Cifuentes se quita un problema: el TSJM investiga a una diputada y esta dimite

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha aceptado la competencia de una de las piezas del caso Gürtel (que se instruye en la Audiencia Nacional) porque uno de los investigados es Josefa Aguado del Olmo, una diputada del PP en la Asamblea de Madrid, y por tanto aforada. En un auto dictado este jueves, el TSJM ha designado como instructor al magistrado Jesús María Santos Vijande, "quien determinará las personas que, junto a la aforada, deben figurar en esta causa como investigados por su participación conexa con los hechos imputados". El siguiente paso que dará el TSJM será la citación como investigada (la nueva figura jurídica de la imputación) de Aguado, que según el código ético que firmó con su partido tendrá que dejar el escaño. La Fiscalía Anticorrupción también está a favor de citarla como investigada. Tras conocer la decisión del TSJM, Aguado presentó su dimisión a Cifuentes, que la aceptó.

Más problemas para Cristina Cifuentes, que ya perdió a otro diputado (Daniel Ortiz, exalcalde de Móstoles) tras su imputación en el caso Púnica. La Audiencia Nacional, quien ha instruido esta pieza centrada en los tejemanejes de la trama Gürtel en el municipio de Arganda del Rey, vincula a Aguado con la comisión de los delitos de prevaricación, fraude a la Administración pública y malversación de caudales públicos. En la exposición razonada que realizó para elevar el caso al TSJM, el juez José de la Mata señaló que "la actividad presuntamente delictiva de la aforada queda enmarcada en la adjudicación del contrato para la organización de las 'X OLIMPIADAS ESCOLARES' a empresas del Grupo Correa a sabiendas de su flagrante vulneración de los principios rectores de la normativa en materia de contratación pública, participando de forma decisiva en que se efectuara el pago de múltiples facturas en perjuicio de la Sociedad de Fomento".

El TSJM explica que "en el procedimiento en el que se ha acordado remitir exposición razonada a esta sala se investiga, entre otros hechos, el cobro, al menos desde el año 1999, de comisiones por parte de distintos cargos públicos del municipio de Arganda del Rey [básicamente, Ginés López Rodríguez, Benjamín Martín Vasco y Juan Fernández Caballero], por la adjudicación de contratos tanto a sociedades vinculadas al investigado Correa Sánchez ("Grupo CORREA") como a empresas constructoras desde el ayuntamiento y desde la Sociedad de Fomento de esa localidad".

Los investigadores sostienen que todas las decisiones que adoptó la parlamentaria autonómica en su etapa como jefa de Deportes de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey fueron actos administrativos "decisorios objetivamente arbitrarios, todos ellos esenciales para conseguir la disposición de fondos públicos y el pago de sus facturas al Grupo Correa".