El calvario del técnico que revisó el árbol de al lado y al que querían endosarle el muerto

Eran las 21:30 del 8 de septiembre de 2014 cuando la rama de un olmo se partió y cayó desde una altura de ocho metros golpeando en la cabeza a Pedro Navarro, un jubilado de 72 años que paseaba por la calle Virgen de las Viñas (Villa de Vallecas) apoyado en su bastón. Los facultativos del Samur trasladados al lugar no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Era el segundo accidente de este tipo ocurrido en Madrid esos meses. A finales de junio, la caída de otra rama había matado a un militar que jugaba con sus hijos en el parque del Retiro. El mal estado de gran parte del arbolado de la capital, gobernada entonces por Ana Botella, provocó ese verano varios siniestros de gravedad con víctimas y heridos en las calles.

Hoy, dos años y ocho meses después, los dos hijos de Pedro intentan que la Justicia encuentre a los responsables del accidente que mató a su padre. El Juzgado número 11 de Madrid imputó a tres personas por homicidio imprudente, pero ha cerrado provisionalmente el caso tras no encontrar indicios de delito. La familia de la víctima, no obstante, ha recurrido el archivo y ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que ordene al juzgado una prueba pericial que permita dilucidar el motivo por el que la rama se partió y si un buen mantenimiento del olmo hubiera podido evitar el accidente. Mientras la Audiencia toma una decisión, Roberto, uno de los tres investigados, pasa su particular calvario intentando demostrar que él no tuvo nada que ver con este fatal siniestro, ya que Roberto no inspeccionó el árbol que se partió, sino otro que se encontraba a 50 metros de distancia, justo en la acera de enfrente.

"Su indebida imputación se debe única y exclusivamente a la falaz y reprochable conducta procesal desplegada por FCC Medio Ambiente", señala el último escrito de alegaciones presentado por Roberto, de profesión ingeniero. FCC era y sigue siendo la adjudicataria del mantenimiento del arbolado en esa zona. En agosto de 2013, el Ayuntamiento de Madrid adjudicó un contrato integral de limpieza viaria y mantenimiento de mobiliario urbano y zonas verdes por 1.944 millones repartidos en ocho años (es decir, 243 millones anuales). Las empresas ganaron el contrato reduciendo un 23% el precio de licitación que ofrecía el ayuntamiento, pero ofreciendo unas mejoras en el mantenimiento. La ciudad quedó dividida en seis lotes, es decir, en seis zonas, que se repartieron cuatro contratistas: OHL, Sacyr, FCC y Ferrovial. De esos 243 millones de euros, 63 millones se destinan al mantenimiento del arbolado.

La defensa de Roberto asegura que FCC propició un error en la identificación del árbol que causó el accidente, con la intención de hacer recaer, "de forma injusta y cruel", una responsabilidad en el ingeniero que ya no trabaja para esta empresa, "con la torticera intención de desviar la atención del juez instructor, alterando artificialmente su conocimiento de la realidad de los hechos, para exculpar al personal de FCC que sigue formando parte de la plantilla". Carlos Lucas Cifuentes, abogado de la familia de la víctima, piensa igual. "En mi escrito de acusación yo no pensaba incluirle. Creo que ha quedado claro que él no tuvo nada que ver, pero le han intentando cargar la culpa".

El calvario de Roberto comenzó porque la familia de la víctima, en un error no malintencionado, se equivocó en su denuncia a la hora de identificar el árbol accidentado. Además, para rizar más el rizo, y según la defensa del propio ingeniero, la empresa FCC nunca quiso sacar del error ni a los hijos de Pedro ni al juzgado. Roberto, que en un principio declaró como testigo, finalmente fue citado a declarar en calidad de investigado (la nueva figura jurídica de la imputación), acusado de homicidio imprudente, cuando la adjudicataria le identificó como el técnico que había revisado el árbol que se señaló como el accidentado.

Roberto declaró en febrero de 2016, intentando explicar que él había revisado ese árbol, el ARB905-18-0000025273, pero que este no era el que provocó el accidente, ya que se encuentra a unos 50 metros en la acera contraria. En 2014, los técnicos de distrito eran los encargados de las inspecciones de mantenimiento, los responsables que realmente tenían que actuar sobre los árboles en caso de que detectaran alguna patología en el ejemplar que implicara un riesgo en la seguridad vial. Luego estaban los inspectores de calidad, los encargados de comprobar la calidad de la prestación del servicio. Roberto era de estos últimos.

