Arpegio participantes en los hechos", señala el ministerio público.

"Estos buscaron a través de la contratación de DUSA un instrumento que les aseguraba la mejor valoración y preadjudicación de las ofertas presentadas por los contratistas que se avenían a los tratos de corrupción con Arpegio. Los indicios revelan que la contratación de esta mercantil fue buscada y acordada por los consejeros de Arpegio y en especial su consejero delegado Eduardo Larraz", otro de los investigados. "Pese a la magnitud del trabajo de Arpegio, esta no disponía de medios, circunstancia consentida por Granados, Larraz y el resto del consejo de administración, que se aprovecharon de esta falta de medios para contratar a DUSA, que a su vez se alineó con los objetivos de corrupción de Arpegio".

Para contratar a DUSA, "se publicó una licitación meteórica el 9 de febrero de 2006, con un presupuesto de 5,3 millones de euros". DUSA fue la única firma que presentó su oferta "en el brevísimo plazo de 14 días concedido para la presentación de las mismas. Nótese la forma acelerada y concertada con la que actuó el consejo de Arpegio", señala la Fiscalía, que destaca que faltan "documentos relevantes" en el expediente que está analizando. DUSA facturó a Arpegio siete millones de euros en dos años. "Su actividad para Arpegio cesó drásticamente al tiempo de las fechas de cese de Granados y Larraz en 2008". Al terminar la relación contractual, Arpegio, empresa pública, incorporó a su plantilla más de 20 trabajadores de DUSA.

Uno de los principales investigados en el caso, el empresario David Marjaliza, ya declaró en sede judicial (tiene un acuerdo de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción) los nombres de algunas de las empresas que supuestamente pagaban comisiones a cambio de conseguir obras del Prisma, como Begar, Teconsa, Licuas, Virton, Avintia y Dico. En algunos casos, facilitó incluso el nombre de los intermediarios de esas sociedades con los que negociaba los pagos. "Debe recordarse que DUSA debía preparar los expedientes de contratación, e incluso la valoración de las ofertas presentadas. Las adjudicaciones estaban amañadas por los contratistas que pagaban comisiones", señala la Fiscalía, que indaga sobre el papel que jugó DUSA en todo este entramado.

La Guardia Civil ha registrado el domicilio y el despacho de Fernández Maestre y está analizando los movimientos bancarios de otra empresa que este tiene con su mujer, Adolfo Fernández y Asociados. Entre esta firma y DUSA se facturaron 680.000 euros. La Fiscalía investiga si esta facturación cruzada "se utilizó para desviar caudales públicos de la Comunidad de Madrid". Los investigadores han identificado también "movimientos de fondos y divisas con una cuenta suiza de la entidad bancaria UBS que no han sido declarados" a la Hacienda española, "pero que se vinculan a la actividad profesional de Fernández Maestre".

El consorcio urbanístico de El Escorial, gestionado por Arpegio y el ayuntamiento de este municipio, también pagó a DUSA unos 3,8 millones. DUSA también facturó 600.000 euros a la empresa de otro imputado, Jarama & Tamame (propiedad del secretario de los consorcios urbanísticos gestionados por Arpegio), y 1,6 millones a otra sociedad investigada, TTU. "En el caso de Adolfo Fernández Maestre y su esposa Sagrario Gómez concurren indicios de blanqueo de capitales", concluye la Fiscalía.

El PP había buscado acomodo a Fernández Maestre en Pozuelo de Alarcón, un municipio controlado tradicionalmente por los populares. Fue nombrado el 23 de febrero de 2012 presidente del Tribunal Económico-Administrativo del municipio, un órgano que resuelve "las reclamaciones económico-administrativas que se interpongan en relación con tributos y demás ingresos de derecho público de competencia del ayuntamiento y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes del mismo". Fue elegido por el pleno del consistorio a propuesta de la anterior alcaldesa, Paloma Adrados, hoy presidenta de la Asamblea de Madrid. Su nombramiento fue aprobado solo con los votos del PP, que únicamente presentó a este candidato.

La sucesora de Adrados en la alcaldía, Susana Pérez, ha decidido destituir a Adolfo Fernández. "Reitero mi compromiso de tolerancia cero con cualquier caso de corrupción que pueda afectar al ayuntamiento y por eso propuse al pleno este cese de manera urgente, sin perjuicio del máximo respeto a la presunción de inocencia y a la actuación y decisión judicial", señala la regidora en un comunicado. La Audiencia Nacional, por su parte, ha ordenado el "bloqueo y embargo cautelar de los fondos en cuentas corrientes y activos de Adolfo Fernández y su mujer. En su domicilio particular, la UCO de la Guardia Civil encontró en una caja fuerte 274 billetes de 50 euros, ocho billetes de 100 euros, dos billetes de 200 euros y un billete de 500, sumando en total 15.400 euros. En una bolsa de viaje, halló 3.840 dólares.