170 puntos de venta y 20.000 puestos de trabajo en editoriales

Los libreros de Madrid, sobre los libros de texto gratis: "Tendremos que buscar trabajo"

Luz verde en Madrid para la ley que garantiza un sistema voluntario de préstamo para el curso 2018-2019. El sector, molesto, dice que el texto se ha redactado a sus espaldas

Foto: Dos niños buscan sus libros de texto en un gran superficie. (EFE)
Dos niños buscan sus libros de texto en un gran superficie. (EFE)

A punto de terminar el curso y cuando los colegios preparan las listas del material para el próximo año, el sector del libro de Madrid tiembla ante lo que parece una estocada de muerte. El pleno de la Asamblea de Madrid aprobó por unanimidad este jueves la ley de gratuidad de los libros de texto bajo un sistema de préstamo por el que el Gobierno regional será el titular del material y las familias que lo deseen podrán darle una nueva vida a partir del curso 2018-2019, lo que les supondrá un ahorro de entre 250 y 300 euros anuales por niño.

Nadie se opone a favorecer que todos los niños se presenten en clase con un libro, aunque sus padres no lo puedan comprar. Que las familias ahorren no es el problema, coinciden todos los representantes del sector consultados por este periódico. La molestia de editores, libreros, distribuidores, autores y demás actores implicados radica en que sienten que la norma de la Comunidad de Madrid, aún en fase parlamentaria, se ha redactado a sus espaldas. A las espaldas de cerca de 20.000 trabajadores de un subsector que representa el 43,4% de toda la edición española y los dueños y trabajadores de alrededor de 170 librerías y papelerías agrupadas que venden libros de texto en los núcleos urbanos y rurales de la Comunidad de Madrid; así como autores, distribuidores e ilustradores.

"A estas alturas, los libreros ya no tenemos nada que decir. No han contado con nosotros. Es una medida mal planteada porque no se ha consultado con el sector, luego dirán que qué pena porque cierran las librerías y la cultura se acaba. Pero vamos a ver, es que la cultura también es dinero”. El que habla es Mateo, que lleva doce años trabajando en una librería tradicional donde los libros de texto representan una buena porción del negocio y ya va pensando cuál será su siguiente paso: “Mi plan de choque es ir mandando el currículum”. Mateo, nombre ficticio, prefiere preservar su identidad y no ponerse obstáculos con sus jefes o con posibles futuros empleadores; por eso también matiza que habla en su nombre y no en el de los dueños de la tienda.

"Es una medida mal planteada porque no se ha contado con el sector, luego dirán que qué pena porque cierran las librerías y la cultura se acaba"

Tampoco parece muy diferente su visión de la del sector en bloque, que en un comunicado conjunto canalizó la protesta de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Materiales de Enseñanza (ANELE), la Agrupación de Distribuidores de Libros y Ediciones (ADILE) y el Gremio de Libreros de Madrid. Consideran "incomprensible" que no se haya contado con ellos durante la redacción de la norma y aunque reconocen que ha habido varias reuniones con representantes de los grupos parlamentarios, lamentan no haber tenido acceso al texto antes de su votación.

Y así lo ha ratificado a El Confidencial el portavoz socialista en la Comisión de Educación y Deporte de Madrid, Juan José Moreno: "Formalmente no se ha escuchado a ninguno de los sectores". Y también se han quedado fuera la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) Giner de los Ríos y los sindicatos. Esto se debe a "un problema de reglamento de la Asamblea de Madrid, que contiene algo que es un error", explica el diputado del PSOE de Madrid.

Un libro de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. (EFE)
Un libro de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. (EFE)

Cuando una ley la propone el Gobierno, queda perfectamente regulado el trámite de audiencia, que es un derecho constitucional e implica el envío del texto a todos los sectores implicados, darles un tiempo para recabar sus opiniones y valorar o no si se incluyen. Sin embargo, cuando una ley nace de la propia Asamblea el reglamento no prevé que haya un trámite de audiencia.

Empleos, planes y pérdidas en juego

A la espera de conocer el texto consolidado, se sabe que no está previsto que la ley de gratuidad de libros de texto defina el mecanismo elegido para la compra por parte de los colegios. Es decir, la ley no concretará si la Consejería de Educación enviará un boleto a los centros para que ellos compren el material en librerías o si contactarán directamente a las editoriales, sino que este procedimiento quedará detallado en el reglamento que elabore la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid durante el próximo curso, detalla Moreno. "Si el dinero se le da al colegio y el centro va a comprar al editor, la guerra entre libreros y editores será brutal, pero es que la guerra entre editores también lo será", vaticina Fernando Valverde, presidente del Gremio de Libreros de Madrid. Los grandes distribuidores de libros de texto, grandes superficies y centros comerciales, han sido contactados sin éxito para conocer su veredicto sobre la norma.

