El Gobierno de Ahora Madrid cierra filas con los ediles imputados: "No nos van a parar"

"No nos van a parar con amenazas". Mensaje claro y contraataque de todo el Gobierno municipal de Ahora Madrid, que ha respaldado a los ediles Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, imputados por presunta malversación de fondos públicos. La decisión fue adoptada por el juzgado de instrucción número 21 de Madrid tras admitir a trámite una denuncia del PP que ponía el foco en la externacionalización a un despacho de abogados de los informes que dieron pie a la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción del caso Open de Tenis. Los ediles no dimitirán ni la alcaldesa los invitará a dar un paso atrás, como exigen PP y Ciudadanos, al considerar que habrían infringido el propio código ético de Ahora Madrid.

Un extremo que ha negado la portavoz municipal, Rita Maestre, asegurando que ambos ediles habían hecho justo lo contrario, es decir, denunciar el enriquecimiento de los gobiernos anteriores o de sus acciones para que lo hiciesen terceros. El código ético plantea la renuncia ante una hipotética imputación "por la judicatura de delitos relacionado con corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, cohecho, malversación y apropiación de fondos públicos". Para la portavoz se trata de "un imperativo moral" poner en conocimiento de las autoridades judiciales "cualquier indicio de corrupción".

"Cuando llegamos aquí sabíamos que nos íbamos a encontrar con toda una maquinaria de chantajes y todo tipo presiones para que no se hablese de lo que ha ocurrido" en el Ayuntamiento de Madrid durante las legislaturas anteriores, dijo, "utilizando el dinero de todos para enriquecerse". En este sentido, Mayer ha añadido que ya se han presentado diez denuncias contra miembros del equipo de Gobierno, y todas ellas ha sido desestimadas o acabado en absolución.

Rita Maestre: "Cuando llegamos aquí sabíamos que nos íbamos a encontrar con toda una maquinaria de chantajes y todo tipo de presiones"

El edil de Economía y Hacienda, por su parte, ha mostrado su interés en declarar cuanto antes, antes de la citación prevista para el próximo mes de septiembre, "para poner toda la información" a disposición del juzgado. Mato ha recalcado que la posición de "todo el equipo de Gobierno, encabezado por la alcaldesa" es clara en la lucha contra la corrupción y ha avanzado que las "amenazas" no van hacer que eludan sus "responsabilidades" en seguir siendo "arietes contra la corrupción".

La alcaldesa Manuela Carmena no se ha hecho la foto con la que el Gobierno pretende cerrar filas con los ediles imputados, por encontrarse de viaje en Canadá. Sin embargo, todos han señalado su respaldo y determinación en las acciones de lucha contra la corrupción: "Si había alguna duda, este equipo de Gobierno está muy unido y es firme en la lucha contra la corrupción", ha sentenciado la portavoz.

Las tensiones internas respecto al caso Open de Tenis se habían manifestado desde la presentación de la denuncia, que Carmena consideró incorrecta en las formas y que tuvo como consecuencia el cese del consejo de administración de Madrid Destino de Sánchez Mato, Celia Mayer y la consejera delegada, Ana Varela, tras haberse negado a “no molestar a cierto tipo de gente” removiendo las alfombras del Open de Tenis.

La externacionalización de los informes se produjo después de que los servicios jurídicos se declarasen no competentes o negasen los indicios

La externacionalización de los informes se produjo, precisamente, después de que los servicios jurídicos muncipales se declarasen no competentes, primero, y negasen observar indicios de delito en los convenios firmados en la era Gallardón, después. De hecho, como ha documentado este diario, las sospechas fueron presentadas en diversas ocasiones al coordinador de la alcaldía, Luis Cueto, quien primero frenó las investigaciones y posteriormente ordenó la destitución de los responsables de la empresa municipal Madrid Destino que habían impulsado dichas actuaciones.

Sobre la decisión en concreto de externalizar los informes, que supusieron un coste de 50.000 euros, Maestre también ha defendido a los imputados después de que la propia alcaldesa confesase en el pasado que no compartía esta actuación. "Fue perfectamente legal y legítimo", explicó, considerando que "es mejor un exceso de celo que quedarse cortos" recurriendo a todas las herramientas y recursos disponibles.