Tras la declaración del ingeniero, el juez pidió a FCC que identificara de nuevo el árbol, y la adjudicataria facilitó un nuevo código, el ARB_05-18_000024706, el que realmente correspondía con el olmo que se partió. La defensa de Roberto alega que FCC tardó 17 meses en identificar correctamente el árbol, "en una reprochable actuación para mantener e incluso abonar la confusión". Los otros dos acusados son un jefe de servicio y un técnico. El juez deja claro que tras el primer error de identificación, fue el jefe de servicio quien revisó visualmente el árbol en mal estado el 18 de agosto, tres semanas antes del accidente, porque el resto de técnicos estaba de vacaciones.

El juzgado señala que "no existe base sólida" para inferir que los técnicos investigados, o cualquier otro encargado del mantenimiento, "omitieran su diligencia debida al no atender a una deficiencia peligrosa en el árbol citado, pues no consta que la pudrición de su rama se hubiera producido cuando se realizó la inspección, o que fuera apreciable exteriormente. Tampoco consta que el ayuntamiento, o la empresa concesionaria, recibiera aviso o alerta alguna relativa al posible mal estado del árbol, ni por tanto que omitieran su deber de comprobarlo". Los hijos de la víctima están dispuestos a llegar hasta el final y han pedido a la Audiencia Provincial "la certificación de un perito que determine si pudo o no advertirse la patología de la rama con una simple inspección técnica". El propio jefe de servicio reconoció en su declaración que en agosto de 2014 se ocupaba de revisar más de 10.000 árboles al día. "Sinceramente, esta parte no acierta a entender cómo se pueden revisar 10.000 árboles en una mañana" y hacerlo correctamente, señala la familia.

El juez ha archivado provisionalmente el caso, pero los hijos de la víctima han pedido a la Audiencia Provincial que se hagan nuevas pruebas periciales

"Si la Audiencia archiva la querella penal, solo nos quedará ir por lo civil, para pedir una indemnización económica", señala Cifuentes. Es lo que ya ha pasado con el caso del militar que falleció en el Retiro en junio de 2014. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) desestimó el pasado 3 de marzo el recurso de la aseguradora Zurich Insurance, que actuaba en nombre del Ayuntamiento de Madrid, el propietario del parque del Retiro. Zurich quería compensar a la familia del soldado (mujer, dos hijos y padres) con el baremo que sirve para fijar la responsabilidad civil en caso de accidentes de tráfico, lo que hubiera supuesto un pago muy inferior, de unos 260.000 euros. Al final, el tribunal dictaminó que ese baremo, que entró en vigor el 1 de enero de 2016, es obligatorio para los accidentes de tráfico, pero solo orientativo para el resto de siniestros, y condenó a la aseguradora a pagar 710.000 euros.

Un vecino alertó de la rama

Un vecino del barrio testificó ante el juez que él conocía perfectamente el estado del árbol accidentado, próximo a la parada de las líneas 63 y 58 de la EMT. El 10 de junio de 2014, ese testigo se presentó en el pleno de la Junta Municipal del distrito de Villa de Vallecas para dejar constancia de la peligrosidad del olmo. "Sus advertencias cayeron en saco roto", señala el abogado Carlos Cifuentes. "Su intervención consta en el acta del pleno de ese día. Son tres los testigos que, careciendo de preparación técnica para determinar una patología en un árbol, coinciden señalando que se notaba que la rama tenía un distinto color y que saltaba a simple vista para cualquiera que la quisiera mirar".

Otro testigo señaló que pasaba por debajo de ese árbol a diario, y que lo rodeaba porque la rama iba venciendo paulatinamente. "La cuestión es, cómo es posible que tres personas carentes de conocimientos técnicos de jardinería detecten las anomalías del árbol cuando caminan por la zona, y un técnico, especialista y profesional con tantos años de experiencia, no pudo detectar ni cuanto menos un tono distinto del color de las hojas. La respuesta es obvia. El coordinador no visitó el árbol 'in situ', no hizo la revisión que mantiene que hizo, estamos seguros de que ni bajó del coche", señala el recurso presentado por la familia de la víctima.