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Carmena estudia la vía judicial para frenar los recortes exigidos por la 'Ley Montoro'
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plantea un recurso contencioso administrativo

Carmena estudia la vía judicial para frenar los recortes exigidos por la 'Ley Montoro'

A pesar de los últimos encuentros mantenidos al máximo nivel entre ministerio y ayuntamiento para negociar una salida al conflicto, todo indica que se resolverá en los tribunales

Foto: La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena (i), saluda al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro (d), antes de una reunión que mantuvieron el pasado mes de noviembre. (EFE)
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena (i), saluda al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro (d), antes de una reunión que mantuvieron el pasado mes de noviembre. (EFE)

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid estudian diferentes vías legales, a petición del grupo de Gobierno de Ahora Madrid, para presentar una batalla judicial contra los recortes exigidos por el Ministerio de Hacienda. El departamento que dirige Cristóbal Montoro ha demandado al Ejecutivo de Manuela Carmena que congele 238 millones de euros de los Presupuestos por considerar que se ha incumplido la Ley de Estabilidad Presupuestaria, comúnmente conocida como 'Ley Montoro'. "Han hecho la interpretación más austericida de la ley y la que menos soberanía municipal permite, además de ser una lectura que ni siquiera coincide con la de la UE", explican fuentes del gabinete del concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato.

Todas las posibilidades están abiertas, aunque gana fuerza la presentación de un recurso contencioso administrativo. Las diferencias internas sobre la estrategia a seguir se han quedado atrás, tras superarse las reticencias iniciales del núcleo cercano a la alcaldesa a plantarle cara a dicha exigencia, y el objetivo consensuado es claro: no hacer recortes ni comprometer las políticas públicas, aun cumpliendo el acuerdo de no disponibilidad.

Foto:  La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. (EFE)

La movilización social que ha empujado el manifiesto 'Madrid no te cortes', planteando "no recortar ni un céntimo de un dinero público que tiene que destinarse a cubrir las necesidades de los barrios y de la gente de Madrid", ha contribuido a la determinación del Gobierno municipal. "Cuando se ve que hay un sustrato social empujando por detrás, pues hay cosas que no se consiguen solo en la institución, y son reivindicaciones justas, es normal que influya", explican desde Ahora Madrid. El manifiesto cuenta ya con cerca de 10.000 apoyos, entre los que se incluyen las firmas de varios alcaldes del cambio, como los de A Coruña (Xulio Ferreiro), Cádiz (José María González 'Kichi'), Ferrol (Jorge Suárez), Badalona (Dolors Sabater) o el primer teniente de alcalde de Barcelona (Gerardo Pisarello).

Entre las diferentes estrategias para evitar los recortes, este miércoles se aprobó una primera en comisión consistente en un acuerdo de no disponibilidad de 68 millones de euros. No supone ningún tipo de recorte, explican desde el departamento de Economía y Hacienda, porque se trata de todas las IFS (inversiones financieramente sostenibles) que se realizan con el remanente de tesorería del ejercicio anterior.

Foto: La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, junto al concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato. (EFE)

Estas medidas ya habían sido recogidas en el Plan Económico Financiero presentado por Sánchez Mato y que el ministerio rechazó. Las interpretaciones de uno y otro lado sobre la regla de gasto difieren totalmente, y a pesar de los encuentros mantenidos para negociar una salida a la situación —el último, celebrado el pasado martes entre Carmena, Sánchez Mato y el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya—, todo parece indicar que el conflicto abierto se resolverá en los tribunales.

Entre los argumentos del ayuntamiento, más allá de la prioridad del gasto social, se encuentra que no se han desestabilizado las cuentas, sino que se ha gastado donde se debía, que se ha recortado la deuda a un ritmo superior al previsto en el Plan de Reducción aprobado en la anterior legislatura, que el superávit supera los 1.022 millones de euros y, en definitiva, que se cumplen los requisitos de déficit, deuda y pago a proveedores.

Blindar el gasto social​

La portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, adelantó este miércoles tras la Junta de Gobierno que se ha acordado con el ministerio una ampliación del plazo para el acuerdo de no disponibilidad, aunque se trataría de momento solo de un acuerdo verbal arrancado en una reciente reunión entre ambas administraciones. La edil de Derechos Sociales, Marta Higueras, también insistió en que "no se va a retrasar ni suspender" ningún proyecto de política social ya presupuestado.

Los socialistas, que apoyaron los Presupuestos, rechazan de entrada las primeras medidas adoptadas por el Gobierno municipal para sortear los recortes a través del Plan Económico Financiero, por considerarlas "una chapuza". Con todo, la portavoz municipal confía en que mantengan su apoyo en la comisión extraordinaria de Hacienda y en el pleno en la línea de lo "aprobado y trabajado" conjuntamente para sacar adelante los Presupuestos.

Desde Podemos Madrid han evitado plantarse contra el requerimiento del Ministerio de Hacienda, que obliga a la mencionada reserva de crédito de 238 millones, apostando por que este "no afecte ni al gasto social ni al gasto de inversión del ayuntamiento, tan necesarios ambos para paliar y superar las urgencias sociales que sufren miles de madrileños". Al mismo tiempo, anuncian que seguirán "activando todos los resortes institucionales" a su alcance para plantear la derogación o reforma urgente de la conocida como 'Ley Montoro'.

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid estudian diferentes vías legales, a petición del grupo de Gobierno de Ahora Madrid, para presentar una batalla judicial contra los recortes exigidos por el Ministerio de Hacienda. El departamento que dirige Cristóbal Montoro ha demandado al Ejecutivo de Manuela Carmena que congele 238 millones de euros de los Presupuestos por considerar que se ha incumplido la Ley de Estabilidad Presupuestaria, comúnmente conocida como 'Ley Montoro'. "Han hecho la interpretación más austericida de la ley y la que menos soberanía municipal permite, además de ser una lectura que ni siquiera coincide con la de la UE", explican fuentes del gabinete del concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato.

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