Estanterías de textos educativos en plena campaña escolar. (EFE)
Estanterías de textos educativos en plena campaña escolar. (EFE)

Tanta incógnita inquieta al sector, dice José Moyano, presidente de ANELE, que por el momento se ve incapaz de calcular qué repercusión económica puede tener la medida. "No podemos saberlo porque la ley no dice nada. Con lo cual, la incertidumbre es lo que peor puede actuar en la planificación empresarial. Una empresa necesita certezas y los políticos se han empeñado en todo lo contrario", critica Moyano. "¿Cómo reacciona una empresa que tiene que planificar con un año y medio o dos años su actividad de un día para otro? Si la regulación sale en el mes de junio, cuando ya todos los profesores han tenido que decidir sus prescripciones para el curso siguiente, ¿quién puede responder a lo que el mercado te pide?", se pregunta. Y alerta de que en los bancos de libros puedan encontrarse productos descatalogados, almacenes vacíos, que haya que reimprimir material, que los proyectos nuevos no entren en vigor… "Todo un despropósito", zanja.

Gloria, que trabaja en una editorial mediana "que no llega a ser como Santillana" pero tiene buenas cifras de distribución por toda España –y cuyo nombre prefiere no mencionar–, cuestiona que con esta medida vayan a pagar justos por pecadores. Porque "no todos los libros de texto cuestan 50 euros; también los hay de 26 euros, como el nuestro, y el material fungible, como los cuadernos de cálculo o de caligrafía, cuesta apenas un euro", dice. Un coste que considera perfectamente asumible para una familia. "No pueden cargárselo todo". Los promotores que acaban de cerrar la campaña escolar en las distintas comunidades autónomas tienen su puesto de trabajo en el aire, en tanto que depende de las cifras, así como la prosperidad del negocio en Madrid "dependiendo de cómo se regule la ley".

"Si la regulación sale en el mes de junio, ¿quién puede responder a lo que el mercado te pide?"

Todas estas potenciales nefastas consecuencias para el sector del libro de Madrid se podrían haber evitado si, como observa Moyano, los legisladores se hubieran inspirado en casos de éxito como el de Andalucía, donde el programa de gratuidad de libros de texto se remonta al curso de 2005-2006 y contempla cómo intervienen en el sistema editores, libreros y distribuidores. Lo cierto es que con la aprobación de la norma, la capital se suma a una serie de comunidades autónomas que garantizan la gratuidad de los libros de texto. En este curso, solo Andalucía, Extremadura, Navarra y la Comunidad Valenciana han aplicado un modelo de préstamo y reutilización para los alumnos en enseñanza obligatoria.

Otras comunidades reciben ayudas a la compra del material, becas o dedican parte de su presupuesto a libros de texto para centros de enseñanza de máxima complejidad socioeconómica. Y fuera de las iniciativas públicas, hay que destacar que en los últimos años las AMPAS han liderado la creación de bancos de libros en colegios e institutos públicos. El intercambio tampoco es ningún desconocido en la Comunidad de Madrid, remarcan fuentes de la Consejería de Educación. Desde hace cinco años está en marcha un programa de préstamo gratuito de libros para familias con una situación socioeconómica más desfavorecida.

Valverde arroja luz sobre otro punto preocupante –y en clave cultural– que en su día trasladó a la diputada de Ciudadanos Maite de la Iglesia, quien ha defendido el proyecto de ley en la cámara madrileña: "En el 50% de los hogares de la Comunidad, y si te vas a barrios y pueblos de la periferia en mayor medida, no entran en las casas más libros que los de texto. No existen libros en las casas. Por lo tanto, una medida de este tipo no solo puede arruinar o tocar más todavía de muerte a las librerías, sino que además es hacerle un flaco favor a las familias".

¿En qué consiste la ley?

La novedad que trae consigo la ley propuesta por Ciudadanos con respecto al anterior programa madrileño de reutilización de los libros de texto es la universalidad de la medida, de manera que a partir del curso de 2018-2019 pasará a haber 600.000 familias beneficiadas frente a las 350.000 que desde 2012 han venido acogiéndose al préstamo de libros de texto en Madrid. Esta norma afecta a todos los alumnos de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria, así como a los de Formación Profesional Básica en los centros sostenidos con fondos públicos en la Comunidad de Madrid. Los libros pertenecerán al Gobierno regional y los cederá a los colegios, con una inversión en el primer curso de en torno a 40 o 50 millones de euros que irá descendiendo en los años sucesivos. 

El modelo se desarrollará mediante la creación de un banco de libros y participarán voluntariamente los padres que así lo deseen, mientras que podrán salir de la rotación aquellos que envíen un documento al centro en el que renuncien al mecanismo. Cada centro escolar podrá elegir los materiales a utilizar, tanto impresos como digitales, que no podrán ser sustituidos "durante un mínimo de cuatro cursos escolares, salvo en situaciones excepcionales". Los estudiantes que pierdan o deterioren el material prestado de manera negligente estarán obligados a su reposición, aunque ello no conllevará la "pérdida definitiva del derecho a la gratuidad".

En cada centro habrá una comisión dedicada a gestionar el banco de libros, mientras que en la Consejería de Educación se constituirá otra comisión "para el seguimiento y evaluación del sistema. En una de las enmiendas presentadas por el PSOE, se solicita un refuerzo por parte de la administración para que la tarea no sea desempeñada solo por los profesores.

Madrid

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