Las represalias por la denuncia del Open de Tenis se extienden a cargos intermedios

Las represalias en la empresa municipal Madrid Destino por llevar ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia sobre las supuestas irregularidades detectadas en los convenios firmados entre el Ayuntamiento de Madrid y la sociedad organizadora del torneo de tenis Mutua Madrid Open continúan. Tras la destitución fulminante de los tres firmantes de la denuncia, entre los que se encontraban los ediles Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, así como la consejera delegada del ente municipal, Ana Varela, ahora los despidos planean sobre cargos intermedios.

Se trata de los directores de departamento que no habrían seguido las instrucciones del coordinador de la alcadía, Luis Cueto, para dar carpetazo a las investigaciones, que destaparon un supuesto sobrecoste para las arcas municipales superior a los 12 millones, y evitar así “molestar a cierto tipo de gente”. Desde fuentes cercanas al comité de empresa y ciertos cargos vinculados al Gobierno de Ahora Madrid, se da por hecho que los despidos se producirán coincidiendo con las vacaciones de verano.

Una operación que contextualizan como fruto de la 'limpia' de directores de departamento que mantuvieron diversas discrepancias durante los últimos meses con el modo de actuar de Cueto, mano derecha de la alcaldesa, y sus injerencias. Principalmente, las relacionadas con su boicot a las pesquisas que ya estudia la Fiscalía Anticorrupción, según acredita la diversa documentación interna a la que ha tenido acceso este diario. Dicha reestructuración se inició con el nombramiento del nuevo consejero delegado, a quien en la empresa se considera un “hombre de paja”. Los trabajadores que están ahora en el punto de mira se habían alineado con su predecesora en el cargo.

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Joaquín Fernández Segura, el nuevo consejero delegado, que fue secretario general de la Energía durante la etapa del socialista José Montilla, abandonó su jubilación para ponerse al frente de Madrid Destino. Su nombramiento fue la solución de urgencia para evitar un vacío de poder y, por tanto, inseguridad jurídica, con la destitución de su predecesora, que duró una semana, después de que frustrase el fichaje de Pablo Martín González, un ex alto cargo de la cúpula de Interior con Jorge Fernández Díaz. La contratación de Fernández Segura se justificó por su “perfil técnico”, a pesar de no contar con experiencia previa en este sector, y como solución para reconducir los "profundos problemas económicos y de solvencia financiera" en Madrid Destino.

Durante la última comisión de Cultura, sin embargo, la alcaldesa Manuela Carmena admitió que la destitución de Ana Varela no se debió ni a su perfil ni a los supuestos problemas económicos en la empresa municipal, sino al caso Open de Tenis. "Creo que las tres personas que tomaron esa decisión —de presentar la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción— han asumido que no lo hicieron bien y que fue un error. Las consecuencias por no haber tenido la procedencia oportuna es que ya no están en el consejo de Madrid Destino", zanjaba Carmena en referencia a la anterior cúpula.

Sánchez Mato defiende que su obligación era poner en conocimiento de la Fiscalía unos hechos que se presuponían como constitutivos de delito

El edil de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, que fue destituido como vicepresidente primero del consejo de administración, defendía en cambio su actuación durante el pleno municipal celebrado esta semana. Si bien reconoció arrepentirse por no informar a la alcaldesa sobre el “detalle” de cuándo iban a personarse, justificó que lo hicieron para velar por el buen uso del dinero público y consideró que su obligación era poner en conocimiento de la Fiscalía los hechos que se presuponían como constitutivos de delito.

La demanda por el despido de la exconsejera delegada se resolverá en los tribunales, después de que los abogados del ayuntamiento declinasen acudir al acto de conciliación. En el texto de la reclamación previa a la demanda de impugnación por despido nulo registrado en el Ayuntamiento de Madrid, se trata de demostrar que la causa de dicha destitución es “la represalia y la sanción por haber ejercitado acciones legales de denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de hechos susceptibles de ser calificados como delitos o de presentar relevancia penal”.