Los contratos en Madrid Destino cercan la herencia de Botella y acechan a Carmena

Los contratos adjudicados por el Palacio de Congresos durante los años 2014 y 2015 presentan notables irregularidades que, más allá de ser “perjudiciales” para Madrid Destino, “son susceptibles de la exigencia de responsabilidad civil, administrativa e incluso penal”. Esta es la conclusión de un informe jurídico encargado por la empresa municipal Madrid Destino al despacho de abogados Lista, que dirige la exeurodiputada socialista Francisca Sauquillo, ahora al frente del comisionado de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid. Los expedientes analizados de esta entidad con indicios de irregularidades superan el millón de euros.

Uno de los expedientes correspondiente al 3 de agosto de 2015 es una adjudicación directa a la empresa Honeywell por importe de 63.268 euros, en concepto de “migración plataforma de control instalaciones”. Un contrato puesto en cuestión porque superaría la cuantía máxima para los contratos menores de obras, que no necesitan ni publicidad ni pliegos, establecida en 50.000 euros. En los procedimientos simplificados sin publicidad para obras con valor estimado entre 50.000 y 200.000 euros, como sería este caso, es obligatorio solicitar un mínimo de tres ofertas a tres empresas y realizar pliegos. Dos requisitos que se incumplirían en este caso.

El número total de contratos analizados correspondientes al Palacio Municipal de Congresos, ante la posibilidad de que presenten indicios de responsabilidad legal, asciende a 17. En ellos se observa la tendencia al abuso de adjudicaciones por un valor muy cercano a la cuantía máxima para los contratos menores, evitando incurrir así en una ilegalidad. Si bien sí se observan actuaciones claramente irregulares, según recoge el informe de 32 páginas en el capítulo de 'Funciones propias de mantenimiento facturadas aparte'.

En el mencionado capítulo, se llama la atención sobre adjudicaciones a empresas externas sobre reparaciones o reposiciones de material que serían propias de mantenimiento ordinario. Como ejemplo se cita un contrato por coste de 11.500 euros para reparar una marquesina “que ha sido adjudicado a la empresa que tendría que haber realizado dichas tareas dentro del contrato de mantenimiento”.

Cuanto menos, continúa, debería “haberse investigado si los daños procedían de una falta de mantenimiento preventivo y haberle exigido a la empresa de mantenimiento la realización de los trabajos a su costa, o de lo contrario, haber justificado este extremo”. En todo caso, remata el epígrafe, “en la oferta hay unidades de obra que tienen identidad por sí solas y al ascender a un importe menor de 500 euros deberían haberse subsanado con cargo a la empresa de mantenimiento”.

Los contratos analizados correspondientes al Palacio de Congresos, ante la posibilidad de que haya indicios de responsabilidad legal, son 17

Otra de las irregularidades detectadas se observan en el capítulo de 'Igualdad de oportunidades en la concurrencia', donde se indican prácticas “en demasiadas ocasiones y con unos matices que cuanto menos constituyen negligencia grave en el control por parte de quien tiene la responsabilidad de hacerlo”, apuntando directamente al que fuera coordinador de infraestructuras hasta febrero de 2016. La documentación analizada tiene la finalidad, según el propio informe jurídico, de revisar el procedimiento laboral promovido por el responsable antes mencionado y fijar las líneas de análisis futuras para la corrección de los defectos de procedimiento detectados.

El informe pone asimismo el foco en la “considerable permisividad con los contratistas en cuanto a la exigencia del cumplimiento de sus obligaciones”, poniendo como ejemplo los quioscos de turismo (PIT). Actuaciones responsabilidad del excoordinador de infraestructuras “negligentes” que podrían en peligro “los proyectos y perjudican los intereses de Madrid Destino". En este sentido se aporta un correo electrónico de la subdirectora-coordinadora de infraestructuras según el cual “se llega a la rápida conclusión de que dicha actitud, cuando menos negligente, se ha pretendido ocultar no registrando los documentos generados durante la tramitación del suministro ni poniéndolos a disposición de la dirección a través del servidor informático, evitando la detección y corrección de irregularidades en dicha tramitación”.